El presente artículo, de carácter teórico e interpretativo, analiza los intereses de las burguesías brasileña y argentina en relación con el Mercosur, buscando identificar los contornos del regionalismo y el papel del imperialismo. A través de análisis bibliográfico y documental se señala la existencia de tres grandes periodos y sus correspondientes modelos: la década de 1990, el neoliberalismo y el regionalismo abierto; los años 2000, el "relanzamiento del bloque" y el regionalismo multidimensional; de 2011 a 2022, en especial, después del golpe de Estado de 2016 en Brasil, que trajo de vuelta el proyecto de regionalismo abierto y la subordinación pasiva ante el imperialismo.

El objetivo de este artículo es analizar la relación entre los Estados y los intereses de las clases dominantes y fracciones de clase en Brasil y Argentina en relación con el Mercado Común del Sur (Mercosur). Al considerar que este proceso de integración tiene una historia atravesada por crisis, conflictos, inestabilidad y cambios en relación con los modelos de regionalismo adoptados –a través de este artículo de carácter teórico e interpretativo–, argumentamos que la adopción de tales modelos ha dependido históricamente de las fracciones hegemónicas del bloque en el poder de los principales Estados miembros, y del vínculo de estos últimos con el imperialismo. Al final, el Mercosur, así como otros fenómenos sociales en el capitalismo, es contingente y es atravesado por conflictos y contradicciones que lo tornan inestable.

Sumariamente, podemos afirmar que el Mercosur fue concebido en la década de 1990, en pleno auge de instauración del neoliberalismo en Brasil y Argentina, y estaba inscrito en la Iniciativa para las Américas de 1990. El impacto negativo del neoliberalismo, las crisis económicas en los países en cuestión y los nuevos gobiernos progresistas y populares propiciaron en los años 2000 un relanzamiento y renovación del proceso de integración mercosureño bajo una perspectiva amplia, multidimensional y soberanista. En un contexto regional de sucesivos procesos de inestabilidad y crisis política; impactado por la crisis financiera y el nuevo papel de China; con la elección de Mauricio Macri en 2015, y con el golpe de Estado en Brasil en 2016, el Mercosur retomó el perfil neoliberal ortodoxo y de subordinación pasiva en relación con el imperialismo –lo que promovió la suspensión de Venezuela en 2017– y firmó el acuerdo con la Unión Europea en 2019.

A fin de analizar esta trayectoria y los cambios relativos al modelo de regionalismo a la luz de los intereses de las clases dominantes y fracciones de clase en Brasil y Argentina, organizamos nuestro artículo en cuatro secciones. En la primera parte presentamos el referencial teórico-conceptual a partir del cual efectuamos nuestro análisis. En la segunda, tercera y cuarta partes trabajamos las etapas del Mercosur que van de 1991 a 2001, de 2001 a 2011 y de 2011 a 2022, respectivamente. Como será discutido, en la primera y tercera etapas predominaron la hegemonía o fuerza política de la burguesía asociada en Brasil y Argentina, con adopción del modelo de regionalismo abierto, mientras que, en la segunda etapa, al predominio, en ambos países, de la burguesía interna con apoyo de sectores populares, le correspondió la adopción del modelo regionalismo multidimensional. Por último, son formuladas las conclusiones.

En este artículo adoptamos la teoría política marxista de Nicos Poulantzas y, en especial, los conceptos de bloque en el poder y de burguesía interna para el análisis del regionalismo. Entendemos que el andamiaje teórico-analítico poulantziano constituye una alternativa a las perspectivas liberal y realista sobre la integración regional más influyentes en el área de relaciones internacionales.1 En ambas perspectivas, la cuestión del regionalismo es abordada en su dimensión jurídico-institucional, y la mayoría de las explicaciones comparte una misma visión liberal de Estado, entendido como un conjunto de instituciones situado fuera y por encima de la sociedad, desempeñando un papel de mediador neutral en relación con las clases sociales o, en otros términos, disociando política y economía. La recuperación aquí propuesta nos permite concebir los regionalismos como fenómenos complejos que expresan intereses de clase y contradicciones, pero siempre dentro lo que es circunstancialmente posible sin comprometer la relación básica social capitalista.

