n36a6

Am. Lat. Hist. Econ., núm. 36, julio-diciembre, 2011, pp. 125-153. http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALH


Artículos

 

Organización empresarial y agricultura comercial. La Confederación de Asociaciones de Agricultores del Estado de Sinaloa, 1930-1960

 

César Aguilar Soto y María Eugenia Romero Ibarra*

 

Fecha de recepción: abril de 2010
Fecha de aceptación: junio de 2010

 


Resumen

En el presente estudio se explica cómo se formó un nuevo entorno institucional con reglas claras y apropiadas para el buen funcionamiento de organismos económicos emergentes, es decir, las empresas agrícolas modernas en Sinaloa entre 1930 y 1960. Los productores sinaloenses se agruparon en asociaciones, surgiendo finalmente la Confederación de Asociaciones de Agricultores del Estado de Sinaloa conocida como la CAADES. El objetivo de estas redes empresariales era contar con una estructura organizacional para aplicar las normas de producción y comercialización de los cultivos más importantes, así como vigilar y sancionar a quien las violentara. Esta organización se convirtió en un instrumento que dominó el contenido y aplicación de la política agrícola en Sinaloa hasta la actualidad.

Palabras clave: Agricultura comercial y de exportación, organización empresarial, Sinaloa, legislación, política agraria.

 


Abstract

This study examines how an institutional environment which has had clear and appropriate rules gave rise a new production structure: the modern agricultural enterprises in Sinaloa between years 1930 and 1960. Producers were grouped in many associations, the latter were merged into Confederación de Asociaciones de Agricultores del Estado de Sinaloa (CAADES). The main purpose of these business networks was to create and manage an organizational structure to implement, monitor and punish those who violated the rules of production and marketing of major crops. This organization took over the control and implementation of agricultural policy in Sinaloa to the present.

Key words: Commercial and export agriculture, business organization, Sinaloa, legislation, land policy.


 

INTRODUCCIÓN

Ante el relativo vacío académico que rodea los estudios sobre el empresariado en la agricultura, surge la necesidad de analizar los procesos que contribuyeron a la formación y consolidación de las actividades agroempresariales en México, especialmente en regiones exitosas en este campo en el ámbito nacional, como es el caso del estado de Sinaloa.1 Aunque se han realizado investigaciones que rescatan diversos aspectos relacionados con los empresarios agrícolas, estas no centran su interés en la historia de las relaciones de poder entre los agricultores2 y el Estado desde la perspectiva de la interrelación de las instituciones, la política agraria y los emprendedores.3 Este trabajo propone abordar estos tres aspectos interrelacionados y contribuir así al conocimiento de los procesos históricos que dieron forma a la consolidación del empresariado agrícola y a la conformación de la estructura económica sinaloense basada en la agricultura comercial y de exportación.

El objetivo general es contribuir a la explicación de las relaciones de poder entre los empresarios agrícolas, las instituciones y la política agraria del Estado mexicano, proceso histórico que propició un marco institucional y un clima socioeconómico favorable, el cual estimuló el desarrollo y el afianzamiento de una estructura empresarial basada en la agricultura comercial, sobre todo en la agroexportación, durante el periodo estudiado.

Durante las tres primeras décadas del siglo XX ocurrieron grandes cambios en la vida política, social y económica del mundo. Además de la gran transformación que significó la revolución mexicana, nuestro país no permaneció inmune al impacto de la primera guerra mundial y la crisis económica de 1929-1933. Precisamente a partir de esos años se impuso un nuevo perfil económico en el estado de Sinaloa, la minería pasó a segundo plano consolidándose la agricultura comercial. Se desarrollaron, sobre todo, la agroindustria azucarera, las hortalizas y el garbanzo para la exportación.

Tal situación productiva requirió de un entorno institucional con reglas claras y apropiadas para el desarrollo de nuevos organismos económicos: las empresas agrícolas modernas. A partir de entonces, la relación entre empresarios agrícolas, el gobierno y la sociedad se normaría por la Ley Federal de Asociaciones Agrícolas y la Ley Estatal promulgada en 1932. Este nuevo marco institucional coadyuvó a la consolidación de la agricultura comercial.

Lo que siguió fue la organización de las asociaciones de productores sinaloenses, proceso que culminó con la constitución, en 1932, de la Confederación de Asociaciones de Agricultores del Estado de Sinaloa (CAADES). El objetivo de estas redes empresariales era construir una estructura organizacional para operar los cambios jurídicos, facilitando la aplicación, vigilancia y sanción de las reglas y las normas de producción y comercialización de los cultivos más importantes. Convirtiéndose esta organización en el instrumento que definió el contenido y aplicación de la política agrícola a la entidad hasta la actualidad.

 

EL ANTECEDENTE: LAS CÁMARAS AGRÍCOLAS

Uno de los primeros antecedentes de las organizaciones empresariales fueron las cámaras. Importantes corrientes de empresarios consolidados de diferentes estados del país -como Jalisco, Puebla, Tabasco y el Estado de México-, viendo las ventajas del sistema corporativo de organización, se integraron en 1879 en la Sociedad Agrícola Mexicana y empezaron a constituirse en cámaras agrícolas regionales.4

En 1909 se promulgó la Ley de Cámaras Agrícolas Nacionales. Esta disposición legal, además de ser un instrumento para contrarrestar en el campo mexicano los efectos de la crisis económica internacional de 1907-1908, impulsó el mejoramiento técnico y productivo de la agricultura, al reforzar la participación de la acción estatal en la promoción agrícola e incentivar el asociacionismo; también reformó las relaciones entre el Estado y los empresarios agrícolas.5

Con dicho marco jurídico, las cámaras agrícolas se configuraron como asociaciones con carácter público, integradas como instancias auxiliares del gobierno en la definición de las políticas dirigidas al campo y con derecho a un subsidio federal, estatal o municipal.6 Algunos sectores de la elite de los agricultores, como los azucareros y horticultores, organizaron el Sindicato Azucarero en 1902, la Unión Azucarera de Sinaloa, S. A. en 1903 y Los Mochis Agricultural Union en 1910.7 En 1922 se frustró un intento de crear la Cámara Agrícola Nacional del Estado de Sinaloa.8

Al terminar la revolución, Sinaloa mostraba ya una fuerte presencia agrícola nacional, destacando su consistencia empresarial, su diversificación de los cultivos y su aportación a la producción agrícola del país. Entre 1925 y 1929, el valor promedio anual de la producción agrícola del estado era de 16 000 000 de pesos, de los cuales 94% lo aportaban cinco cultivos: la caña de azúcar, 29%; el tomate, 24%; maíz, 14%; alfalfa, 14%, y garbanzo, 13%.9 Fue en este periodo que el estado de Sinaloa se consolidó como primer productor de tomate y garbanzo, manteniendo el segundo puesto en la producción nacional de caña de azúcar. La tabla de los productos agrícolas de exportación de la Secretaría de Agricultura y Fomento muestra claramente que en esos años Sinaloa, con sus cultivos de tomate y garbanzo, se integró, junto con Yucatán, Campeche y Tamaulipas (productores de henequén) y Veracruz, Chiapas y Oaxaca (productores de café), a la lista de los estados agroexportadores más importantes de México (véase mapa 1).

