Este trabajo tiene por objeto analizar la relación entre modelos políticos y mecanismos financieros regionales en América del Sur durante las cuatro últimas décadas del siglo xx. Para ello, se examinan algunos aspectos generales de los modelos desarrollista y neoliberal, además de algunas particularidades relativas a los casos de Ecuador y Perú. Asimismo, se aborda la relación de dichos modelos con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el convenio de pagos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio/Asociación Latinoamericana de Integración y el Fondo Andino de Reservas/Fondo Latinoamericano de Reservas. En términos discursivos, esta relación se asienta sobre el concepto de desarrollo, mientras que en la práctica estos mecanismos han cumplido una función de soporte de los modelos mediante la provisión de financiamiento, tanto en sus etapas de consolidación como en aquellas de crisis.

En torno a mediados del siglo xx, en el contexto de la guerra fría, se afianzó el concepto de desarrollo, el cual dio lugar a múltiples teorías y a la formulación de modelos para perseguirlo. Tales modelos precisaban financiamiento, de modo que se establecieron distintos mecanismos para proveerlo. Este trabajo se restringe a dos modelos que representan en alguna medida la concreción práctica de una formulación teórica, es decir, de un determinado conjunto de ideas. Se examina la interacción de los modelos desarrollista y neoliberal con algunos mecanismos financieros regionales, los cuales además de proveer financiamiento, soportaron el respectivo modelo. Tales modelos, en consideración del cuestionamiento al carácter concreto del desarrollo, así como de la decisión política que marcó su formulación e implementación, en este trabajo se denominan modelos políticos. Cabe mencionar que esto no implica obviar las dimensiones económica y social. Asimismo, es importante precisar que en el siglo xx en líneas generales es posible hablar de un modelo en América del Sur limitado a cierta época, pero los países revisten especificidades. Por esta razón, se toman dos países como casos de estudio, Ecuador y Perú en su interacción con el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), la Corporación Andina de Fomento (caf), el convenio de pagos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc) sustituido por el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y el Fondo Andino de Reservas convertido en Fondo Latinoamericano de Reservas (Flar). Cabe mencionar que debido a las limitaciones de espacio no es posible abordar en detalle toda la historia del periodo en análisis. Se revisa de manera general cada modelo, así como los mecanismos financieros regionales que interactuaron con el mismo y a continuación, se examinan los casos de Ecuador y Perú.

El concepto de desarrollo se inserta en el orden de posguerra, por tanto, en los esfuerzos de contención del comunismo (Escobar, 2014; Nustad, 2004). Comenzó a asumirse como una noción concreta y objetiva (Nustad, 2004), pero, en realidad, se trata de un "régimen de representación", es decir, una "invención que […] moldeó ineluctablemente toda posible concepción de la realidad y la acción social de los países que desde entonces se conocen como subdesarrollados" (Escobar, 2014, p. 47). De este modo, el desarrollo se convirtió en "una certeza en el imaginario social" (Escobar, 2014, p. 51).

En principio, en las décadas de 1940 y 1950, el objetivo era la modernización, la cual se alcanzaría mediante procesos de industrialización y urbanización, para lo que se requería capital (Escobar, 2014). En consecuencia, se recomendaba lo siguiente: acumulación de capital, industrialización deliberada, planeación del desarrollo y ayuda externa (Escobar, 2014, p. 132). Asimismo, entre las décadas de 1950 y 1960 alcanzó relevancia el planteamiento de Rostow acerca de una serie de etapas necesarias para alcanzar el desarrollo (Escobar, 2014, p. 133).

En este contexto de formulaciones acerca del desarrollo inicia la participación de la Comisión Económica para América Latina (cepal) y del bid. De la primera de estas entidades surgió el estructuralismo, el cual sustentó teóricamente al llamado modelo desarrollista. Dicho modelo comenzó a tomar forma durante los años treinta, como respuesta ante las afectaciones derivadas de la crisis en Estados Unidos. Entonces algunos países, tales como Argentina y Brasil iniciaron un proceso de industrialización para sustituir las importaciones que se encontraban restringidas (Escobar, 2014; Rodríguez, 1977). No obstante, esto no ocurrió en todos los países, por ejemplo, en Perú y Ecuador se implementó cierto modelo desarrollista entre las décadas de 1960 y 1970. Esto es, precisamente en la época cuando la teorización cepalina se encontraba en declive (Kay, 1989).

La teorización estructuralista no cuestionó la realidad del desarrollo; sin embargo, puso en duda la validez de varias teorizaciones dominantes, por ejemplo, la modernización (Bértola y Ocampo, 2013), el planteamiento de las ventajas comparativas (Cypher y Dietz, 2009) y se apartó de la concepción del subdesarrollo y el desarrollo como etapas sucesivas de un mismo proceso. El cuestionamiento en este último caso se fundamentó en una comprensión del mundo en términos de una estructura económica con un centro y una periferia (Prebisch, 1996), separados por una brecha en el nivel de desarrollo, la cual se reforzaba por las características del comercio internacional, debido al "deterioro de los términos de intercambio", es decir, la pérdida de valor de las materias primas frente a las manufacturas (Sunkel, 2000, p. 34). A lo anterior, se sumaba la difusión del "progreso técnico" rápida y uniforme en el centro y lenta e irregular en la periferia, lo cual incrementaba las brechas (Rodríguez, 1977). Se entendía el desarrollo económico como "aumento del bienestar material, normalmente reflejado en el alza del ingreso real por habitante" (Rodríguez, 1977, p. 205) y se proponía un proceso de industrialización en un modelo de "desarrollo hacia adentro" (Prebisch, 1996; Rodríguez, 1977). No obstante, el modelo no se restringió a una industrialización sustitutiva de importaciones, sino que se promovía una "nueva base industrial" bajo la conducción del Estado (Cypher, 2011, p. 66). Además, se confirió importancia al mercado interno, la "promoción de exportaciones" y la "integración regional" (Bértola y Ocampo, 2013, pp. 170-171, 192).

Por otra parte, desde América del Sur había la conciencia de la necesidad de financiamiento, por lo que durante varias décadas se planteó a Estados Unidos la creación de un banco regional (Marichal, 2014, p. 223). Pero, su establecimiento en 1959 se inscribió en el objetivo de contener el avance del comunismo, en particular, frente a la apercepción de la amenaza de la revolución cubana (Humphrey, 2012) y se lo vinculó expresamente con el desarrollo al denominarlo Banco Interamericano de Desarrollo. Y calificarlo como "una institución financiera de carácter multilateral y cooperativo destinada a acelerar el desarrollo económico de los países miembros en América Latina" (Banco Interamericano de Desarrollo, 1962, p. 116). El bid se presentaba como proveedor de financiamiento para proyectos concebidos bajo algún entendimiento de desarrollo, pero proporcionaba solo un porcentaje del monto necesario para su ejecución, mientras que lo restante lo aportaba el respectivo país. Cuando el prestatario no era el Estado como tal, este fungía como garante (Banco Interamericano de Desarrollo, 1972). Esta práctica no varió a lo largo de los años (Banco Interamericano de Desarrollo, 2001, p. 36).