Para Poulantzas (1971), el Estado capitalista remite a una estructura jurídico-política caracterizada, fundamentalmente, por un derecho formalmente igualitario y por instituciones de carácter universal que encarnan el interés general de la sociedad. Ambos elementos constituyen la base del burocratismo y de la autonomía relativa del Estado capitalista que tornan posible que tal Estado se presente como representante nacional. El Estado, que detenta el monopolio de la fuerza física organizada, es factor de cohesión nacional, garantizando, a través del resguardo de la soberanía, de la propiedad privada, del trabajo asalariado y de la competencia, el mantenimiento y las condiciones de reproducción del modo de producción capitalista. La ideología nacional, que remite principalmente a la idea de representación de la unidad del pueblo-nación, desempeña la función de ocultar el carácter de clase del Estado, aislando y desorganizando a las clases populares. Es lo que Saes (1998) llamó del "doble efecto" de la estructura jurídico-política del Estado capitalista, aislamiento y unidad, al organizar los intereses de las clases dominantes mientras aísla a las clases dominadas impidiendo la organización de sus intereses.

En el contexto de esta lectura sofisticada sobre el papel del Estado y de la ideología nacional con significativo potencial de contribución para los estudios de relaciones internacionales (Berringer, 2015), Poulantzas también elaboró el concepto de bloque en el poder, a través del cual no se hace más que afirmar la pluralidad característica de las clases y fracciones dominantes en una formación social capitalista. Poulantzas clasifica las fracciones en relación con la función, tamaño u origen del capital (capital comercial, industrial o bancario; pequeño, mediano o gran capital; capital nacional o capital extranjero). Tales divisiones ganan presencia en las coyunturas políticas y derivan de las disputas por el control de la política estatal referente a una diversidad de disciplinas relativas a tipo de cambio, tasa de interés, inversiones, grado de liberalización comercial, relaciones internacionales, entre otras (Berringer, 2015; Farias, 2009).

El bloque en el poder es, para Poulantzas, una unidad contradictoria de las clases y fracciones de clase dominantes, residiendo la unidad objetiva en el mantenimiento del modo de producción capitalista, mientras los conflictos ocurren en torno de la distribución de la renta nacional y de los beneficios y protección que puedan eventualmente recibir a través de la política estatal. La burguesía se organiza mediante la hegemonía de una de las fracciones cuyos intereses son priorizados por el Estado a la vez que se presenta como representante del interés general de la sociedad nacional. Ello puede ocurrir tanto en torno de una agenda nacional desarrollista y expansionista, como también en torno de una de austeridad fiscal y monetarista. De cualquier forma, independientemente del tipo de agenda, el Estado construye un discurso que busca mantener no apenas la unidad de las clases y fracciones de clase dominantes, sino también del conjunto de las clases populares que eventualmente puedan integrarse a una alianza o frente política con el bloque en el poder.

Para Poulantzas, tampoco las clases dominadas constituyen un bloque homogéneo, pudiendo haber estratos y categorías como la burocracia, la nueva pequeña-burguesía (o clase media), los sectores marginalizados, los trabajadores y el campesinado, entre otros. La relación de las clases dominadas con el Estado está inscripta en la relación de ellas con el bloque en el poder, o, en otros términos, en las posibilidades que los movimientos de trabajadores y populares y los sindicatos tienen en una coyuntura de producir efectos pertinentes mediante acciones o movilizaciones políticas específicas, o mediante su participación en alianzas o frentes con determinadas fracciones de la burguesía. En este sentido, el Estado puede, en determinadas situaciones, garantizar los intereses de las clases dominadas en nombre de un equilibrio inestable de compromiso (o sea, del mantenimiento del modo de producción capitalista), o en nombre de la alianza o frente política que el gobierno en cuestión represente.