 

LA CRISIS INTERNACIONAL Y LOS EMPRESARIOS AGRÍCOLAS EN SINALOA

La crisis internacional impactó negativamente la economía del país, la cual ya mostraba un importante deterioro desde mediados de la década de los veinte. Los intercambios comerciales, que se habían reducido 4% en el periodo de 1926 a 1929, con la crisis llegaron a contraerse hasta 20.8%, mientras las exportaciones lo hacían 37% como resultado de la reducción de las importaciones, el gravamen a las exportaciones y la disminución de los precios de los productos agropecuarios. Estas restricciones convirtieron a los empresarios exportadores de México en un sector económico muy vulnerable.10

La crisis de la agricultura sinaloense se inició en 1927 como consecuencia de una importante sobreproducción hortícola, de la disparidad en los niveles de calidad de los productos y de la baja de precios en los mercados internacionales. El estallido de la crisis económica de 1929 agravó la situación. Este escenario se complicó con la inconformidad expresada por los productores de tomate de California, Texas y Florida ante un supuesto incumplimiento de los productores de Sinaloa de las normas de calidad y comercialización de los productos. A lo anterior se sumó una solicitud de reducir las importaciones de productos agrícolas. Todo esto influyó en la decisión del gobierno de Estados Unidos de aprobar, el 17 de junio de 1930, la Ley de comercio Hawley Smoot. Esta disposición, entre otras cosas, incrementó los aranceles de 0.005 a 0.03 dólares por libra importada de tomate. El garbanzo, exento hasta esa fecha, empezó a pagar 0.0175 dólares por libra.11

La Ley Hawley Smoot provocó la declinación de las exportaciones mexicanas y en especial las de Sinaloa, afectando sobre todo a los principales cultivos.12 La exportación de tomate disminuyó 67% en 1929 y el garbanzo 55% en 1931, respecto a las ventas promedio entre 1925 y 1929. El optimismo de los empresarios del estado se mantuvo gracias a que tanto el tomate como el garbanzo observaron incrementos en sus precios, de 32 a 34 centavos y de 21 a 53 centavos el kilogramo respectivamente.13 La exportación de productos ganaderos presentó una caída de 13% en 1931 respecto a 1930.

La disminución de la demanda de azúcar obligó a parar la producción en los principales ingenios del estado: Eldorado, Navolato y Los Mochis. Ante el peligro de la pérdida de más de 12 000 empleos en dichas empresas, intervinieron los gobiernos estatal y federal reduciendo la carga fiscal al sector, estableciendo el control de precios y medidas arancelarias para detener las importaciones del dulce.14 El resultado fue la reducción del aporte de la agricultura a la economía nacional de 19 400 000 pesos en 1929 a 14 100 000 en 1933, el año más crítico para los productores de Sinaloa.15

La política económica se centró en contrarrestar los efectos de la crisis e impulsar la industrialización del país. El gobierno de Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) enfrentó la crisis económica de 1929 instrumentando medidas como la Ley sobre Planeación General de la República del 12 de julio de 1930, misma que tenía el objeto de identificar la problemática económica y social, normar y coordinar los quehaceres económicos y armonizar los sectores productivos, marco en el cual destacan las políticas orientadas al campo.16 Para el régimen y los empresarios agrícolas, era claro que la recuperación económica demandaba medidas de planeación regional y nacional, así como reformas al modelo económico primario-exportador dominante.

La estrategia seguida para enfrentar la crisis agraria tendría que ver con la promoción de fuentes de crédito, cuya falta constituía el problema crónico del sector. Con este objetivo se crearon en 1929 los bancos refaccionarios agrícolas y en 1931 se promulgó la Ley de Crédito Agrícola para Ejidatarios y Agricultores, disposiciones que conducirían a la implantación de cambios al sistema de crédito instituido en 1926, tales como orientar de manera exclusiva el crédito hacia los pequeños y medianos agricultores y ejidatarios organizados en cooperativas. Además, se crearon los bancos regionales en sustitución de los ejidales y en su interior se formaron los almacenes de depósito.17 Los empresarios sinaloenses crearon el Banco de Sinaloa en 1933 para contribuir con el financiamiento a la producción agrícola.

Algunas acciones de igual o mayor trascendencia en la misma línea señalada fueron aquellas que tenían como objetivo la planificación económica con la participación coordinada de los gobiernos federal y estatal y la iniciativa privada, todo con el objeto de brindar certidumbre a las actividades empresariales. Siguiendo estas orientaciones que dieron vida en junio de 1933 al Consejo Nacional de Economía -organismo de apoyo para el poder ejecutivo en materia económica y de generación de políticas públicas-, el gobernador de Sinaloa, Manuel Páez, conformó el Consejo Local de Economía para cumplir funciones similares al federal pero en el ámbito estatal.18 En el Consejo Local quedaron integrados los principales empresarios agrícolas a través del Consejo de Administración de la Confederación de Asociaciones Agrícolas encabezado por su entonces presidente, Eduardo R. Arnold.

Más aún, junto a la estrategia del Consejo, el ejecutivo estatal estableció una política de seguridad en la explotación y tenencia de la tierra. Así apoyaba a los empresarios agrícolas en diversos aspectos que en conjunto conformarían una plataforma para operar la estrategia concebida por el ex presidente Plutarco Elías Calles y propuesta a los gobernadores Manuel Páez, de Sinaloa (1933-1935), y Rodolfo Elías Calles de Sonora (1931-1934). Tal estrategia perseguía incentivar las exportaciones agrícolas pactando con los empresarios agrícolas del noroeste de México un plan económico que tenía como requisito un cambio institucional.

El pacto señalado, que incluía a los agricultores de ambos estados, contaba con una estrategia para incentivar la producción y comercialización de las hortalizas de exportación, la creación de un banco refaccionario para la agricultura empresarial y la aplicación de un convenio internacional con la compañía de transporte estadunidense Express Wells Fargo para mover y comerciar legumbres en los mercados estadunidense y canadiense. Además, dicho plan contemplaba el compromiso con la compañía Ferrocarrilera Sud-Pacífico de México de proveer furgones equipados para el traslado de las mercancías a los puntos de distribución fronterizos, como Nogales, y reembolsar 25% del ingreso bruto a los empresarios agrícolas exportadores en caso de pérdidas.19 Con ello, el ex presidente Elías Calles buscaba que el Estado promoviera la actividad empresarial de una de las regiones más prósperas del país y al mismo tiempo reactivar las exportaciones agrícolas, de manera que el gobierno federal pudiera captar la mayor cantidad de divisas, tan urgentes para conseguir la reestructuración económica y financiera del país.

En ese ambiente de colaboración, los emprendedores sinaloenses impulsaron medidas dirigidas a protegerse de las políticas anticrisis diseñadas por Estados Unidos. En 1933 se integró una comisión en el Congreso de la Unión formada por los diputados de los estados de Sinaloa y Sonora, entre ellos los empresarios agrícolas sinaloenses Antonio Amézquita y Cristóbal Bon Bustamante, para negociar con las autoridades estadunidenses acuerdos comerciales ventajosos para los productores agrícolas de ambos países, en los cuales el tema principal fue la reducción de las tarifas arancelarias para el tomate.20

Al mismo tiempo, el Congreso del estado de Sinaloa delegó en el diputado local, Jesús María Tarriba,21 la responsabilidad de establecer compromisos con el gobierno estadunidense para reducir el arancel a los exportadores de tomate y garbanzo. También debía ocuparse de conseguir el apoyo de las compañías estadunidenses distribuidoras de hortalizas mexicanas con el objeto de hacer públicas las ventajas económicas que significaba para ellas y el mercado estadunidense evitar la quiebra de la horticultura mexicana, particularmente la sinaloense.22

Las empresas distribuidoras como la Bryan Philips Inc., Mexico Arizona Trading Co., Myers, Darling and Hington Co., American Fruit Co., Tully Vegetables Co., Stearns Parking Co. y la Rivers Burnard Co.,23 operaban a través de contratos de producción o de comercialización con los productores mexicanos en la región o en los puntos fronterizos, principalmente Nogales.

La reducción de aranceles no fue posible debido, en parte, al difícil contexto económico internacional. Sin embargo, se fortaleció la idea de que el futuro de la agricultura de exportación se encontraba en la organización de los productores nacionales, en la planificación de los cultivos, en el impulso y la elevación de normas de calidad de la producción, en la eliminación de la intermediación comercial y en la expansión del mercado interno. Todos estos factores recibieron un gran impulso a partir de 1923 con la creación de la Unión de Cosecheros de Tomate.24 Pero fue hasta 1932 cuando, con la implantación de la Ley de Asociaciones Agrícolas, se mostró la maduración de las regiones agrícolas, especialmente del noroeste.