Se construyó un "sentido de pertenencia", es decir, que se logró que los llamados países en desarrollo sintieran al banco como propio a pesar de que estuviera controlado por Estados Unidos (Vivares, 2013). El vínculo entre el bid y Estados Unidos se evidencia, por ejemplo, en la Alianza para el Progreso, en cuyo marco dicho país otorgó al bid la administración del Fondo Fiduciario de Progreso Social (Banco Interamericano de Desarrollo, 1962, pp. 117-118). Además, se identifican nexos con la Cepal (Vivares, 2013). En la Alianza para el Progreso, por ejemplo, se confería importancia a la planificación, por lo que se establecieron oficinas de planeamiento mediante cooperación entre el bid, la Cepal y la Organización de Estados Americanos (oea) (Tussie, 1997).

A principios de la década de 1960, es evidente que el bid era cercano a una concepción lineal del desarrollo, pues afirmaba que América Latina era una región atrasada que necesitaba acceder a "etapas más modernas" (bid, 1961). No obstante, durante dicha década el bid ofreció soporte al modelo desarrollista mediante la provisión de financiamiento para áreas productivas donde se incluyeron los sectores industrial, agrario y minero, así como para áreas sociales que comprendían agua potable, saneamiento, educación y vivienda. Estas últimas no constituían la prioridad del banco, sin embargo, fue su principal financiador (Tussie, 1997, p. 82). Cabe anotar que el primer préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (1962, pp. 12, 36) correspondió a agua y saneamiento y tuvo como beneficiaria la ciudad peruana de Arequipa en 1961, mientras que la República del Perú constó como fiadora (Tussie, 1997). A lo anterior se suma la cercanía a los procesos de integración regional, los cuales estaban asociados con planteamientos cepalinos (Vivares, 2013). Dicha cercanía se advierte, por ejemplo, en el otorgamiento de recursos al Acuerdo de Cartagena para estudios sobre industria y transporte (Banco Interamericano de Desarrollo, 1972, p. 32).

La importancia alcanzada por el bid en la década de 1960 derivó de que ofertaba préstamos a largo plazo sujetos a tasas de interés inferiores a las de otras fuentes (Marichal, 2014, pp. 220-221). Pero, durante la década de 1970 se replegó en favor de la banca privada internacional. La expansión de esta última obedeció a la mayor oferta de financiamiento, pues se procuró canalizar los grandes volúmenes de recursos provenientes de la exportación petrolera que depositaban los países árabes (Marichal, 2014). Además, se atribuye la preferencia por el financiamiento procedente de estas entidades privadas al no condicionamiento sobre objetivos de desarrollo como ocurría con los recursos provenientes de la Alianza para el Progreso (Vivares, 2013). También se relaciona el indicado repliegue con la vinculación del bid con algunas ideas que habían perdido preminencia: sustitución de importaciones, intervención gubernamental e integración regional (Tussie, 1997, p. 86), es decir, algunos de los componentes del modelo desarrollista. Entonces el bid se aproximó al Banco Mundial, lo que se reflejó en un menor financiamiento para las áreas social e industrial mediante recursos con algún grado de subvención (Tussie, 1997), así como el consecuente incremento en la provisión de recursos ordinarios para infraestructura (Humphrey, 2012).

En esta década comenzó a operar la caf en calidad de institución financiera subregional perteneciente al Acuerdo de Cartagena, por tanto, encargada de contribuir al avance de tal proceso de integración (Corporación Andina de Fomento, 1973, 1981). No obstante, en los países miembros considerados de menor desarrollo –Ecuador y Bolivia–, la corporación podía "actuar tanto en proyectos de carácter nacional [con] influencia mediata e inmediata en el proceso de integración" y en aquellos "relacionados con las asignaciones otorgadas a esos países en virtud de las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena", mientras que en los restantes solo le era posible trabajar "en proyectos con un claro contenido de integración, tales como los relativos a los programas sectoriales de desarrollo industrial y los de racionalización de la industria existente" (Corporación Andina de Fomento, 1973, p. 35). Durante sus primeros años tuvo una participación reducida debido a la dificultad de captar recursos adicionales a su capital a pesar de sus esfuerzos (Corporación Andina de Fomento, 1976, p. 16).

La corporación ofreció cierto soporte al modelo desarrollista a través de la concesión de financiamiento para llevar adelante varios proyectos productivos inscritos en los sectores agropecuario e industrial. Los recursos se canalizaron hacia la empresa privada en el marco de la programación industrial del Grupo Andino (Corporación Andina de Fomento, 2017, p. 25). Pero, en el contexto de la crisis de la década de 1980 se distanció de la programación industrial y se aproximó al modelo seguido por el bid. Además, los préstamos no estaban ciñéndose al objetivo de la integración, por lo que se decidió ampliar el alcance de la institución hacia otras temáticas (Humphrey, 2012).

Dentro del Acuerdo de Cartagena también se estableció el Fondo Andino de Reservas en 1978 (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 2009, p. 29). Este constituyó un mecanismo para enfrentar los desequilibrios de las balanzas de pagos y se asentó sobre la concesión de "créditos de liquidez" (Carrasquilla, 2014, pp. 204-205). Es decir que el Fondo Andino de Reservas puede entenderse como un mecanismo de soporte en épocas críticas.

Adicionalmente, corresponde mencionar de manera breve un cuarto mecanismo financiero regional asociado con el modelo desarrollista principalmente en razón de su pertenencia a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la cual se consideraba cercana a los planteamientos cepalinos, se trata del "mecanismo de compensación de pagos apoyado en un sistema de créditos recíprocos". Se instituyó mediante el Acuerdo de México suscrito en 1965. Para su funcionamiento, los bancos centrales debían establecer convenios bilaterales de crédito recíproco (Asociación Latinoamericana de Integración, 2018, pp. 5-6). Este tenía por objeto fomentar el comercio dentro del bloque al facilitar los pagos (Asociación Latinoamericana de Integración, 2013, p. 5). Por tanto, la contribución de este mecanismo al modelo tiene relación con el respaldo al proceso de integración a través del cual se pretendía construir un mercado regional para superar las limitaciones de los pequeños mercados nacionales.

En 1980, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio fue sustituida por la Aladi por lo que fue necesario incorporar el mecanismo de pagos a la nueva organización. En 1982, se suscribió el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos (Asociación Latinoamericana de Integración, 2018, p. 8; Pérez, Titelman, y Cipoletta, 2013, p. 18). La principal diferencia con el mecanismo anterior fue la adopción de un único texto, el cual remplazó la red de "convenios bilaterales", si bien, se continuó concertando "los montos de las líneas de crédito recíproco" mediante acuerdos bilaterales (Asociación Latinoamericana de Integración, 2018, p. 8). La crisis ocasionó una disminución del comercio dentro de la asociación, lo cual se reflejó en una menor utilización del mecanismo, en particular en el periodo entre 1982 y 1988 (Aguirre, Narváez, y Sancho, 2016, p. 10); en tanto que 1989 fue el año en que alcanzó su mayor volumen de operaciones, 90.9 % del comercio dentro de la Aladi (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 2009, p. 47).

Como ya se mencionó, Ecuador no se encontraba entre los países que implementaron el modelo desarrollista en la década de 1930, aún más, Villalobos (1985, p. 245) señala que en el país tuvo lugar una "industrialización tardía y postrera". La Cepal realizó un estudio económico sobre Ecuador en la década de 1950, lo que muestra su influencia en ese país para entonces. En dicho estudio (Cepal, 2013) se recomendaba tanto avanzar hacia una industrialización sustitutiva de importaciones como reforzar la agricultura extensiva mediante la tala de bosques. Adicionalmente, esta entidad contribuyó al establecimiento de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (Junapla) que, de acuerdo con Juan Paz y Miño (2019), proyectó el pensamiento cepalino en Ecuador. Por otra parte, la dictadura militar de 1963 a 1966 revistió un carácter nacionalista, incluso llevó adelante el proceso de reforma agraria, no obstante, era anticomunista (Oleas, 2019), lo cual evidencia que persistía el objetivo de contención del comunismo a través de ciertos entendimientos de desarrollo.