Al debatir política internacional, especialmente en su discusión con Ernest Mandel (1967), Poulantzas (1974) subrayaba el rol fundamental del Estado en el capitalismo de la segunda mitad del siglo xx, en medio del surgimiento y fortalecimiento de las empresas multinacionales y de su estrategia de internacionalización productiva, y de la creación de la Comunidad Económica Europea. El teórico griego defendía que tales procesos de internacionalización no alteraban el rol fundamental del Estado como factor de cohesión de una formación social, así como en el mantenimiento y reproducción del modo de producción capitalista. Como resalta Jessop (2002), el Estado, tanto de origen como receptor, hace parte fundamental del fenómeno de la internacionalización y de esa gran cadena de eslabones débiles y fuertes que es el imperialismo, que entrelaza clases y fracciones de clase internas con el capital extranjero. El aumento del flujo de inversión extranjera directa, especialmente entre Europa y Estados Unidos durante el período de la guerra fría, tendría propiciado la formación de la llamada burguesía interna como una nueva fracción de clase. Esta fracción, según Poulantzas (2016), sería dependiente del capital extranjero y de las empresas multinacionales, buscando, al mismo tiempo, formas de competir y sobrevivir ante la nueva realidad. En virtud de su naturaleza, la burguesía interna tendría una posición político-ideológica intermedia en relación con la burguesía compradora o asociada (dependiente del mercado mundial y directamente reproductora de los intereses políticos y de la ideología imperialista al interior de una formación social dependiente) y de la burguesía nacional (con base económica doméstica y que se interesaría en construir una alianza anti-imperialista con las clases populares). En este sentido, frágil en términos político-ideológicos, la burguesía interna requiere de la protección del Estado, haciendo con que éste pueda asumir, en la coyuntura concreta, conflictos puntuales con el imperialismo, buscando mayor margen de maniobra en la arena internacional. Recuperando estos conceptos e interpretaciones, Berringer (2015) entiende ser posible identificar la subordinación pasiva y conflictiva en relación con el imperialismo como posiciones políticas en materia de política exterior.

Al respecto del regionalismo, específicamente el europeo, Poulantzas (2016) afirmaba que el Estado nacional no sería suplantado por un Estado supranacional, como Mandel (1967) defendía, sino que la relación entre Estado, burguesía y clases dominadas seguía siendo el centro de la estrategia revolucionaria en la Europa de los años setenta. Ello considerando, evidentemente, que la internacionalización productiva en curso por esos años contaba con el liderazgo de Estados Unidos, generando una nueva forma de dependencia entre las metrópolis imperialistas entre sí y entre esas y formaciones dependientes como Portugal, Grecia y España (Poulantzas, 1976). De esta forma, mientras metrópolis europeas como Francia se enfrentaban a la necesidad de pensar formas de romper con la dependencia en relación con el Estado y al capital estadunidenses, formaciones dependientes como las mencionadas debían hacerlo no solo en relación con Estados Unidos, sino a las propias metrópolis europeas (Poulantzas, 1976, 2016).

Entendemos que la recuperación teórica aquí realizada puede subsidiar el análisis del regionalismo en el Cono Sur latinoamericano, desde el punto de vista de la convivencia y del conflicto de las burguesías asociadas e internas de las formaciones involucradas. A pesar de las convergencias político-ideológicas de las burguesías internas, especialmente de Brasil y Argentina, al respecto de la construcción de modelos de regionalismo que las protejan y las fortalezcan ante el capital extranjero estadunidense y europeo, no es posible afirmar que haya en curso la configuración de una burguesía regional o de un Estado supranacional, en los términos de Mandel. Entendemos, de esta forma, en consonancia con Berringer y Ferreira (2022), que regionalismo es un proceso inestable en el capitalismo y que en la periferia del capitalismo existe un cambio en los contornos y en la posición política de la integración en relación con el imperialismo, que puede traducirse en diferentes modelos de regionalismo adoptados en la coyuntura histórica concreta, tales como el regionalismo abierto y el regionalismo multidimensional que aquí serán discutidos.