Los cambios institucionales urgían para ordenar las políticas de producción y distribución de algunos empresarios que provocaban caídas de precios y reducción de los márgenes de ganancia con la invasión del mercado con productos de mala calidad. En 1927, por ejemplo, los productores sinaloenses desecharon, sólo en el proceso de selección del tomate, 60% de las 30 000 toneladas cosechadas para comercializarse en el mercado estadunidense, por no cumplir con las normas de calidad y tamaño. Esta situación amenazaba con agravarse por las nuevas disposiciones de calidad establecidas en diciembre de 1930 por el Departamento de Agricultura del gobierno estadunidense para la importación de tomate fresco.25

 

LA LEY DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS: EL RETO DE LA AGRICULTURA EMPRESARIAL

En 1932, el presidente Pascual Ortiz Rubio, retomando las iniciativas de la política económica callista dirigidas a la reactivación del espíritu agro-empresarial en México, dispuso, en colaboración con Francisco S. Elías y Juan José Ríos26 -secretarios de Agricultura y Fomento y de Gobernación, respectivamente, personajes ligados directamente con los agricultores de Sinaloa y Sonora-, redimensionar la estrategia para apoyar a los agroexportadores del noroeste. Ortiz Rubio y sus colaboradores sugirieron impulsar medidas institucionales encaminadas a normar la producción agrícola e incentivar la organización empresarial, con el objetivo de estructurar una agricultura con menor incertidumbre, capaz de generar mayores beneficios para la economía del país.

Se requirió pasar de la inquietud de grupos reducidos y dispersos de pequeños agricultores con problemas de comercialización, que pretendían organizarse para enfrentar los retos del mercado, a un ambiente de colaboración entre grupos de interés, que apoyaran el nuevo proyecto de reestructuración económica e industrialización del estado.

Las medidas de reglamentación productiva y de organización, dispuestas por Ortiz Rubio, conformaron la parte medular de la iniciativa de la Ley de Asociaciones Agrícolas (LAA), enviada al Congreso de la Unión y aprobada el 21 de enero de 1932. En esta ley, al derogarse la de las Cámaras Agrícolas Nacionales de 1909, se describían las bases para la organización y el funcionamiento de las Asociaciones Agrícolas, así como las nuevas reglas que otorgaran la certidumbre necesaria para favorecer un ambiente económico propicio al desarrollo de la agricultura comercial en México.

Los principales objetivos comprendidos en la LAA, establecían incentivar la ordenación de la producción dentro de normas racionales, conducentes a elevar la calidad de los productos agrícolas, así como mejorar las vías de su distribución en los mercados. Para lograr dichos objetivos, se procuró desarrollar los adelantos científicos más novedosos y adecuados para la explotación agrícola nacional y promover medidas para otorgar condiciones óptimas para el desarrollo de la empresa agrícola, relacionadas con los aspectos de seguridad en la tenencia de la tierra, crédito, tributación y exención de impuestos y demás externalidades como el mejoramiento de las vías de comunicación y obras hidráulicas. Los primeros en organizarse fueron los agricultores de Sonora y Sinaloa, en 1932. Posteriormente lo hicieron los de los estados de Jalisco y Durango, en 1933.

En Sinaloa, la rápida organización de agricultores tuvo que ver mucho con el compromiso, la perspectiva económica y el conocimiento de las necesidades de la agricultura comercial del gobernador del estado en ese momento, el general Macario Gaxiola (1929-1932).27 Asimismo, fue definitivo el hecho de que los diputados locales como Melesio S. Angulo, Enrique Riveros Castro, Jesús María Tarriba y Jesús Almada Salido, entre otros, eran también empresarios agrícolas y entendieron la necesidad de organizarse aprovechando las posibilidades que brindaba la disposición federal. De inmediato se orientaron al diseño de normas y reglas para construir escenarios de mayor certidumbre para sus actividades económicas, así como a la creación y aplicación de políticas públicas que consolidaron la agricultura empresarial.

Conjugando las orientaciones nacionales con las aspiraciones y necesidades productivas locales, el 20 de agosto de 1932 el gobernador Gaxiola convocó a la XXXV Legislatura del estado para participar en las juntas de análisis y discusión entre los agricultores sonorenses y sinaloenses, que a iniciativa del gobernador de Sonora, Rodolfo Elías Calles Chacón,28 se llevarían a cabo en Culiacán del 22 al 26 de agosto de ese año.29 En estas reuniones se trataba de exponer la Ley de Fomento de Asociaciones Agrícolas de Sonora, aprobada el 2 de julio de 1932,30 su valoración y la pertinencia de adoptarla como base de una ley similar, que potenciara e incentivara el progreso de la agricultura en Sinaloa.

El Congreso del estado de Sinaloa comisionó al diputado y empresario agrícola Jesús María Tarriba, miembro de una de las familias agroempresariales más prósperas del estado, para que se integrara a la elaboración de la ley de asociaciones de los agricultores sinaloenses.31 Constatamos así la participación de destacados empresarios agrícolas32 en la formulación del primer proyecto de Ley para el Fomento de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (LFAAES). Se buscaba con esta ley consolidar acuerdos que garantizaran incrementar la productividad agrícola y recuperar la confianza y prestigio de los productos agrícolas sinaloenses en los mercados internacionales.

La generación de normas para limitar las áreas de cultivo e instrumentar mecanismos de control para la comercialización de los productos, ya contemplados en las leyes federal y sonorense, fue pospuesta por el ejecutivo estatal en la iniciativa de ley enviada al Congreso el 17 de octubre de 1932.33 Sólo se otorgó prioridad a los elementos de organización y a las normas para elevar los niveles de calidad de los productos.

Dicha ley dejaba fuera aspectos tan importantes como los niveles de producción y de comercialización, quedando latente el riesgo de la sobreproducción y la necesidad del diseño de políticas de comercialización centralizadas. Ante la necesidad de crear cambios institucionales de mayor envergadura para contrarrestar las fluctuaciones negativas del mercado, la iniciativa de ley fue sustituida el 17 de noviembre por otra que fortalecía no sólo los apartados de organización y reglamentación de los niveles de calidad de la producción, sino también la programación y la planeación de la producción y de áreas de cultivo, así como la comercialización de los productos de las asociaciones.

 

EL NUEVO MARCO INSTITUCIONAL Y LA ORGANIZACIÓN GREMIAL DE LOS AGRICULTORES: ORGANIZACIÓN DE LA CAADES

La LFAAES fue analizada y acordada con reformas mínimas el 19 de noviembre de 1932 por el poder legislativo local, bajo el esquema de obvia resolución. La estructura normativa de la ley integraba aspectos como el interés social de las asociaciones y la división del estado en ocho regiones agrícolas, a las cuales el gobierno otorgaría un subsidio igual al valor del impuesto agrícola pagado por los productores asociados (véase mapa 2). Además, las asociaciones asumían la responsabilidad de organizar y reglamentar por producto y región las áreas de cultivo, de la definición de los rangos de calidad de los productos y de los criterios y vías de comercialización. Dichas disposiciones serían instrumentadas, única y exclusivamente, por la Confederación de Asociaciones de Agricultores del Estado de Sinaloa (CAADES), órgano en el cual se aglutinarían las asociaciones creadas.

 

La Ley de Asociaciones de 1932 y las emitidas hasta 1954 contienen aspectos comunes en su estructura y contenido temático, tales como el objeto, la estructura y el funcionamiento de las asociaciones, de la confederación, de los asociados, de los subsidios; también de la limitación, control de calidad y comercialización de los cultivos.

En la citada ley, la CAADES se convierte en el instrumento gremial que aglutina a los agricultores por producto y región, organizados en asociaciones que conforman la confederación. También se ocupa de canalizar los recursos públicos orientados al sector agrícola sinaloense. El Estado sólo reconoce a las asociaciones conformadas bajo la LFAAES y les otorga un subsidio igual a los impuestos pagados por los productores asociados por concepto de protección agrícola. Para ser miembro de una asociación se requiere ser agricultor de la región correspondiente, ya sea como propietario, arrendatario, aparcero o colono.34

Las oportunidades económicas y las ventajas implícitas en la LFAAES para la transformación y el impulso a la agricultura fueron comprendidas primero por los productores agrícolas de mayor poder económico. Fueron los horticultores y garbanceros, cuyos representantes consiguieron generar una opinión favorable en el Congreso de la Unión35 y en el Congreso estatal, los que obtuvieron la aprobación de la Ley Federal de Asociaciones Agrícolas y posteriormente la Ley Estatal. Estos empresarios agrícolas promovieron y aportaron sus ideas a las convocatorias federal y del gobernador Gaxiola, contribuyendo a que los agricultores aceptaran las nuevas reglas como necesarias y justas.