Entre las décadas de 1960 y 1970 se configuró un modelo cercano al desarrollismo, si bien, los criterios respecto a sus características son disímiles. En la década de 1960, Ecuador atravesó un periodo de inestabilidad política, sin embargo, existió una mayor presencia estatal que se tradujo en soporte para la producción principalmente de bienes de consumo (Villalobos, 1985, pp. 254, 262). Por otra parte, comenzaron a tener importante presencia el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (fmi), el bid y la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid) (Acosta, 2001, p. 111). Por ejemplo, se aprecia la contribución del bid en el área productiva, pues otorgó financiamiento, con Ecuador como fiador, a la Comisión Nacional de Valores, la cual se encargaba de entregarlos al sector privado. Parte de estos recursos se destinaron a las actividades de producción de aceite de palma y de ganado lanar (Banco Interamericano de Desarrollo, 1962). Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (1972) concedió recursos para infraestructura eléctrica, de riego y para control de inundaciones.

Entre 1972 y 1975, en Ecuador hubo una nueva dictadura militar encabezada por el general Rodríguez Lara con un discurso nacionalista revolucionario (Oleas, 2013, p. 30). En 1972 inició la explotación petrolera en la Amazonía (Salgado, 1989, p. 56). Debido al auge en los precios, se generaron grandes volúmenes de recursos en particular hasta 1974, los cuales fueron percibidos por el Estado, ya que mantuvo la propiedad sobre el petróleo y realizó algunas acciones para su administración, tales como la creación de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana; la afiliación a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en 1973; la elevación del precio de referencia del crudo; la recuperación para el Estado de aproximadamente 80% del área concedida a compañías extranjeras –alrededor de 90 000 kilómetros cuadrados– y la revisión de contratos y exigencia de tributos a las petroleras (Báez, 1989, p. 150). Tales ingresos se destinaron al proceso de industrialización, lo que incluyó proveer recursos al sector privado junto con otras concesiones. Asimismo, se trabajó en la construcción de infraestructura y en la provisión de servicios sociales (Báez, 1989) con la consecuente mejoría de algunos indicadores tales como la alfabetización y la esperanza de vida (Oleas, 2013, p. 97). Además, se recibieron importantes volúmenes de capitales extranjeros (Báez, 1989).

En cuanto a la industria, cabe anotar que se adoptaron medidas proteccionistas que tenían por objeto contribuir a su crecimiento, pero los empresarios industriales preferían conservar los beneficios estatales (Lefeber, 1985, p. 23). Así, Villalobos (1985, p. 264) señala que el Estado intentó "la creación o el reforzamiento, de esa débil burguesía industrial", lo que no se logró, sino que se consolidó una "oligarquía ociosa" que se servía del Estado (Acosta, 2001, p. 135). Por otra parte, los importadores opusieron obstáculos a la industrialización sustitutiva de importaciones (Paz y Miño, 2019). Es importante anotar que la producción se concentró en bienes de consumo (Villalobos, 1985, p. 265, 270-271) y no se alteró la base primario-exportadora de la economía a pesar del significativo crecimiento industrial (de 10% en promedio) que superaba el crecimiento del producto interno bruto (8% en promedio) (Acosta, 2001). También se recurrió al crédito externo, el cual procedía mayormente de fuentes oficiales (Moncayo, 1985, p. 421) y se manejó de manera "cuidadosa y moderada" (Moncayo, 1985, p. 422).

Respecto a este periodo, se evidencia que el bid proveyó soporte al modelo mediante el otorgamiento de recursos para el sector eléctrico, así como para la realización de estudios sobre proyectos de inversión relacionados con la concreción de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de 1973-1977, además de otros estudios en distintas áreas, a lo que se sumó la provisión de cooperación técnica al Banco Nacional de Fomento y a la Junapla (Banco Interamericano de Dessarrollo, 1975).

En la segunda mitad de la década de 1970, bajo otro gobierno militar, hubo un repliegue del Estado, incremento de las importaciones y de la deuda externa (Moncayo, 1985; Oleas, 2013). Esta última correspondía en buena medida a deuda privada y procedía principalmente de la banca privada internacional (Moncayo, 1985). Entonces se adoptó una "política de endeudamiento agresivo" (Oleas, 2013, p. 69), la cual ocasionó que en esta década los volúmenes de endeudamiento se multiplicaran por treinta (Estay, 1996, p. 120). A estos montos elevados se sumó el incremento de las tasas de interés (Marichal, 2014), por lo que comenzó a contratarse nuevo endeudamiento para cumplir los pagos vencidos (Moncayo, 1985, p. 422).

Por su parte, durante esta década de 1970, la caf otorgó recursos a Ecuador bajo cierta alineación con el modelo vigente. En 1972, por ejemplo, concedió financiamiento para proyectos industriales (cristalería, licor de cacao, producción de té y elaboración de brocas de acero). La Comisión de Valores-Corporación Financiera Nacional figuraba como prestataria y se encargaba de direccionarlos a la empresa privada (Corporación Andina de Fomento, 1973, p. 28). Asimismo, dentro de la programación industrial andina se aprobó financiamiento para la compañía anónima Optimus Andina, el cual estaba destinado a cubrir parte de un proyecto de producción de "reverberos, lámparas para soldar y linternas a kerosene petróleo" (Corporación Andina de Fomento, 1976, pp. 34-35). Además, en 1977 se abrió una línea de crédito a favor de la Comisión de Valores-Corporación Financiera Nacional por la suma de 10 000 000 de dólares y se concedieron préstamos a la Compañía de Desarrollo Forestal y Ganadero S. A. por 2 200 000 dólares (Corporación Andina de Fomento, 1978, p. 10).

Probablemente el último intento de implementar un modelo desarrollista se localiza en el gobierno de Jaime Roldós electo en 1979. Su sucesor, Hurtado, partió de dicho modelo, pero luego se apartó del mismo (Paz y Miño, 2019).

En el caso de Perú, también se instauró cierto modelo desarrollista alrededor de la década de 1960, aunque se advierten desacuerdos entre los autores respecto a las configuraciones específicas. En cuanto al bid, es evidente un grado de respaldo al sector privado. Entre las receptoras de los fondos del banco figuran la Compañía Peruana de Cemento Portland S. A. y la Cooperativa de Crédito Central del Perú (Banco Interamericano de Desarrollo, 1962, pp. 12, 31, 129). Asimismo, se brindó "asistencia técnica rembolsable" a la empresa pública Corporación Peruana de Vapores (Banco Interamericano de Desarrollo, 1962, pp. 39, 41).

A principios de la década de 1960, durante el gobierno de Belaúnde se atendieron las áreas: educativa, sanitaria y de infraestructura. Se evidencia un importante incremento industrial, pero también crecieron las importaciones (Pastor, 2014). Además, parte significativa de la industria era de propiedad extranjera (Jiménez, 2010, p. 284).

