¹ Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México.

Correspondencia: jtorres@institutomora.edu.mx

La historiografía sobre los dominios de la monarquía hispánica durante el siglo xviii ha subrayado la amplitud de las reformas políticas, administrativas, eclesiásticas, militares, económicas y fiscales, promovidas por los monarcas y sus ministros con el fin de reforzar el control sobre las Indias y asegurar los recursos necesarios que sostuvieran dichas transformaciones (Delgado, 2007 y Kuethe y Andrien, 2018). En materia fiscal, se ha señalado que en respuesta a las urgencias, producto de contextos bélicos, y con el propósito de financiar los crecientes gastos de defensa, se implementó un proceso gradual de reformas que, entre otras medidas, elevó las tasas de impuestos existentes, sustituyó el arrendamiento por la administración directa de varias rentas e introdujo nuevos estancos en América, siendo el del tabaco un caso modelo (González Enciso y Félix, 2022; Sánchez, Solbes y Legay, 2022). Así, tras las guerras de la Oreja de Jenkins (1739-1748) y de los Siete Años (1756-1763), se introdujeron estancos de tabaco en Perú, Nueva España y el Nuevo Reino de Granada, además de ordenarse la administración directa del pulque y del aguardiente en estos dos últimos territorios, respectivamente. De nueva cuenta, durante el conflicto con Gran Bretaña (1776-1783), el gasto militar justificó la creación de estancos de tabaco en Venezuela, Quito y Filipinas, así como reformas a los existentes en Perú, Cuba, Nuevo Reino de Granada, Chile y Río de la Plata (Luxán, 2014), junto con la introducción de estancos menores como el de naipes, breas y pólvora. Así pues, la correlación entre la formación de estancos y la política defensiva de la Monarquía en América resulta central para comprender su desarrollo hacendístico en el siglo xviii, y el libro aquí reseñado de Gabriela González Mireles profundiza, precisamente, en esta relación a nivel regional, explicando cómo los estancos del tabaco y aguardiente se erigieron en la Capitanía General de Yucatán durante la segunda mitad de la centuria, siendo instrumentos fiscales para cubrir el aumento del gasto militar y la organización de un ejército regular en la provincia.

Los estancos de tabaco y aguardiente en Yucatán, 1765-1821 se compone de cuatro capítulos organizados en dos partes: los dos primeros abordan el estanco del tabaco y los dos últimos el del aguardiente, seguidos de un breve apartado de conclusiones. A lo largo de los textos se analizan las particularidades de ambos estancos en su existencia, gestión y desarrollo dentro de la Real Hacienda novohispana, destacando figuras como los gobernadores Cristóbal de Zayas y Antonio Oliver, el intendente Lucas de Gálvez, así como la resistencia de cabildos y la participación de empleados reales, cosecheros, arrieros, expendedores y consumidores en las actividades vinculadas al tabaco y al aguardiente. Estamos ante un trabajo que se apoya en documentación cualitativa y cuantitativa de archivos regionales ( como el Archivo Histórico del Estado de Yucatán y Archivo del Arzobispado de Yucatán), nacionales (Archivo General de la Nación de México) e internacionales (Archivo Histórico de Centroamérica y Archivo General de Indias).

En los capítulos concernientes al tabaco, González distingue tres periodos: la administración desde Campeche (1766-1776), su traslado a Mérida (1777-1786) y la etapa de las intendencias (1787-1821). Para cada uno describe la estructura del estanco y su organización territorial, apoyada de mapas y cuadros que muestran la evolución de la red de expendedurías en Campeche, Valladolid, Tekax, Izamal, presidio del Carmen, Peto/Sotuta y Tabasco. Además, rastrea los orígenes y trayectorias de algunos empleados del estanco, demostrando que su gestión recayó en miembros que denomina “grupos de interés” locales, algunos originarios de otras regiones de la monarquía, pero integrados a la sociedad yucateca, como José Cano, contador y administrador del tabaco y posteriormente también de aguardientes, ejemplo de quienes hicieron carrera en las rentas estancadas sin abandonar otras actividades comerciales.

El primer capítulo resalta dos particularidades del estanco yucateco. La primera, su régimen de abastecimiento, determinado por la lejanía de las factorías de Córdoba y Orizaba y la cercanía al Gran Caribe, lo que llevó a un sistema de autoabastecimiento mediante contratas con cosecheros locales, sin manufactura de puros y cigarros, como ocurría en el centro virreinal. Esta decisión, explica la autora, fomentó un incipiente mercado comercial del tabaco en Yucatán, aunque limitado por la ausencia de cultivos previos y de un mercado consolidado, obligado a depender de tabacos importados, principalmente de Cuba, y en tiempos de crisis de Simojovel, Ciudad Real y Petén. Los cuadros presentados detallan las cantidades y calidades de hoja introducidas, un aspecto previamente señalado por la historiografía, pero que González dimensiona con mayor precisión para algunos años (véase también Náter, 2017). Con ello, González Mireles revela no solo los flujos de tabaco y caudales entre las administraciones yucatecas, sino también sus conexiones con Veracruz y los circuitos externos de abastecimiento, situando a Yucatán como una región integrada a las dinámicas comerciales del Gran Caribe, especialmente con Cuba, para los productos estancados.