En un ambiente político propicio y de amplias expectativas económicas para el estado, el 22 de noviembre de 1932, 33 empresarios agrícolas fundaron la primera asociación agrícola del estado, la Asociación de Productores de Legumbres de la Región Agrícola del Río de Culiacán.36 Entre los fundadores se encontraban el general Macario Gaxiola Urías, Jesús Almada Salido, Jesús María Tarriba, Manuel Clouthier, Francisco Butterfield, Emilio Gastélum Gaxiola, Luis Kutrulares Davlantes, Mariano Romero Urrea, Francisco Ritz, Jorge Chaprales, Carlos de Doig Albiar y Julio Podestá. Tres días después surgirían cuatro asociaciones más en el resto del estado: tres de productores de legumbres de las regiones agrícolas de los ríos El Fuerte, Sinaloa y Elota, y una de productores de garbanzo y legumbres de la región agrícola del río Mocorito.37 Dichas asociaciones poseían un carácter privado y eran un instrumento auxiliar del gobierno en materia agrícola. Se integraban al gobierno pero eran controladas por los empresarios agroexportadores más poderosos. Quedaron clasificadas bajo el esquema del interés social, por lo cual el Estado debería prestarles el apoyo que requirieran para su funcionamiento.

Finalmente, los exportadores de legumbres y garbanzo de las cinco regiones agrícolas señaladas anteriormente constituyeron la CAADES el 28 de noviembre de 1932. De tal manera, la LFAAES posibilitó la construcción de lo que llegaría a ser la organización de empresarios agrícolas más poderosa e influyente del país. La CAADES fue el instrumento político encargado de vigilar y aplicar la nueva reglamentación, además de ser elemento generador y promotor de las políticas públicas y canal principal por donde circularían en adelante los recursos financieros del Estado orientados al campo sinaloense.

Esta organización creó un novedoso escenario de organización, dirección y vigilancia de las actividades agrícolas. Incentivó la participación de todos los asociados garantizando la protección de sus derechos. Vigilaba la aplicación de normas y sanciones, las cuales iban desde la multa económica, que era cobrada por el gobierno del estado, hasta la cancelación del subsidio agrícola y la expulsión de la misma. Además, definía y establecía los controles de calidad y las políticas de comercialización de los productos de sus agremiados. Al administrar las normas de ordenación de la producción en las zonas agrícolas bajo la influencia de las asociaciones, la CAADES fue la estructura central que definió y consolidó el nuevo marco institucional.

La estructura básica de la confederación eran las delegaciones, conformadas hasta por diez personas cada una de ellas, las cuales tenían un voto por región agrícola. Desde su fundación, esta organización empresarial y, sobre todo, sus órganos directivos, empezando por su primer Consejo de Administración,38 se mantuvo bajo el dominio y control de los grandes agricultores, situación que perdura hasta la actualidad.

La nueva regulación que significó la LFAAES incluía la definición de sanciones a cualquiera que transgrediera las normas generales o disposiciones de la asamblea general de los agricultores confederados. Además, contenía una serie de disposiciones sobre limitación o selección de los cultivos, control de plagas, aportación de productos o mecanismos de venta. Tales disposiciones pretendían convertirse en obligatorias para el resto de los productores locales no asociados, esto significaba, en los hechos, la limitación de las decisiones de los empresarios regionales. Todos estos elementos convirtieron a la referida Ley en el pilar fundamental del gran éxito y la eficiencia con la cual se han desempeñado los empresarios agrícolas del estado de Sinaloa.

En conclusión, la evolución del marco institucional de la actividad agrícola en el estado de Sinaloa condujo a una nueva ordenación de la estructura productiva. Los resultados más importantes de esta evolución institucional de la agricultura empresarial son la expansión de la frontera de la agricultura, el avance tecnológico y el surgimiento de nuevas normas en la producción y en la comercialización agrícolas.

 

LA CAADES: CONSOLIDACIÓN E INDEPENDENCIA

Sin duda, todos los cambios institucionales que hemos visto generaron incentivos para la agricultura comercial, especialmente la de exportación. Sin embargo, al mismo tiempo que se promovía la unidad de intereses entre los productores agrícolas, se generaban áreas de conflicto. Fue necesaria una permanente revisión y actualización de la LFAAES, y con ello de algunas instituciones formales establecidas, todo con el fin de otorgarle fuerza, precisión y claridad a lo largo del tiempo.

De noviembre de 1932, fecha de promulgación de la primera ley, a agosto de 1954, momento de la independencia frente al Estado de las asociaciones agrícolas y de su organismo de decisión central, la CAADES, se promovieron quince iniciativas de renovación, sin contar los cambios en los reglamentos de aplicación de la ley o en los productos de las constituciones de nuevas asociaciones de productores.39 Sólo doce de las propuestas por la vía del poder ejecutivo obtuvieron un dictamen favorable por parte del legislativo del estado.

Las primeras reformas a la LFAAES se dieron a partir del 12 de mayo de 1933, cuando el gobernador Manuel Páez, para atraer la inversión externa, decidió promocionar los incentivos naturales y las políticas públicas benéficas a la actividad empresarial que ofrecía la entidad. Con tal objetivo, el ejecutivo estatal dispuso la creación de asociaciones por regiones agrícolas, divididas por cultivos y ramas de la economía rural.

En estas primeras reformas fue incluido un apartado sobre la gestión. Se elaboró un reglamento que recogía los mejores aspectos de la ley, en el cual fue evidente el peso de los grandes agroempresarios en la actuación, representación y decisiones de la CAADES. La ley estipulaba, en el renglón de acuerdos y disposiciones, un peso proporcional para sus asociados. A partir de 1932, la capacidad de decisión de los productores de granos se empezó a definir en razón de la producción aportada y la de los productores de legumbres y fibras se fijaba de acuerdo con el número de hectáreas cultivadas. Anteriormente, esta situación sólo era aplicable a la venta y manejo de productos.40

El atractivo de pertenecer a una asociación, y con ello a la CAADES, fue creciendo debido a dos cuestiones centrales: la importancia y general aceptación de las nuevas reglas de la actividad agrícola y el peso político adquirido por los agricultores confederados ante los poderes locales y nacionales. La nueva correlación se reflejaba en el incremento del número de asociaciones y agricultores que se adherían, en el presupuesto público orientado al campo y canalizado a través de la CAADES, pero sobre todo, en el peso definitivo que la opinión de esta, y en consecuencia de las asociaciones, tenía en la definición de las políticas públicas. En suma, la importancia de integrarse al nuevo escenario de compromisos, prerrogativas y derechos contemplados en la Ley de Asociaciones hizo de la agricultura una actividad económica lo menos anárquica e incierta y lo más redituable posible.

Al presentarse confrontaciones políticas internas que debilitaban la confederación, en enero de 1937 se dispuso reformar la Ley de Asociaciones. A partir de entonces, los miembros y empleados de la federación, el estado y municipios quedaban impedidos para ocupar cargos directivos. Así se pretendió independizar las iniciativas de los organismos de los intereses políticos del estado, al tiempo que se ponía freno a la utilización de las asociaciones y la CAADES misma como plataforma política por parte de los agricultores, tal como había venido sucediendo hasta entonces.

La iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones, enviada por el gobernador, Alfredo Delgado (1936-1940), y aprobada en enero de 1937 -un mes antes de iniciarse el reparto agrario cardenista en Sinaloa-, modificó aspectos centrales de la estructura organizativa y de decisión, como el cambio conceptual de regiones agrícolas por cuencas fluviales, sin tener que transformar el marco normativo en lo general.