En 1968, un golpe militar dio inicio a la dictadura del general Velasco Alvarado (Kuramoto y Glave, 2014, p. 110). Respecto a este periodo, se advierte cierto acuerdo en que se configuró un modelo desarrollista (Contreras y Cueto, 2007; Jiménez, 2010). Según Carlos Contreras (diciembre de 2019), el gobierno mantenía asesores civiles, quienes transmitieron los planteamientos cepalinos. El modelo incluyó industrialización sustitutiva de importaciones (Contreras y Cueto, 2007; Kay, 1989), la cual estuvo acompañada por medidas de protección para la industria interna y un esfuerzo para diversificar las exportaciones primarias (Contreras y Cueto, 2007). Se consolidó una alta intervención estatal a través de un significativo número de empresas, algunas de las cuales habían sido expropiadas (Kay, 1989), lo que implicó una menor participación privada (Contreras y Cueto, 2007) y de capitales extranjeros (Jiménez, 2010). Se pretendía que el financiamiento para la industrialización proviniera de las exportaciones. Las mencionadas expropiaciones tenían por objeto acceder a estos recursos, pero no se alcanzaron los resultados esperados, de modo que se buscó deuda externa, cuyas cifras también se incrementaron como consecuencia del alto gasto militar (Contreras, 2019). Si bien se logró un importante crecimiento industrial, incluso superior al del pib, la exportación de bienes primarios continuó siendo importante (Jiménez, 2010).

Al igual que en el caso ecuatoriano, no se consiguió establecer un empresariado que soportara el proceso, sino que este lucraba del Estado (Jiménez, 2010). Por ello, Jiménez (2010, p. 287) afirma que "los capitalistas peruanos ganaban lo que gastaba el Estado". Por otra parte, Contreras y Cueto (2007, p. 348) sostienen que se implementó "una política independiente de los Estados Unidos", aunque persistió la vulnerabilidad externa de Perú (Jiménez, 2010). Asimismo, se efectuó una reforma agraria (Contreras y Cueto, 2007; Kay, 1989), la cual tuvo varios inconvenientes, no obstante, según Contreras y Cueto (2007, p. 348), prácticamente se liquidó la "oligarquía latifundista". Todo esto derivó en un debilitamiento del agro (Contreras y Cueto, 2007, p. 348) y en la necesidad creciente de importar alimentos (Pastor, 2014).

En esta época se evidencia cierto soporte por parte del bid al modelo peruano. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (1972, pp. 25, 28, 66) otorgó financiamiento para caminos y carreteras, para "un programa de crédito destinado a beneficiar a los agricultores participantes en el plan de reforma agraria" (1972, pp. 23, 65), para agua potable y alcantarillado y para "desarrollo turístico" (Banco Interamericano de Dessarrollo, 1975). Además, brindó "asistencia técnica no rembolsable" al Instituto Nacional de Planificación (Banco Interamericano de Desarrollo, 1972, p. 67).

Por su parte, la caf concedió financiamiento para una planta de sacos de yute por 1 700 000 dólares (Corporación Andina de Fomento, 1973, p. 28) y abrió una línea de crédito por 6 000 000 a favor de la Corporación Financiera de Desarrollo (Corporación Andina de Fomento, 1976, p. 23). Asimismo, otorgó financiamiento a la Empresa Minera de Perú (Corporación Andina de Fomento, 1973, p. 29) y para la producción de evaporadores y de reguladores automáticos de voltaje, productos correspondientes a Perú dentro de la programación industrial andina (Corporación Andina de Fomento, 1976, pp. 35-36).

En 1975, mediante un golpe interno, comenzó una nueva fase del gobierno militar bajo la conducción de Morales Bermúdez. Esta fase significó el declive del modelo desarrollista (Contreras y Cueto, 2007, p. 342; Marichal, 2014, p. 235). Al año siguiente se desencadenó una crisis, la cual se enfrentó a través de medidas de carácter neoliberal. Tales medidas integraban las condiciones de un crédito con varios bancos estadunidenses. En 1977, Perú recurrió al fmi (Estay, 1996, p. 121). A principios de la década de 1980, Fernando Belaúnde volvió a la presidencia de la república peruana (Contreras y Cueto, 2007). En este periodo se mantuvieron las acciones neoliberales bajo dos acuerdos con el fmi (Marichal, 2014).

Desde 1985 en cierta medida se retornó al modelo desarrollista con la adopción de medidas proteccionistas (gobierno de Alan García). Pero, después de los primeros buenos resultados, se desencadenó otra crisis (Contreras y Cueto, 2007; Vaca, 2023). Se restringió el crédito externo para Perú debido a la decisión de García de limitar los pagos por el servicio de la deuda (Campodónico, 1997). Al término de este gobierno se reanudaron los pagos al fmi (Contreras y Cueto, 2007). La grave situación del país se caracterizó por una fuerte caída del pib, la cual estuvo acompañada por hiperinflación, desempleo, pobreza y atentados terroristas, lo que derivó en grandes flujos emigratorios (Contreras y Cueto, 2007, pp. 359, 363). El desastroso contexto se utilizó para sustentar la imagen de fracaso del modelo desarrollista, así como para posicionar la conveniencia de implantar el modelo neoliberal (Jiménez, 2010, pp. 25-26). Tal postura se evidencia, por ejemplo, en documentos del Banco Interamericano de Desarrollo (2002, p. 1).

En la base del neoliberalismo se encuentra un conjunto de ideas, las cuales se proyectan hacia la práctica a través de modelos políticos concretos (Cahill, 2014). Suele aludirse a una estrategia neoliberal de desarrollo, cuyos componentes son la estabilización macroeconómica y las reformas estructurales, las cuales comprenden la liberalización económica y el repliegue del Estado en favor del sector privado (Carcanholo, 2019). En consecuencia, el supuesto básico era eliminar la intervención del Estado, de modo que el mercado condujese la actividad económica. Aún más, la intención era suprimir las barreras para la actividad comercial y para la circulación de capitales, es decir, una apertura hacia el mercado internacional (Guillén, 2010; Kay, 1989). Por esta razón, se hablaba de un desarrollo con una "orientación hacia afuera" (Kay, 1989, p. 28) o "desarrollo hacia afuera" (Marí, 2018; Ramos, 1997). Cabe anotar que esta denominación se empleaba para referirse al modelo primario-exportador previo a los procesos industrialistas (Velasco, 1981), lo cual da cuenta de que en lugar de un nuevo modelo se verificó una restauración del antiguo.

El modelo neoliberal evidencia que el desarrollo no posee carácter concreto, pues se emplea este concepto con objetivos contrapuestos a los perseguidos por el desarrollismo. Para el desarrollismo eran importantes las políticas públicas, en particular aquellas relacionadas con la industria y la planificación, mientras que durante el auge neoliberal estas se descartaron, incluso se planteó un retiro del Estado (Marí, 2018) a pesar de que se le atribuye la responsabilidad de atender las condiciones macroeconómicas y proteger normativamente al sector privado (Guillén, 2010). Entonces se procuró presentar al desarrollo como consecuencia natural del crecimiento económico fruto de la apertura de la economía (Guillén, 2010). Pero, la historia ha mostrado que el crecimiento económico no resuelve los problemas sociales de manera automática. Se pretendió hacer aparecer a las esferas política y económica como autónomas, es decir, un proceso de despolitización, pero, en realidad, no existía tal separación, sino solo un ocultamiento de la dimensión política, pues, como señala Guillén (2010), el Consenso de Washington además de la adhesión a sus prescripciones, "significó un compromiso político, una alianza de clases entre el capital financiero globalizado y los gobiernos de los centros con las elites y gobiernos de la periferia". Por consiguiente, se refuerza el planteamiento de que el neoliberalismo constituye un modelo político y no un modelo de desarrollo.