La segunda particularidad analizada es la aplicación de una fiscalidad extraordinaria sobre la libra de tabaco, destinada primero a paliar el desabastecimiento alimentario y después al sostenimiento de las milicias en la provincia, elevando su precio hasta nueve reales en 1789. Sin embargo, este recargo resultó insignificante frente al gasto defensivo, pues los ingresos del estanco “apenas rebasaron el margen para sufragar los gastos administrativos y las cosechas” (p. 78), afirma la autora. Un mercado reducido, altos costos administrativos, contrabando, siembras ilegales y la necesidad de importar tabaco provocaron que en dieciocho años la renta apenas generara 68 469 pesos de utilidad (p. 118), lo que motivó a los cabildos de Mérida y Valladolid a solicitar, desde la década de 1790, la abolición del monopolio y la libertad de cultivo, proponiendo su reemplazo por un gravamen sobre la tierra cultivada con tabaco. Estas peticiones, explica González, fueron rechazadas por la Dirección General del Tabaco, la Superintendencia y la Junta Superior de Real Hacienda, quienes consideraban que liberalizar el tabaco en Yucatán afectaría la unidad fiscal del reino y perjudicaría la renta al interior del virreinato al facilitar el ingreso de hoja yucateca a México vía Veracruz. El análisis de González apunta a que la continuidad del estanco en Yucatán respondió a motivaciones que trascendían lo fiscal, como proteger los intereses de las regiones más rentables o dinamizar zonas periféricas y evitar su despoblamiento, como había ocurrido en Luisiana, Santo Domingo y el Darién (Náter, 2004; Gutiérrez, 1999; Torres Güiza, 2024), prolongándose el monopolio del tabaco yucateco hasta el cambio de régimen republicano.

El segundo capítulo examina el amplio contrabando de tabaco en la región, atribuido por la autora a la complacencia de jueces y la colaboración de contratistas, alcaldes, miembros del cabildo y otras autoridades (p. 100). Aunque describe importantes destrucciones de siembras ilegales, como la de 1.6 millones de plantas a José Silva y Manuel Salazar en 31 vegas del partido de la Sierra, no profundiza en su impacto más allá de las operaciones del resguardo (pp. 104-108). Con todo, su análisis explica y contextualiza, aunque sin cuantificar, parte del contrabando del tabaco cubano referido por las autoridades habaneras y la historiografía (Gárate, 2019). Además, el seguimiento de procesos judiciales revela que pese a existir normativa para las aprehensiones y gratificaciones, en casos de grandes decomisos o con otros géneros confiscados, surgían disputas entre autoridades locales y empleados de la renta, resueltas en algunos casos por jueces privativos como el intendente o tribunales de hacienda como la Junta Superior de Real Hacienda, materializando para el caso yucateco el orden procesal teóricamente previsto en los casos de contrabando del tabaco (Sánchez, 2025).

La segunda parte del libro se dedica al estudio del estanco del aguardiente en Yucatán (1776-1790), cuyo análisis constituye un aporte significativo, pues este representó una excepción a la prohibición vigente en Nueva España de destilar bebidas alcohólicas no provenientes de la vid, tales como el chiringuito y los mezcales. Al igual que el beneficio otorgado a productores de vino y aguardiente de uva en Nueva Vizcaya para consolidar la colonización septentrional (Corona, 2007), los capítulos tres y cuatro revelan que, más que una aplicación discrecional de las normas, estos privilegios respondían a los intereses sociales, políticos y económicos de la Monarquía. En Yucatán, el estanco buscó financiar el nuevo pie de tropa, proyectado por los gobernadores Zayas y Oliver mediante el control del consumo de aguardiente, tanto del producido localmente como del importado de contrabando desde Cuba.

El tercer capítulo reconstruye el establecimiento, la organización y la trayectoria del estanco de aguardiente, detallando su red administrativa compuesta por una administración general en Mérida y, en un inicio, ocho administraciones foráneas en Campeche, Valladolid, Tecax, Sotuta, Calkiní, Izamal, Tizimín y Tihosuco, por las cuales, con el apoyo de pulperías y estanquillos de tabaco, se distribuía el aguardiente entre los consumidores. González expone con claridad que el esquema para esta renta priorizó la racionalización del personal en función de la rentabilidad regional, lo que explica las posteriores agregaciones y eliminaciones de las cuatro últimas administraciones foráneas. La autora muestra, además, cómo se aprovechó la experiencia previa en la gestión de estancos en América, tomando como modelo las instrucciones del estanco de aguardientes de Cartagena de Indias y aplicando elementos del estanco de tabaco yucateco bajo la dirección de José Cano, a quien dedica una sección completa destacándolo como figura clave en la administración de ambos estancos. Su análisis concluye que, si bien el sistema se sustentó principalmente en la producción local de destiladores con licencia y sin límite de elaboración, esta resultó insuficiente, por lo que debió complementarse con compras a productores de La Habana, como evidencian los libros contables examinados.