Esto significaba que la denominación de una asociación de productores de determinado cultivo, ya sea de legumbres o garbanzo, correspondería al río situado en el espacio de producción de la asociación en cuestión. Finalmente se simplificó el concepto y surgieron asociaciones de agricultores de tal o cual afluente fluvial, con la modalidad de poder dividirse internamente según el cultivo o zona geográfica.41 De esta manera, para 1942, la CAADES se integraba por la representación de los empresarios agrícolas de ocho asociaciones de otros tantos ríos (véase cuadro 1). Este número se incrementó con la configuración de la Asociación del Río Baluarte, en 1950, y la del Río Cañas, en 1985, llegando a sumar los diez organismos que actualmente la conforman.

 

Para la década de 1940, los grandes agricultores lograron construir espacios de promoción y atención agrícola que a su vez eran atractivos e influyentes sitios de poder económico y decisión política. Por ello, su control o independencia se convirtió en tema de confrontación entre sus miembros, así como en preocupación para los dos principales grupos políticos que se disputaban el poder estatal, encabezados respectivamente por Rodolfo Tostado Loaiza y Pablo Macías Valenzuela.

El reiterado interés por influir y decidir sobre y dentro de las organizaciones agrícolas, era evidente en la organización y fuerza política de los empresarios confederados sinaloenses incrustados en los diversos espacios de decisión política, tanto nacionales como regionales: algunos se desempeñaban como funcionarios de la administración pública. Otro aspecto que apunta en el mismo sentido fue la preocupación que suscitaron las diez iniciativas de reforma a la ley que ingresaron a la agenda del Congreso del estado de Sinaloa, entre 1933 y 1954.

En mayo de 1941 y diciembre de 1944, en los albores de las gestiones gubernamentales de Loaiza (1941-1944) y de Macías Valenzuela (1944-1950), el legislativo de Sinaloa recibió las que serán algunas de las primeras y más importantes iniciativas de ley de esos años por parte del ejecutivo. Las propuestas gubernamentales tenían como objetivo la reforma de la Ley de Asociaciones argumentando violaciones a la naturaleza y objetivos de las asociaciones.

El gobierno de Loaiza argüía que las asociaciones no aplicaban rigurosamente las sanciones establecidas para evitar la competencia desleal entre los agricultores. Además, señalaba deficiencias en la regulación de la producción e incumplimiento en la política de precios uniformes en la comercialización de los productos. Afirmaba que la CAADES olvidaba su papel de centro director de las asociaciones, para convertirse en espacio político, entre otras cosas.

Tanto Tostado Loaiza como Macías Valenzuela expresaron, aduciendo diversas razones, la necesidad de restringir las facultades de la CAADES e instituir medidas para ejercer un mayor control sobre la Confederación y sus asociaciones. Insistían en que estas no ejercían correctamente su compromiso de dirección y vigilancia, aspectos indispensables para fomentar y proteger el desarrollo agrícola estatal.

Macías Valenzuela afirmó que ni las asociaciones ni la CAADES cumplían con las funciones para las cuales habían sido creadas. Por lo tanto, insistió, era obligación del gobierno corregir tales irregularidades. Señaló la necesidad de perfeccionar inmediatamente la política crediticia y corregir la organización y vigilancia. Le parecía importante resolver aquellos aspectos que contravenían, según él, los principios de equidad y justicia. Uno de ellos era aquel que impedía a los funcionarios públicos ocupar puestos de dirección en la Confederación y/o en sus asociaciones.42

Por su parte, los empresarios sinaloenses ya tenían experiencia por las luchas que habían sostenido anteriormente por su organización e independencia: en 1940 ya eran conscientes de su capacidad y fuerza económica y política. Las ofensivas estatales indicadas arriba no los intimidaron y mostraron su cohesión y fortaleza. Finalmente, el gobernador Loaiza tuvo que matizar la política orientada al campo y establecer mecanismos de mediación para evitar la confrontación con las asociaciones agrícolas, sobre las cuales se asentaba la estructura económica del estado.

En junio de 1941, escasamente un mes después de aprobadas las reformas a la Ley de Asociaciones, en un ambiente de inestabilidad e inseguridad para las actividades agrícolas, provocado por la confrontación política y la aplicación de la reforma agraria en la entidad,43 el gobernador Loaiza presentó al legislativo del estado modificaciones al contenido de los artículos 48 (fracción VI) y 57. Los cambios en el primero de ellos se orientaban a brindar mayor poder de decisión al Consejo Directivo de la CAADES. En el segundo caso se trataba de incrementar el control sobre la comercialización de la producción agrícola estatal, estableciendo un pago obligado de impuestos de protección agrícola para los agricultores que no pertenecieran a las asociaciones y no comercializaran sus cosechas a través de la Confederación.44 Con ello, el gobernador evitó poner en riesgo la principal actividad económica del estado.

Sin embargo, las diferencias y confrontaciones continuaron y en consecuencia las negociaciones. Otras medidas adoptadas para salvar la situación fueron la Ley de Bonos de Caminos, la Ley Tierras Ociosas, la creación del Comité coordinador del crédito privado agrícola del estado de Sinaloa y diversas gestiones, conjuntas y por separado, orientadas a derogar el impuesto de exportación del tomate y garbanzo.45 A pesar de todo, no se pudieron resolver los conflictos, mismos que continuaron posteriormente.

Los empresarios agrícolas decidieron actuar políticamente y enfrentar los intentos de controlarlos por parte del gobierno estatal. En marzo de 1944 presentaron ante el Congreso del estado una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones impulsada por Carlos A. Careaga46 y otros importantes agricultores como Luis Escobar, Ramón Duarte, Ramón Gastélum, Francisco Campaña, M. Peña Bátiz, Adrián Gámez, E. Gallardo, J. E. Duarte, N. Miller, J. R. G. Ramos y R. K. Lang. En ella protestaban por la intromisión del gobierno del estado en su libre determinación y toma de decisiones para solucionar los problemas del gremio. Señalaban que después de 1932 la mayor parte de las reformas conferían una mayor intervención al sector oficial, en detrimento de la iniciativa y fuerza creativa de los agricultores, y proponían que

Para evitar que los agricultores confederados se vean sujetos o involucrados en asuntos políticos, y darles a las Asociaciones la independencia necesaria para que puedan gobernarse por sí mismas, debe procurarse que los agricultores tengan absoluta libertad de criterio en las asambleas y en la determinación de sus actividades [...] que ningún poder oficial deba estar facultado para intervenir en esas juntas y menos conferirle facultades que son propias de las asociaciones.47

La propuesta de independencia fue rechazada por el Congreso del estado y obtuvo respuesta a través de una iniciativa de ley del nuevo gobernador, Pablo Macías Valenzuela. Sin embargo, la lucha por la independencia de las asociaciones y de la CAADES se convirtió en uno de los retos más importantes para el desarrollo de las instituciones y de la organización de los empresarios confederados. Tanta fuerza logró la demanda de independencia, que de ser un tema recurrente en las coyunturas políticas en el estado se incorporó al debate cotidiano en los espacios de la clase política estatal. Bajo el gobierno de Enrique Pérez Arce (1950-1953) los agricultores volvieron a la carga ratificando su demanda de independencia través de la iniciativa de ley del diputado Félix Ernesto de Saracho, en enero de 1953, pero tampoco tuvieron éxito.48

Pérez Arce no concluyó su mandato, se lo impidieron tanto su salud como una fuerte oposición política a su gestión. Le sucedió en el cargo Rigoberto Aguilar Pico (1953-1956)49 como gobernador interino, con poca experiencia en la administración pública, pero muy relacionado con la clase política emergida de la revolución mexicana y con algunos de los grandes y más influyentes agricultores, como Mariano Romero Urrea.50

Su gestión fue decisiva, aprovechó la mediación de los grupos de poder a su favor, el poder legislativo proclive a su gobierno y el conocimiento de la problemática e importancia económica de la agricultura para el estado. Apoyó la demanda de independencia de los agricultores para las asociaciones agrícolas y la CAADES. El haber tomado esa decisión le confiere el mérito de alcanzar dos objetivos trascendentales en la vida política y económica de Sinaloa: eliminar el riesgo de que los agricultores cancelaran el apoyo político al gobierno estatal y la posible desarticulación de las organizaciones empresariales en la agricultura comercial.