Este modelo se instauró en Chile en la década de 1970 bajo la dictadura militar y a continuación, se transfirió a los otros países (Catz, 2019). El contexto propicio para su instauración fue la crisis de la deuda de la década de 1980 que derivó de la conjugación de varios factores. En primer término, la región había recibido elevados montos de deuda, cuyas tasas de interés se incrementaron a principios de la década (Marichal, 2014). A esto se sumó la caída de los precios de las materias primas y la disminución de las exportaciones como consecuencia de la recesión económica mundial (Kay, 1989, p. 45). No obstante, se procuró hacer aparecer a la crisis como resultante del fracaso del modelo desarrollista.

Se utilizó la deuda como medio para transferir el modelo neoliberal, ya que el gobierno estadunidense y el fmi se encargaban de las renegociaciones y a continuación, colaboraban el Banco Mundial y el bid. A condición de establecer ajustes de tipo neoliberal, Se concertaban nuevos créditos que no se entregaban al deudor, sino que se destinaban a cancelar las cuotas vencidas. Posteriormente, incluso se capitalizaron los intereses, de modo que los montos de endeudamiento continuaron en aumento. Por ejemplo, en 1982 Ecuador adeudaba 3 500 millones de dólares y en 1989, 11 000 millones (Marichal, 2014). Asimismo, se establecieron las llamadas condicionalidades cruzadas, lo que revela la coordinación entre las instituciones financieras internacionales (Meller, 1989).

En la segunda mitad de la década de 1980 se propusieron los planes Baker y Brady, cuya ejecución se condicionó al establecimiento de reformas neoliberales (Stallings, 2014; Suárez, 2003). En la instauración del plan Brady participó el bid (Vivares, 2013), lo cual evidencia su participación en la transferencia del modelo neoliberal. En la década de 1990, esta institución recuperó relevancia para la región como proveedor de financiamiento y de asistencia técnica (Scheman, 1997; Vivares, 2013). No obstante, el objeto no tenía relación con concretar algún entendimiento de desarrollo, sino con la implantación del modelo neoliberal (Vaca, 2023). Por esta razón, Scheman (1997, p. 90) afirma que el bid se enfocó en "convertir al Estado latinoamericano de un modelo de sustitución de importaciones a uno que está conducido por las exportaciones, desde una economía controlada por el gobierno a una que está conducida por el mercado".

Asimismo, es relevante mencionar que el bid se mantuvo cercano a Estados Unidos como lo revela su participación en la Iniciativa para las Américas (Tussie, 1997, pp. 136-137). Además, la incidencia política del bid se viabilizó a través de préstamos sujetos a condicionalidades, los llamados "préstamos para reformas de política" que comenzó a otorgar en 1992 (Tussie, 1997, pp. 66, 89, 146-147).

En los últimos años de la década, el bid seguía defendiendo el modelo. Señalaba que las reformas habían evitado un mayor deterioro, por tanto, se precisaba su profundización. Aseguraba, por ejemplo, que las reformas laborales eran insuficientes y no permitían mayor generación de empleo (Talvi et al., 1997). Destaca que se explicitaba la necesidad de implementar mejorías en la educación, así como promover acciones encaminadas hacia una redistribución económica, en un reconocimiento de que las reformas no disminuirían la inequidad por sí mismas (Talvi et al., 1997), lo que constituye un avance frente a los planteamientos acerca de los beneficios automáticos de la liberalización. No obstante, se continuaba defendiendo el modelo al afirmar que las reformas evitaban que la desigualdad se profundizara (Talvi et al., 1997), a pesar de que esto no se evidencie. En el caso ecuatoriano, Acosta y Falconí (2005, p. 30) relevan que para fines de siglo se experimentó una "reconcentración del ingreso y la riqueza".

Por su parte, en el contexto de la crisis de la deuda, la caf y el Fondo Andino de Reservas ofrecieron soporte a sus miembros (Titelman, 2006), por lo que reforzaron su papel en la región a pesar de sus recursos limitados. La caf incluso proveyó recursos para infraestructura, por ejemplo, a Ecuador para construir la hidroeléctrica Agoyán (Corporación Andina de Fomento, 2016). En esta época, la corporación logró liquidez mediante la acumulación de reservas e inició acercamientos con el mercado internacional de capitales, donde proyectó una imagen de fiabilidad basada en que sus miembros no habían incumplido sus obligaciones con ella a pesar de las dificultades que experimentaron (Humphrey, 2012), a lo que se sumó una consideración de gestión técnica (Barrera, 2020).

Durante los primeros años de la década de 1990 la caf se aproximó a la configuración del bid (Barrera, 2020). Se diversificaron las áreas financiadas: "infraestructura, desarrollo social, medio ambiente, profundización de los mercados de capital, apoyo a actividades industriales, mineras y de turismo y fortalecimiento institucional" (Corporación Andina de Fomento, 2017, p. 30). Otro cambio importante fue la calificación grado de inversión, con la que cuenta desde 1993 (Corporación Andina de Fomento, 2017). Además, se amplió su alcance con la incorporación de países no pertenecientes al grupo andino (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 2009, p. 26). Según Enrique García (2014, p. 4), presidente ejecutivo de la corporación entre 1991 y 2017, esto significó una expansión de "su vocación integracionista", en tanto que, para Alan Fairlie (2020), parlamentario andino 2016-2021, la corporación se distanció de la integración regional y se convirtió en un banco sujeto a negocios y rentabilidad.

Cabe destacar que la caf también se alineó con el modelo neoliberal. Así, propugnaba la continuación del proceso de reformas (Corporación Andina de Fomento, 1999, p. 10). Ante las crisis de fines de siglo, la Corporación Andina de Fomento (2000, pp. 7, 29) persistió en su defensa del modelo, si bien, reconocía que no era conveniente avanzar de manera acelerada en la ejecución de las reformas, sostenía que no se había retrocedido en las mismas; aún más, aseguraba que en la región permanecía el compromiso para profundizarlas, lo cual planteaba como necesario para mejorar el entorno competitivo. Adicionalmente, la Corporación Andina de Fomento (2000, p. 29) exaltaba los supuestos beneficios del comercio abierto, asegurando que la apertura económica incrementa el bienestar, lo que se entendía como acceso a una multiplicidad de bienes, por lo que calificaba a la liberalización como un logro. Aparentemente se obviaba que el ingreso al país de tales bienes no implica que se encuentren al alcance de las mayorías, por tanto, no es equiparable con bienestar. La mencionada construcción ideacional se tradujo en términos materiales en provisión de financiamiento para llevar a efecto las reformas con especial interés en las privatizaciones (Corporación Andina de Fomento, 1999, pp. 17-18, 2000, pp. 13-16, 2001, pp. 14, 16, 18). Adicionalmente, la Corporación Andina de Fomento (2000, 2001, p. 15) respaldó al sector privado a través de la entrega de recursos a entidades financieras públicas, las cuales debían dirigirlo a este.