Finalmente, el cuarto capítulo analiza el conflicto entre la administración del estanco y la “oligarquía yucateca” representada en los cabildos de Mérida, Campeche y Valladolid. Estos, mediante recursos y representaciones, rechazaron el proyecto de nueva planta formulado por Cano en 1778, que proponía centralizar la producción bajo control de la Real Hacienda mediante una fábrica abastecida con mieles y panelas de cosecheros registrados. El análisis de González muestra que, si bien cabildos y administración coincidían en impulsar la industria cañera, diferían en la forma en que debía sujetarse fiscalmente la producción del aguardiente: estanco, comercio libre con derechos o prohibición, siempre considerando la inserción en los mercados americanos y la protección de los intereses de los licores españoles. Esta disputa se mantuvo latente durante la década de 1780, evidenciando la debilidad estructural del estanco y su incapacidad para someter plenamente a los dueños de cañaverales y destiladores, quienes continuaron comerciando sus mieles con embarcaciones que partían de Campeche, considerando el estanco apenas como una opción secundaria. Como resultado, las compras de la administración no lograron cubrir el consumo estimado y debieron suplirse con aguardiente importado desde Cuba, operación que implicaba elevados costos por concepto de fletes, comisiones y derechos pagados. Finalmente, con el apoyo del intendente Gálvez al desestanco del aguardiente, un decreto del virrey Manuel Antonio Flórez, emitido en marzo de 1789, declaró la extinción del estanco al no haber alcanzado los beneficios proyectados para el erario, abriendo así un nuevo esquema que permitió la libre destilación y comercialización del producto mediante contratas otorgadas por la intendencia, basadas en la instrucción que regía este ramo en Cuba (p. 195).

Ahora bien, un punto central en el análisis de ambos estancos es evaluar en qué medida las rentas del tabaco y del aguardiente contribuyeron efectivamente al sostenimiento de la defensa de Yucatán. Aunque en el capitulado del libro se incluyen secciones dedicadas a las cuentas de cada estanco, la autora incurre en un error metodológico al considerar el cargo y la data de los libros contables como ingreso y gasto de las rentas, lo que la lleva, por ejemplo, a interpretar los reintegros a las tesorerías de los estancos como ingresos y las transferencias de caudales desde las tesorerías de la renta a las cajas reales de Mérida y Campeche como gastos. Sin embargo, los expedientes analizados por González muestran que el estanco del tabaco generó utilidades muy reducidas, que distaron de representar un aporte efectivo a los gastos defensivos de la provincia (p. 76), por lo que no fue posible prescindir del situado de México para atender estos costos, a diferencia de lo ocurrido, guardando las proporciones, en Chile y Filipinas hacia inicios del siglo xix, donde las utilidades del tabaco lograron paliar las transferencias de otras cajas (Alonso, 2009; Martínez, 2018).

En el caso del aguardiente y su breve existencia, también puede inferirse que sus beneficios no fueron significativos, salvo en la coyuntura de la guerra de independencia de los Estados Unidos, cuando, ante la especulación sobre los precios de los vinos europeos y caribeños, los aguardientes yucatecos incrementaron su precio y alcanzaron niveles de venta sin precedentes. Las cifras de 1781 y 1782 fueron las más altas de su trayectoria, con ingresos de 65 966 y 65 496 pesos, respectivamente. Sin embargo, concluido el conflicto, los aguardientes españoles ingresaron masivamente a Yucatán y las ventas del estanco se redujeron drásticamente; en 1783, los ingresos cayeron a 16 495 pesos, y en 1788 apenas superaban los 4 000 pesos (p. 192), lo que favoreció la idea del desestanco. Este descenso respondió, en buena medida, a la competencia de los aguardientes catalanes, que se vendían a 5 reales el frasco, frente a los yucatecos, cuyo precio estaba fijado por el estanco entre 7 y 8 reales, volviendo inviable su colocación en el mercado.

Como puede apreciarse, Los estancos de tabaco y aguardiente en Yucatán, 1765-1821 representa un aporte significativo a la historia económica y social de Yucatán durante las últimas décadas del periodo virreinal, ya que ofrece un panorama amplio sobre dos estancos que hasta ahora habían recibido escasa atención historiográfica. Su autora logra situar los estancos del tabaco y del aguardiente tanto en la dinámica imperial y el amplio contexto reformista de la monarquía, como en sus implicaciones específicas para el virreinato de Nueva España y la provincia de Yucatán. Además, considero que este libro constituye una invitación a estudiar con mayor detenimiento aquellas regiones que, dentro de una historiografía centrada en las magnitudes de producción, consumo y recaudación, han sido relegadas como “regiones de frontera”, pero que revelan conflictos significativos en la gestión de estancos diseñados para aplicarse de manera totalizante en los territorios, y que, en este caso, lejos de encontrarse al margen, no pueden comprenderse sin su estrecha relación con las dinámicas económicas del Gran Caribe y, particularmente, con la isla de Cuba.

Referencias