En agosto de 1954, Aguilar Pico instruyó al poder legislativo para discutir y aprobar la Ley de Asociaciones Agrícolas del Estado que definía a las asociaciones de agricultores como públicas y autónomas. Los principales objetivos de las mismas seguían siendo la defensa de los intereses y la prestación de toda clase de servicios a los agricultores confederados, el fomento agrícola del estado de Sinaloa, la promoción de la organización y constitución de uniones de crédito agrícola o industrial, la capacidad de crear reglas para establecer normas de calidad, la extensión y selección de los cultivos y semillas, el almacenamiento, embarque y venta de los productos agrícolas. También establecía que las asociaciones disfrutarían de un subsidio equivalente al pago de los impuestos de protección agrícola, facultando al gobierno del estado para imponer sanciones a las asociaciones o a la CAADES por las infracciones o violaciones a dicha ley.51

 

CONCLUSIONES

A lo largo de estas páginas fueron analizados los acontecimientos ocurridos durante las tres primeras décadas del siglo XX en los diversos aspectos de la vida política y económica sinaloense. En dicho periodo se impuso un nuevo perfil económico dentro del estado de Sinaloa: la minería pasó a segundo plano, mientras que, gracias a las oportunidades generadas por las políticas públicas y al papel de los empresarios, la agricultura comercial se consolidó. Se desarrollaron, sobre todo, los sectores agrícolas relacionados con la agroindustria azucarera, las hortalizas y el garbanzo para la exportación.

En este contexto, se formó una nueva estructura productiva que requirió no sólo de ajustes, sino del entorno institucional con reglas claras y apropiadas para el buen funcionamiento de las emergentes empresas agrícolas modernas. A partir de entonces, la relación entre los empresarios agrícolas de Sinaloa, el gobierno y la sociedad dio paso a la creación de un conjunto de leyes y decretos, destacando, sobre todo, la Ley de Asociaciones Agrícolas Federal y su Ley Estatal promulgada en 1932. Esta última contribuyó a la construcción de una institucionalidad que coadyuvó a la consolidación de la agricultura comercial. Todo esto permitió que los grupos de pequeños agricultores, que hasta entonces realizaban su actividad económica sin organizaciones que los aglutinaran y con persistentes problemas para comercializar sus productos, transitaran a un nuevo esquema organizativo, en el cual predominaba la colaboración entre ellos y la decisión de contribuir a un nuevo proyecto de desarrollo regional.

A continuación y como parte de la operación de las nuevas condiciones legales, los productores sinaloenses se agruparon en asociaciones, surgiendo finalmente la CAADES. El objetivo de estas redes empresariales era construir una estructura organizacional que les permitiera operar los cambios jurídicos al facilitar la aplicación, vigilancia y sanción de quien violentara las reglas y normas de producción y comercialización de los cultivos más importantes. Fue y es la CAADES el instrumento decisivo que dominó el contenido y aplicación de la política agrícola en la entidad hasta la actualidad.

Consideramos necesario destacar el papel desempeñado por la personalidad, el conocimiento y el compromiso mostrado por el entonces gobernador del estado, el general Macario Gaxiola. Asimismo, fue definitivo el hecho de que algunos diputados locales eran también empresarios agrícolas y gracias a sus actividades en el campo entendieron la necesidad de organizarse aprovechando las posibilidades que brindaba la disposición federal. El resultado institucional de dicha combinación fue la inmediata elaboración de nuevas regulaciones que condujeron a una nueva atmósfera institucional, la cual otorgaba una mayor certidumbre a las actividades económicas, misma que se complementó con la generación y aplicación de novedosas políticas públicas. Todo esto, sin duda, contribuyó de manera definitiva a la consolidación de la agricultura empresarial que caracteriza al estado de Sinaloa hasta la fecha.

La importancia de la CAADES fue tal que se convirtió en el instrumento gremial que aglutinó a los agricultores por producto y región, organizados en asociaciones, las cuales en conjunto conformaron ese organismo, a través del cual se canalizaron los recursos públicos orientados al sector agrícola sinaloense. Podemos afirmar que la Ley para el Fomento de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (LFAAES), fue el marco regulatorio que permitió la conformación de la poderosa e influyente Confederación de Asociaciones de Agricultores del Estado de Sinaloa. Sin este organismo, los agricultores y el Estado no hubieran podido vigilar y aplicar la nueva reglamentación. Por otro lado, por medio del mismo, el conjunto de empresarios influía, generaba y promovía políticas públicas favorecedoras para la agricultura empresarial, además de que era el instrumento para gestionar, obtener y distribuir los recursos financieros necesarios para el desarrollo capitalista del campo sinaloense.

Es así que la evolución del marco institucional de la actividad agrícola en el estado de Sinaloa condujo a una nueva ordenación de la estructura productiva, que permitió optimizar el uso de la tierra, regular los cultivos, establecer normas de calidad e innovar en la comercialización de los mismos. Por lo tanto, los resultados más importantes de esta evolución del marco institucional de la agricultura empresarial fueron la expansión de la frontera de la agricultura, el avance tecnológico y el surgimiento de nuevas normas en la producción y comercialización agrícolas. A lo anterior debe añadirse que siempre fue sugerente para los agricultores asociarse para conformar una gran fuerza que les permitiera conjugar intereses en la actividad empresarial y la política. Por otro lado, el ser miembro de la CAADES resultaba atractivo por otras razones, entre ellas la aparición y aceptación general de nuevas reglas del juego en la agricultura comercial, que se sumaban al gran peso político, nacional y regional de la Confederación. Por lo anterior podemos concluir que este nuevo escenario, cuya base fue la Ley de Asociaciones, transformó la actividad agrícola en algo menos riesgoso y más redituable.

En síntesis, asociarse significó la capacidad de concebir un cambio institucional, emprender el reto de construir una nueva cultura empresarial y hacer prosperar la imagen de la agricultura sinaloense, elevando y protegiendo sus niveles de producción y calidad, atendiendo permanentemente los requerimientos de mercados agrícolas. No obstante, aunque se enfrentaron a diversas ofensivas estatales para frenar la autonomía y organización de los empresarios, la lucha por la independencia de las asociaciones y de la CAADES se convirtió en uno de los retos más importantes para el desarrollo de las instituciones y de la organización de los empresarios confederados. Era tan importante la demanda de independencia, que se convirtió en parte esencial y definitoria del debate cotidiano en los espacios de la clase política estatal. Corresponde al gobernador Rigoberto Aguilar Pico el mérito de haber sabido aprovechar la mediación de los grupos de poder a su favor, un poder legislativo proclive a su gobierno y el conocimiento de las necesidades e importancia económica de la agricultura para el estado en apoyo a la demanda de los agricultores: la anhelada independencia de las asociaciones agrícolas y de la CAADES. Al haber tomado tan importante decisión pudo alcanzar dos objetivos trascendentales en la vida política y económica del estado: eliminar el riesgo de que los agricultores cancelaran el apoyo político al gobierno estatal y la posible desarticulación de las organizaciones empresariales en la agricultura comercial.

 

FUENTES CONSULTADAS

Archivos

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Notas

* Agradecemos la colaboración de María Elena Nancy Dávila Moreno y los atinados comentarios de los evaluadores.

1 Camp, Empresarios, 1995, p. 52.

2 En Sinaloa los empresarios agrícolas se identifican como "agricultores".

3 Entre los estudios sobre Estado y empresarios destacan los trabajos de Luna, "Estructura", 1992; Puga, México, 1993; Millán, Empresarios, 1988; Valdés, Autonomía, 1997. Entre los estudios históricos se encuentran los trabajos de Alba, "Regiones", 1992; Vázquez, "Sonora", 1992; Urías, "Manuel", 1981; Oyarzábal, "Gregorio", 1981; Morales, "Francisco", 1981; Marichal y Cerutti, Historia, 1997; Collado, Empresarios, 1996; Walker, Parentesco, 1991; Balmori, Voss y Wortman, Alianzas, 1990; Adler y Pérez, Familia, 1993, y Pérez y Savarino, Cultivo, 2001.