En el caso del Fondo Andino de Reservas, recibieron recursos todos sus miembros. Por ejemplo, Ecuador y Perú accedieron varias veces al soporte para balanza de pagos brindado por esta entidad (Morón, 2014; Ocampo, 2014). En 1988 se decidió ampliar el alcance del Fondo mediante la admisión de países no pertenecientes al área andina, por lo que se convirtió en Fondo Latinoamericano de Reservas (Congreso de la Unión. Paraguay, 1988).

Durante las crisis de fines de la década de 1990 el Flar proporcionó soporte a sus miembros (Ocampo, 2014). Conservó su relevancia debido a su rápida respuesta, la cual, además, no se sujeta a condicionalidades. A lo anterior se suma su calidad de acreedor preferente, pues sus miembros no dejaron de cumplir sus obligaciones con este mecanismo (Carrasquilla, 2014). Sus funciones consisten en proporcionar apoyos de balanza de pagos; mejorar las condiciones de inversión de reservas de los países miembros y contribuir a armonizar las políticas cambiarias, monetarias y financieras de dichos países (Ocampo, 2014, p. 158).

En cuanto al último mecanismo financiero regional revisado, cabe anotar que no consiguió adaptarse al contexto neoliberal, por lo que en la década de 1990 su acción disminuyó seriamente, tanto que la utilización del convenio no creció a pesar del incremento del intercambio comercial dentro de la Aladi (Aguirre, Narváez, y Sancho, 2016, p. 10). En 2003, se registró el nivel más bajo, únicamente se canalizó por este mecanismo el 1.5% del mencionado comercio intrabloque (Pérez, Titelman, y Cipoletta, 2013, p. 35). Esta pérdida de espacio se atribuye tanto a la mayor apertura económica como a que varios bancos centrales levantaron la obligación de emplearlo (Damico, 2011; Pérez, Titelman, y Cipoletta, 2013, p. 35), por tanto, no se trató de una consecuencia automática del modelo, sino que, además, habría incidido una decisión concreta.

Por otro lado, cabe recordar que la Cepal también realizó esfuerzos para mantenerse vigente. Durante la década de 1970, esta entidad comenzó a formular el llamado neoestructuralismo. Se intentó presentarlo como un avance teórico, pero con raíces en el estructuralismo y en oposición al neoliberalismo (Guillén, 2007). Estos planteamientos se apartaban del neoliberalismo en la medida que consideraban necesaria la participación estatal, pero coincidían con este en su asunción de que al Estado correspondía cuidar del desenvolvimiento del mercado, por lo que se aludía a un "desarrollo desde dentro" (Ramos y Sunkel, 1991). El neoestructuralismo fue propuesto por la NU. CEPAL (1990) en la serie "Transformación productiva con equidad" (Estay, 2012). De acuerdo con Guillén (2007, p. 313), el neoestructuralismo no recuperó el legado estructuralista, pues ignoró algunos de sus planteamientos fundamentales al tiempo que asumía nociones neoliberales. Por ejemplo, se distanció del análisis de la estructura centro-periferia (Osorio, 2003). Se afirma que el neoestructuralismo no se oponía a los postulados del neoliberalismo, sino que pretendía gestionar su impacto social (Braña, 2016, p. 44). Cabe anotar que, de acuerdo con Estay (2012, p. 240), en la región prevaleció el neoliberalismo.

En 1982, Ecuador se encontraba inmerso en la crisis de la deuda. Con objeto de acceder a las renegociaciones y a nuevos créditos, se estableció un programa de ajuste con el fmi (Moncayo, 1985, pp. 422-423) y en el periodo 1984-1988 se suscribieron tres cartas de intención con este organismo (Oleas, 2013). Cabe anotar que el bid condicionaba el otorgamiento de créditos a Ecuador a la suscripción de un acuerdo con el fmi, requerimiento que persistió hasta el distanciamiento del país respecto del fondo en el siglo xxi (Oleas, 2019). Moncayo (1985, p. 422) explica que la intención del ajuste era obtener recursos para servir la deuda, lo que evidencia que no había una perspectiva de desarrollo.

Mediante el mencionado programa inició la instauración del modelo en el país, la cual se llevó adelante de manera irregular. En este proceso se aprecia la distancia entre los supuestos teóricos y los modelos concretos, puesto que al tiempo que se proclamaba el retiro del Estado, se exigió al Estado ecuatoriano asumir la deuda externa de carácter privado y convertirla a moneda nacional (Moncayo, 1985). Este proceso se denominó sucretización y se ejecutó principalmente durante 1984 (Acosta, 2001). Por otra parte, el Estado se encargó de la conducción del modelo y lo hizo funcional para la empresa privada (Oleas, 2013), razón por la cual, Juan Paz y Miño (2019) lo denomina modelo empresarial neoliberal. Por consiguiente, la instrumentalización del Estado en favor de los intereses de determinados grupos de poder se ejecutó por presión externa y por acciones internas.

Entre fines de la década de 1980 e inicios de la de 1990 continuó la instauración del modelo de manera más consistente (Banco Interamericano de Desarrollo, 2004; Oleas, 2013). Entonces se procuró replegar al Estado a través de un proceso de privatizaciones (Acosta y Falconí, 2005). Como se había señalado, el neoliberalismo constituyó un retorno hacia el modelo primario-exportador. Así se verifica en el caso ecuatoriano donde se favoreció la producción de materias primas para ser exportadas, con el consecuente descuido tanto de la industria como del mercado interno, es decir, se reprimarizó la economía (Oleas, 2013; Acosta y Falconí, 2005).

En esta época, parte del discurso se asentó sobre la modernización del Estado, proceso para el cual se promulgó una ley que fue promovida tanto por el bid como por la caf (Oleas, 2017, pp. 233-234). Con el término modernización se aludía a un conjunto de medidas neoliberales, tales como desregulación financiera, flexibilización laboral y privatización de sectores fundamentales, telecomunicaciones, hidrocarburos y electricidad (Acosta, 2001, p. 184). Paz y Miño (2019) resume estos planteamientos en términos de "no al Estado, no a los impuestos, no al trabajo regulado".

Por otra parte, la cancelación de la deuda externa ecuatoriana continuó siendo un tema prioritario. En este aspecto es claro que ciertos grupos fueron beneficiados mientras se perjudicaba a Ecuador en su conjunto. Así, a principios de la década de 1990 (gobierno dirigido por Durán Ballén) se renunció a la prescripción de la deuda (Oleas, 2013, p. 254). Además, se ejecutó el plan Brady (1994-1995) (Banco Interamericano de Desarrollo, 2004, punto 1.15), para lo cual se recibieron créditos externos (Suárez, 2003). En 1999 Ecuador dejó de pagar estos bonos, por lo que se efectuó una nueva renegociación y se canjearon los bonos Brady y eurobonos por bonos Global en el año 2000 (Banco Interamericano de Desarrollo, 2004, punto 1.15).

En este periodo, más que una interacción entre el modelo político ecuatoriano y el bid, se advierte un abierto impulso del bid al neoliberalismo. Así lo reconoce el propio banco en uno de sus documentos de evaluación de la programación de país (Banco Interamericano de Desarrollo, 2004). El bid también otorgó créditos a Ecuador para ejecutar proyectos, pero, según Correa (2009, pp. 165-167), estos contratos contenían múltiples irregularidades, entre ellas que su texto era confidencial y que la mayor parte de los recursos se destinaban a cuestiones administrativas. A fines de la década de 1990 se desencadenó una grave crisis, el fmi, el Banco Mundial y el bid pretendían que esta se enfrentara mediante medidas neoliberales tales como: más incentivos al sector privado; achicamiento del Estado; pago de la deuda externa y absoluta apertura al capital extranjero (Moncada, 2000, p. 50). En el año 2000, el bid otorgó financiamiento para implementar reformas de tipo neoliberal bajo la etiqueta de estabilización económica donde se incluía privatizaciones. Adicionalmente, se concedieron 4 500 000 dólares destinados a la focalización de programas sociales (Banco Interamericano de Desarrollo, 2001, p. 48), lo cual puede entenderse como un intento de mitigar el impacto social del modelo neoliberal mediante medidas de asistencia, pues se rechazan las políticas sociales de alcance universal, pero se respaldan los beneficios directos al sector privado. Asimismo, ese año aprobó la concesión de recursos en la modalidad de cofinanciamiento junto con el fmi, el Banco Mundial y la caf por un monto de 2 045 millones de dólares. El objeto era continuar con las acciones neoliberales bajo las etiquetas de "estabilización macroeconómica, fortalecimiento del sistema financiero y reforma del Estado" (Corporación Andina de Fomento, 2001, p. 50).

Según un ex funcionario del bid (abril de 2020), durante el gobierno de Jamil Mahuad el bid ofreció apoyo para fortalecer el sistema financiero. Pero, esta institución respaldó la liberalización financiera a la cual se atribuye la mencionada crisis, por lo que se abre la interrogante sobre el papel de los multilaterales en esta situación (Acosta, 2001, pp. 209-210). En este contexto, de manera contradictoria con los supuestos del modelo, el Estado continuó sosteniéndolo mediante operaciones de rescate de varios bancos antes y durante la crisis (Acosta, 2001, pp. 184, 212-214) y se renunció a la moneda nacional, adoptando el sistema de dolarización (Oleas, 2013; Acosta y Falconí, 2005), a cuya implementación contribuyeron las instituciones financieras internacionales, incluso el bid y la caf (Corporación Andina de Fomento, 2001, p. 50). Puede que el vínculo entre el modelo y la adopción del sistema de dolarización no sea evidente, pero este se encuentra en la eliminación de un posible control monetario y cambiario por parte del Estado. Asimismo, de acuerdo con Acosta (2001, p. 241), por este medio se logró evitar que los gobiernos subsiguientes alteraran el modelo económico. Si bien, en el siglo xxi se procuró instaurar un modelo alternativo, no se recobró la moneda nacional, sino que se intentó administrar las implicaciones de emplear la moneda estadunidense.

Por su parte, la caf proveyó recursos para el área social (Corporación Andina de Fomento, 2017, p. 278) y para infraestructura eléctrica, por ejemplo, para el programa de rehabilitación del parque termoeléctrico nacional y para el "proyecto de saneamiento y rehabilitación de los sistemas de subtransmisión y distribución de las empresas eléctricas" (Corporación Andina de Fomento, 2016, p. 99).

Adicionalmente, Ecuador recibió apoyo importante del Flar (Ocampo, 2014, p. 160). Por ejemplo, en 1995, accedió al "crédito de restructuración de deuda pública externa de bancos centrales", línea que se había creado ese año (Morón, 2014, p. 216).

Los últimos años del siglo xx se caracterizaron por alta inestabilidad política, un profundo deterioro de la calidad de vida con altas cifras de pobreza y emigración (Acosta, 2001, p. 196), de lo que se infiere que bajo este modelo no se perseguía alguna concepción de desarrollo, en consecuencia, no tiene sentido aludir a financiamiento del desarrollo. Sin embargo, en la década de 1990 la deuda externa pasó de 8 000 millones a 16 000 millones de dólares (Marichal, 2014, p. 274).

El modelo neoliberal se afianzó a partir del gobierno de Alberto Fujimori (1990). Cabe anotar que no se trató de una elección democrática de tal modelo, ya que este constituía la propuesta del otro candidato (Dancourt, 1999). Se afirma que el modelo fue respaldado por las fuerzas armadas, las cuales ejecutaron "políticas contrasubversivas y de pacificación" que se emplearon para contener la posible resistencia ante las implicaciones sociales de las acciones neoliberales (Toche, 2008, pp. 277-278).

Se efectuaron las siguientes reformas: liberalización comercial; liberalización de la cuenta de capitales (Jiménez, 2010, p. 171); privatización de empresas públicas como medio para priorizar la inversión privada y extranjera (Contreras y Cueto, 2007, pp. 368, 371); liberalización financiera (Dancourt, 1999, pp. 50, 61-62); eliminación de subsidios y de fijación de precios (Contreras y Cueto, 2007,p. 369), y desregulación del mercado laboral (Pascó-Font, 2000, pp. 38-39). En 1993 el modelo neoliberal se sustentó constitucionalmente bajo el concepto de "economía social de mercado", el cual implicaba el retiro del Estado (Contreras y Cueto, 2007, p. 376).

La instauración del neoliberalismo en Perú significó el desmantelamiento del proceso emprendido por el gobierno de Velasco Alvarado (Contreras y Cueto, 2007; Dancourt, 1999; Jiménez, 2010). Tal desmantelamiento implicó un retorno al antiguo modelo primario-exportador, ya que se dejó al margen la industrialización en tanto que volvió a fomentarse la exportación de bienes primarios, es decir, se reprimarizó la economía (Dancourt, 1999; Jiménez, 2010).

Al igual que en el caso ecuatoriano, el retiro del Estado peruano no se llevó a la práctica, sino que se estableció un aparato estatal "más grande y más fuerte" (Contreras y Cueto, 2007, p. 368). Por supuesto, la reducción de la participación del Estado se concretó en lo relativo a la búsqueda del ideal de desarrollo entendido como mejores condiciones de vida para la mayoría.

Es posible encontrar menciones acerca de los convenientes resultados del modelo, las cuales se relacionan, por ejemplo, con el logro de crecimiento económico (Pascó-Font, 2000, pp. 49-50). Pero, al respecto caben varias precisiones. Se registran cifras de crecimiento en el periodo 1993-1995 y en 1997 (Jiménez, 2010). Dicho crecimiento se atribuye, por una parte, al ingreso de capitales debido a las privatizaciones (Dancourt, 1999, p. 53) y por otra, a la mayor producción pesquera aunada a una mayor demanda externa, es decir, condiciones no vinculadas con las medidas neoliberales (Jiménez, 2010). A lo anterior se suman los cuestionamientos al modelo debido a los deficientes resultados sobre el empleo y la pobreza (Jiménez, 2010). Asimismo, se sostiene que, si bien, se alcanzó una "inserción internacional", esta fue perjudicial debido a que el incremento de las importaciones causó la pérdida de espacio para la producción interna en el mercado nacional, al tiempo que la devaluación ocasionó tal pérdida en el mercado externo (Jiménez, 2010, p. 338).

En este periodo se advierte una completa coincidencia ideacional entre Perú y las instituciones financieras internacionales, lo que en términos materiales se tradujo en respaldo financiero y técnico para llevar adelante las reformas (Banco Interamericano de Desarrollo, 2002; Campodónico, 1997). En primer término, en 1991, Perú reanudó los pagos al bid (Campodónico, 1997, p. 147). Entonces el bid promovió el acercamiento a otros acreedores (Banco Interamericano de Desarrollo, 2002; Tussie, 1997, p. 169) y reanudó su trabajo con el país. El banco refiere que se trató de "un periodo de intensas relaciones", pues se ejecutó "uno de los programas operacionales más activos del decenio" (Banco Interamericano de Desarrollo, 2002, p. 10). Por ejemplo, esta institución brindó apoyo al Ministerio de Economía y Finanzas en lo relativo a la implementación de las condicionalidades que formaban parte de los "préstamos para reformas de política" (Banco Interamericano de Desarrollo, 2002, pp. 11, 42-43).