4 Rodríguez, Cámara, 1990, pp. 20-28.

5 Las cámaras agrícolas fueron constituidas por propietarios, arrendatarios, usufructuarios, administradores de predios rústicos, empresarios agroindustriales, agrónomos o conocedores de la producción agrícola. Para 1910 sumaban once en todo el país y se ubicaban en La Laguna, Aguascalientes, Chiapas, Campeche, Tamaulipas, Puebla, Querétaro, Tabasco, Yucatán, Jalisco y Sonora; para 1930 se constituyó con 32 de ellas una de las más importantes organizaciones gremiales de México, la Confederación de Cámaras Agrícolas y Ganaderas. Durante la década de 1920 a 1930, sin dejar su papel de promotores del desarrollo agrícola, las cámaras se convertirían en un fuerte instrumento político de defensa de los grandes propietarios en contra de la aplicación de la reforma agraria. Ibid., p. 29, y Carton, Empresarios, 1990, pp. 217 y 225.

6 "Ley sobre Cámaras Agrícolas Nacionales", Diario Oficial de la Federación, 25 de diciembre de 1909.

7 Aguilar, Sinaloa, 1993, p. 80; Carton, Empresarios, 1990, p. 25, y Sinagawa, Sinaloa, 1987, p. 117.

8 Los promotores de esta iniciativa fueron Samuel Torres Elorduy y Celso Gaxiola Andrade en octubre de 1922; sin embargo, dicha iniciativa no pudo concretarse por el escaso interés que mostraron los empresarios del estado. En 1925 reapareció el interés en la conformación de una cámara que aglutinara a los comerciantes, agricultores, industriales y mineros. Sus promotores fueron Alejandro Redo Vega, gobernador del estado (1924-1928), Enrique Pérez Arce, Laurence E. Thompson, Juan José Ríos, Jesús María Tarriba, Severiano Tamayo, Manuel J. Esquer, Antonio Vizcaíno, Guillermo Timmerman y Manuel Clouthier; véanse El Demócrata, 25 de octubre de 1922, p. 4, y Aguilar, Grandes, 2003, p. 218.

9 El valor de la producción nacional promedio anual de dos de los cultivos más importantes, caña de azúcar y garbanzo, fue de 36 500 000 y 10 400 000 pesos, respectivamente, durante el periodo indicado. Datos del Boletín de Estimaciones Agropecuarias, 1931, t. I, p. 277; 1933, t. II, pp. 685 y 1216, y 1934, t. i, p. 437.

10 Cárdenas, Hacienda, 1994, p. 25.

11 Con esta ley Estados Unidos elevó sus tarifas arancelarias sobre la importación de 20 000 artículos en 53% en promedio. Entre ellos se encontraban productos como maíz, alfalfa, tomate, garbanzo y carne. Véanse Boletín de Estimaciones Agropecuarias, 1932, t. I, pp. 286 y 306, y Carton, Empresarios, 1990, pp. 209-214.

12 El Departamento Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señalaba que la aplicación de las nuevas tarifas reduciría las exportaciones agrícolas y con ello México dejaría de percibir anualmente por concepto de divisas 30 000 000 de pesos; véase El Economista, 22 de noviembre de 1930, p. 15.

13 Boletín de Estimaciones Agropecuarias, 1928, t. I, pp. 78 y 163-166; 1931, t. II, p. 275, y 1933, t. I, p. 275.

14 Pozas, "Maximato", 1983, pp. 258-264.

15 Boletín de Estimaciones Agropecuarias, 1934, t. III, pp. 984-985.

16 "Ley sobre planeación general de la república", Diario Oficial de la Federación, 20 de marzo de 1930, pp. 16-17.

17 Albornoz, Trayectoria, 1966, p. 110.

18 "Ley que establece el Consejo Nacional de Economía", Diario Oficial de la Federación, 31 de julio de 1933; Archivo Histórico del Congreso del Estado de Sinaloa (en adelante AHCES), Diario de los Debates, Ley que establece el Consejo Local de Economía del Estado de Sinaloa, México, 22 de julio de 1933.

19 Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca (en adelante FAPECFT), Decreto núm. 26, Ley para el Fomento de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, Sinaloa, México, 19 de noviembre de 1932, gaveta 37, exp. 10, f. 2023.

20 El Nacional, 28 de octubre de 1933.

21 Tarriba había sido diputado federal y en ese momento era presidente de la Asociación de Productores de Legumbres de la Región Agrícola del Río de Culiacán.

22 Uno de los aspectos expuestos como ventajas para los empresarios estadunidenses fue la competencia mínima entre las regiones productoras más importantes de ambos países, debido, por ejemplo, a que el proceso de maduración del tomate de Florida, región que cosecha primero en Estados Unidos, es más lento que el de Sinaloa y el embarque y la comercialización de la mayor parte del producto se dan a partir de abril, es decir, cuando la exportación de tomate mexicano ha decaído, Boletín de Estimaciones Agropecuarias, 1927, p. 211.

23 Atendiendo la información del agrónomo regional de la Secretaría de Agricultura y Fomento, ingeniero Rafael Bátiz Paredes, para el periodo de 1926 a 1932 estas empresas eran las principales distribuidoras de hortalizas de la costa occidental de México. Sus acuerdos económicos con los productores eran: pagar diez centavos de dólar por caja de tomate colocada en el mercado, otro 10% sobre las ventas brutas, y en muchos casos los productores sinaloenses recibían un anticipo sobre la futura cosecha; Boletín de Estimaciones Agropecuarias, 1927, t. I, pp. 62, 209, y 1932, t. I, p. 306, y Carton, Empresarios, 1990, pp. 71-78.

24 La Unión de Cosecheros de Tomate, que posteriormente se denominará Gran Unión de Tomateros de la Costa de Occidente, era un gremio de empresarios exportadores de tomate que aglutinaba a los productores de los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit con la pretensión de impulsar reglas que favorecieran la producción y la comercialización de dicho producto en el mercado estadunidense. El Demócrata, 14 de mayo de 1923, p. 3, y Aguilar, Grandes, 2003, p. 217.

25 Boletín de Estimaciones Agropecuarias, 1932, t. I, p. 286.

26 Para 1932, estos dos funcionarios federales tenían una estrecha relación con las actividades agrícolas en Sonora y Sinaloa. Francisco S. Elías había ocupado el gobierno de Sonora en los periodos de 1921-1923 y 1929-1931 y era uno de los agricultores más prósperos del estado; Juan José Ríos era reconocido desde 1917 como un influyente militar, político y empresario agrícola en Sinaloa, invirtió en la compra, explotación, fraccionamiento y venta de terrenos agrícolas y en la producción y exportación de tomate y sandía, además impulsó la creación de compañías relacionadas con la agricultura como Irrigadora del Humaya, S. A., del canal Rosales; Roberto Avendaño y Cía., y la Liga Agrícola Occidental. Martínez, Relaciones, 2005, pp. 223-226.

27 El general Gaxiola combinaba sus actividades de gobernador de Sinaloa con las de la agricultura empresarial, cultivando garbanzo de exportación en la región de Angostura, así como participando en la compra de terrenos agrícolas en los valles de Sinaloa. En febrero de 1932, por ejemplo, asociado con el diputado federal Antonio Amézquita, prominente empresario agrícola de la región, compró a Marcela Sainz de Aretos 631 hectáreas 83 áreas de la mejor tierra de la hacienda El Limoncito, ubicada en el valle de Culiacán. Archivo General de Notarías del Estado de Sinaloa (en adelante AGNES), Libro de protocolos v, notario José María Tellaeche, Sinaloa, México, 22 de febrero de 1932, f. 64.

28 Rodolfo Elías Calles Chacón era uno de los hijos del ex presidente de México, Plutarco Elías Calles.

29 AHCES, carpeta Asuntos, agosto de 1932.

30 Boletín Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Sonora, 13 de julio de 1932.

31 AHCES, Diario de los Debates, 20 de agosto de 1932.

32 Entre estos empresarios se encontraban Rafael Bátiz Paredes, Juan Crisantes, José Mariano Romero, Jesús Almada Salido, Alfonso L. Gaxiola, Silverio Trueba, Francisco Butterfield, Enrique Riveros Castro, Eduardo R. Arnold y Venancio Hernández. AGNES, Libro de protocolos V, notario José María Tellaeche, Sinaloa, México, 22 de febrero de 1932, f. 64.