En el área social, se adoptó una perspectiva asistencialista. Se trataba de un enfoque de mitigación del impacto neoliberal mediante compensaciones. Para ello, se estableció el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social que comenzó a funcionar en 1991 (Pascó-Font, 2000, pp. 42-43). Tanto el Banco Mundial como el bid entregaron recursos para tal fondo (Campodónico, 1997). Este constituye otro de los puntos de coincidencia entre el modelo peruano y el bid, entidad que defendía la provisión de asistencia y aseguraba que, en principio, esta era necesaria, pero que posteriormente el crecimiento económico redundaría en beneficios para los pobres (Campodónico, 1997, p. 165). Por ello, la mitigación de la pobreza figuraba entre las prioridades establecidas por el bid para Perú (Campodónico, 1997).

Las programaciones del bid para Perú muestran el respaldo explícito al modelo neoliberal, pues se contemplaban las llamadas reformas estructurales, privatizaciones y el apoyo al sector privado (Campodónico, 1997). Así, es evidente que para los sectores perjudicados por las reformas se ofrecía únicamente medidas de alivio para contener los reclamos, al tiempo que se proclamaba que debían esperar con paciencia que el crecimiento los alcanzara, mientras los beneficiarios del modelo recibían soporte directo. Pero, no se trata de una contradicción, sino de un reforzamiento del modelo al procurar, por una parte, que los grupos de poder económico puedan seguir incrementando dicho poder y por otra, que no enfrenten significativas oposiciones para ello. Ejemplo del mencionado soporte directo es la entrega de recursos por parte del bid a empresas que operaban concesiones estatales (Banco Interamericano de Desarrollo, 2001, pp. 58-59).

Si bien, entre las prioridades figura la "rehabilitación de los sectores productivos y de infraestructura económica" (Campodónico, 1997, p. 159), no puede olvidarse que estas temáticas también se abordaban con un enfoque de mercado como lo evidencia una propuesta del bid para el sector agrario, en la cual se contemplaba la "eliminación de subvenciones" y la incorporación del financiamiento privado en el riego, incluso a través de "derechos de aguas negociables", lo cual no se efectivizó debido a los conflictos derivados de tal pretensión (Banco Interamericano de Desarrollo, 2002, p. 31). Finalmente, entre las prioridades también se consideraba el "fortalecimiento institucional" (Campodónico, 1997, p. 159), respecto al cual cabe mencionar que tenía por objeto asegurar que el Estado sostuviera el modelo.

El acercamiento entre Perú y las instituciones financieras internacionales implicó la renegociación de la deuda externa. Los mecanismos financieros regionales se articularon en este proceso, ya que se empleó un crédito del Flar para cancelar obligaciones vencidas y a su vez, a este organismo se pagó con recursos concedidos por el bid (Campodónico, 1997, p. 159). De acuerdo con Morón (2014, p. 219), el Flar contribuyó a proyectar de este modo, una imagen de fiabilidad de Perú, lo que le permitió reabrir los canales internacionales de financiamiento. La deuda externa alcanzaba 25 444 millones de dólares en 1991, 33 805 millones en 1996 y 28 508 millones en 1997 (Contreras y Cueto, 2007, p. 369). Según Marichal (2014, p. 273), el manejo de la deuda se caracterizó por un "extraordinario nivel de corrupción", por lo que la ubica entre las llamadas deudas odiosas; más aún, a fines de la década de 1990 se descubrieron múltiples ilícitos al respecto.

En 1997 Perú accedió al plan Brady, para lo cual paradójicamente se adquirió un nuevo endeudamiento. Esto en razón de que la ejecución del acuerdo ascendía a 1 372 millones de dólares. El 42% de esta suma provino de Perú, mientras que el restante 58% se cubrió con créditos otorgados por el fmi, el Banco Mundial, el bid y el Eximbank de Japón (Pascó-Font, 2000, p. 27), lo que evidencia tanto la coordinación entre las instituciones financieras internacionales como su interés en la implementación de este plan.

Por su parte, la caf ofreció soporte para infraestructura vial (Corporación Andina de Fomento, 2017, pp. 138, 275) y para proyectos en el campo energético tales como "el desarrollo de campos petroleros de Chambira" y la Hidroeléctrica San Gabán II (Corporación Andina de Fomento, 2017, pp. 138-139). Además, la corporación también manifestaba de manera explícita su interés en la consolidación del modelo neoliberal en Perú. Así se desprende de su afirmación de que constituyó para sí "preocupación especial […] ratificar su respaldo a las políticas de estabilización y liberación de la economía" (Corporación Andina de Fomento, 2001, p. 53).

Entre 1998 y 2001 se desencadenó una crisis, en cuyo contexto quebraron varios bancos (Ex miembro del directorio del Banco Central de Reserva de Perú, marzo de 2020). Además, se pagaban salarios bajos y los servicios educativos y sanitarios eran deficientes (Jiménez, 2010, p. 353), por consiguiente, no se advierte la concreción de algún entendimiento de desarrollo.

Durante la segunda mitad del siglo xx, en términos generales, tomaron forma dos modelos políticos en América del Sur, el desarrollismo y el neoliberalismo, con sus particularidades en los distintos países. La necesidad de financiar los respectivos modelos condujo a la creación de mecanismos financieros regionales, no obstante, su labor supera la simple provisión de financiamiento, ya que se constituyeron en medios de soporte de los respectivos modelos y en un vínculo con el contexto externo. La instauración del modelo desarrollista en los casos de Ecuador y Perú tiene lugar cuando tal modelo ya era cuestionado en otros espacios. A pesar de ello, el bid contribuyó a la búsqueda de algunos de sus objetivos, si bien, no puede desconocerse la cercanía del banco a Estados Unidos y, por tanto, su relación con la contención del comunismo a través del concepto de desarrollo. Por su parte la caf se encuentra directamente relacionada con el proceso de integración asociado con la Cepal y proveyó recursos para llevar adelante la programación industrial andina.

El mayor dinamismo del modelo en Ecuador tuvo lugar en un contexto de altos ingresos, por lo que se basó en la inversión pública, mientras que, en el caso de Perú, el Estado recurrió al endeudamiento. Por consiguiente, en ninguno de los dos existió una significativa inversión privada, sino que el sector empresarial únicamente absorbió los recursos estatales.

El modelo neoliberal fue transferido desde la esfera internacional a las respectivas esferas nacionales a través de las instituciones financieras internacionales y a continuación, fue soportado por el bid y por la caf, los cuales proyectaron un discurso, pero también ofrecieron financiamiento y asistencia. Mientras que el Flar continuó proveyendo soporte y el convenio de pagos de la Aladi perdió espacio. Los casos de Ecuador y Perú evidencian que la instauración del modelo fue viabilizada por los grupos de poder internos que recibían beneficios directos, en tanto que, con objeto de evitar posibles resistencias, se ofrecía asistencia social a quienes eran perjudicados por el modelo, todo lo cual contó con el respaldo discursivo y material del bid. Por consiguiente, no se advierte la búsqueda de algún entendimiento de desarrollo.