33 AHCES, Diario de los Debates, Iniciativa de decreto de Ley para el Fomento de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, 17 de octubre de 1932, Sinaloa, México, 20 de octubre de 1932.

34 AHCES, Diario de los Debates, Ley para el Fomento de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, 19 de noviembre de 1932, decreto núm. 26; Ley de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, 12 de mayo de 1933, decreto núm. 99; 29 de enero de 1941, decreto núm. 117; 20 de diciembre de 1941, decreto núm. 152 y 21 de agosto de 1954, decreto núm. 112.

35 Fueron los diputados federales Antonio Amézquita, Cristóbal Bon Bustamante, Cecilio Rivera y el senador Juan de Dios Bátiz.

36 AGNES, Libro de protocolos VIII, notario Fortino Gómez, Sinaloa, México, 22 de noviembre de 1932, f. 760.

37 Al igual que la asociación del río Culiacán, los promotores y fundadores de estas cuatro asociaciones fueron los medianos y grandes agricultores. Por ejemplo, en la asociación del río El Fuerte: Eduardo R. Arnold, Leandro T. Quintero, Venancio Hernández, Alfonso L. Gaxiola; en la del río Sinaloa: Francisco Echavarría, Blas Valenzuela, León Fonseca, Santiago Wilson, Manuel Tarriba, Guilebaldo Llanes, Roque Menchaca y Fortunato Álvarez Gaxiola; en la asociación del río Mocorito: Silverio Trueba, Cristino C. Romo, Enrique Riveros Castro; en el río Elota: Rodolfo Bazúa Velarde, Juan Crisantes, Juan Stamos, Francisco Franco Rojo, José Mariano Romero Aguilar. AGNES, Libro de protocolos VII, notario Fortino Gómez, Sinaloa, México, 28 de noviembre de 1932, f. 762.

38 Los cargos del primer Consejo de administración de la CAADES quedarían bajo la égida de la elite de los empresarios agrícolas representada por Eduardo R. Arnold, presidente; ingeniero Rafael Bátiz Paredes, secretario; Silverio Trueba, tesorero; Arturo Herrera y José Mariano Romero, primero y segundo vocales; Consejo de vigilancia: Enrique Riveros, presidente; licenciado Roberto Macías Fernández, secretario, y Rodolfo Bazúa, vocal. Agnes, Libro de protocolos VII, notario Fortino Gómez, Sinaloa, México, 28 de noviembre de 1932, f. 762.

39 Unos meses después del surgimiento de las primeras cinco asociaciones, los productores de algodón, de garbanzo o de otros cultivos, como el ajonjolí, buscaron integrarse a la CAADES conformando asociaciones propias o transformando las existentes en asociaciones de agricultores, título incluyente para todos los productores que desearan asociarse. Esta situación evolucionó en todas las regiones agrícolas del estado de Sinaloa.

40 AHCES, Reglamento de la Ley para el Fomento de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, 12 de mayo de 1933.

41 AHCES, Diario de los Debates, Ley de Asociaciones Agrícolas, Sinaloa, México, 29 de enero de 1941, decreto núm. 117.

42 AHCES, Diario de los Debates, Iniciativa de reforma de Ley de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa de 1937, 9 de abril de 1941; e Iniciativa de reforma de Ley de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa de 1941, 15 de diciembre de 1944.

43 Inestabilidad política provocada por la aplicación de la reforma agraria, sobre todo en la zona sur del estado; por la confrontación política generada por la disputa por el control de los Comités Agrarios y de la Liga de Comunidades Agrarias; así como por la confrontación e impugnación de los procesos de elección de presidentes municipales en Guasave, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Cosalá, Mazatlán y El Rosario. Ante dicha situación, el diputado Esquerra llamaba al pleno del Congreso del estado a olvidarse de sus diferencias y solidarizarse con el gobernador Loaiza, enfatizando en su discurso: "es el jefe y nosotros su estado mayor". AHCES, Diario de los Debates, 23 de abril de 1941 y noviembre de 1942.

44 AHCES, Diario de los Debates, Iniciativa de decreto de reformas a la Ley de Asociaciones Agrícolas del 9 de abril de 1941, Sinaloa, México, 6 de junio de 1941.

45 AHCES, Diario de los Debates, 5 de junio de 1941 y 9 de octubre de 1941.

46 Influyente agricultor y político desaforado del puesto de diputado federal debido a la disputa política entre Cárdenas y Calles en 1935 y que ocuparía el cargo de presidente de la CAADES en el periodo de 1951-1953.

47 AHCES, Diario de los Debates, Iniciativa de Ley de Asociaciones Agrícolas para el Estado de Sinaloa, 12 de marzo de 1944.

48 AHCES, Diario de los Debates, 6 de enero de 1953.

49 Hijo del general revolucionario y gobernador interino de Sinaloa (1920-1923) José Aguilar Barraza y de Natividad Pico, Rigoberto Aguilar Pico, como médico pediatra supo aprovechar, al igual que su hermano Saúl, las relaciones heredadas de su padre. En 1947 escaló a la administración pública como funcionario del gobierno estatal del general Macías Valenzuela; su reconocimiento y servicios como pediatra le permitieron tejer relaciones con destacadas figuras políticas nacionales como Adolfo Ruiz Cortines. Archivo de la Secretaria de la Defensa Nacional (ASDN), Generales sinaloenses, caja 5642, exp. 653.

50 En la decisión de la conformación del gobierno interino participaron los sectores políticos y económicos más importantes del estado, entre los cuales estaba la CAADES. Esto dividió las opiniones al encontrarse en las propuestas dos personajes ligados a la confederación: por un lado, el empresario agrícola, ex presidente de la CAADES entre 1935 y 1936, el banquero Antonio Amézquita Logan, quien era apoyado por el senador y ex gobernador de Sinaloa, el general Macario Gaxiola, y, por el otro, el doctor Rigoberto Aguilar Pico, apoyado por el viejo grupo del ex gobernador Loaiza, dirigido en ese tiempo por Leopoldo Sánchez Celis. Mares, Irrupción, 1991, p. 109.

51AHCES, Diario de los Debates, Ley de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, Sinaloa, México, 21 de agosto de 1954.

 


Sobre los autores

César Aguilar Soto: Doctor en Ciencias Sociales, es catedrático de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa; miembro del Consejo editorial de la revista Enlace de Norteamérica; colaborador y articulista de las revistas Clío, de la Facultad de Historia, y Ciencia y Universidad, del Instituto de Investigaciones y Sociales de la UAS; miembro del cuerpo académico "Gobierno y políticas públicas"; ponente en seminarios internacionales y nacionales con la temática general de historia y desarrollo agroempresarial y colaborador en los proyectos de investigación "Empresarialización de los granos en Sinaloa: dinámica productiva comercial, 1994-2005", "Empresas y agricultura de exportación en el noroeste de México. Historia económica y tendencias actuales" y "Empresarios agrícolas y política agraria en Sinaloa".

María Eugenia Romero Ibarra: Doctora en Historia, catedrática del Programa de Posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México; su especialidad es la historia económica orientada a los estudios empresariales. Sus últimas publicaciones han sido Empresa y agricultura de exportación en el noroeste de México, historia económica y tendencias recientes, 2009, y Del poder público al poder privado. Gobierno, empresarios y empresas en México,1880-1980, 2006; además de los artículos "La United Sugar Companies, S. A., 1890-1940. Una empresa azucarera en el noroeste de México", 2010; "La industria azucarera de México. Historia, características, problemas y estrategias empresariales", 2009; "La empresa azucarera frente a la política expropiatoria cardenista. La USCO, S. A., 1934-1940", 2009; "Empresarios agrícolas e irrigación en el norte de Sinaloa. 1930-1960", 2009, y "Redes empresariales, industria azucarera y políticas públicas en México. 1900-1940", 2006.

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