El origen del Mercosur remonta a las iniciativas de integración bilateral de Brasil y Argentina de la segunda mitad de la década de 1980 en el marco de una recesión mundial, de recesiones nacionales y del retorno de la democracia en ambos países (Rapoport y Cervo, 2002). En 1985, los Estados en cuestión suscribieron la Declaración de Iguazú, que marcó un punto de inflexión tanto en la relación bilateral como desde el punto de la integración en sí misma. Las relaciones en eje entre Brasil y Argentina (Moniz Bandeira, 1987) establecieron, a través de protocolos sectoriales, los cimientos para la creación gradual y paulatina de un mercado común que promoviera el desarrollo regional y el aumento del margen de maniobra de los Estados brasileño y argentino en la arena internacional (Granato, 2015; Rapoport y Madrid, 2011).

Pero en la década de 1990, en medio de la ofensiva imperialista y de la elección de gobiernos neoliberales en ambos países,2 la hegemonía de los bloques en el poder pasó a ser detentada por el gran capital financiero nacional e internacional, promoviéndose una reorientación de la política de integración regional que implicó el abandono de los protocolos sectoriales de cooperación de la década anterior. De esta reorientación, cristalizada en el Acta de Buenos Aires de 1990 y en el Tratado de Asunción, junto con Paraguay y Uruguay, de 1991, tuvo lugar el Mercosur. Este último tratado estipulaba los requisitos para la constitución de un mercado común con base en la libre circulación de bienes y factores productivos, en un programa de liberalización comercial, en la eliminación de barreras al comercio y en el establecimiento de un arancel externo común.3

De conformidad con los objetivos de liberalización comercial y desregulación financiera defendidos por Estados Unidos para América Latina, así como con la nueva estrategia de regionalismo abierto definida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1994), la integración en el Cono Sur pasó a priorizar los intereses de las burguesías asociadas brasileña y argentina (Boito Jr., 2018), en un contexto de inserción subordinada a Estados Unidos y Europa, de apertura y de incentivo a la iniciativa privada (Gambina y Crivelli, 2005). De todas formas, es dable destacar que sectores de las burguesías internas de ambos países4 también apoyaron inicialmente la construcción del Mercosur bajo la impronta neoliberal en virtud de entender que el bloque mercosureño también era convergente con sus intereses de aumento de los intercambios comerciales y productivos. Lo cierto es que, a partir del Programa de Acción del Mercosur hasta el año 2000, aprobado por decisión del Consejo Mercado Común núm. 9/1995,5 tuvo lugar lo que Katz (2006) llamó "Mercosur de los negocios", con predominio de una agenda económico-comercial y administrado mediante una arquitectura institucional mínima.

En el marco de potencializar las ventajas comparativas de los países del bloque fue erguido un Mercosur en el que las principales beneficiadas por la ampliación de escala de los mercados y las reducciones aduaneras en sectores como el automotriz, el alimentario y el energético fueron las grandes corporaciones transnacionales establecidas principalmente en Brasil y Argentina, las dos economías más grandes del bloque (Gambina, 2005; Katz, 2006). En este contexto, pese a las insatisfacciones de las fracciones de la burguesía interna,6 los sectores hegemónicos del gran capital financiero invirtieron "desde arriba"7 en la consolidación del Mercosur como etapa preparatoria para el ingreso de la subregión al área de Libre Comercio de las Américas (alca), propuesta estadunidense de integración hemisférica lanzada en la Cumbre de las Américas de Miami de 1994, y que reactivaba la ya mencionada Iniciativa para las Américas (Moniz Bandeira, 2010).

No obstante, a finales de la década de 1990, las contradicciones al interior de los bloques en el poder en Brasil y Argentina, la intransigencia del gobierno estadunidense en las negociaciones, y los impactos regresivos del modelo neoliberal que no tardaron en hacerse sentir en ambos países y en la región como un todo, sentaron las bases para el cuestionamiento al alca por parte de la Coalición Empresarial Brasileña y del Fórum Empresarial en Argentina, tal como cristalizado en toda una serie de notas y documentos de posición divulgados (Berringer, 2015; Kan, 2015). De hecho, al divisar la importancia del Mercosur para el comercio regional, las burguesías internas brasileña y argentina, comenzaron a percibir al proyecto estadunidense, por cuestiones de asimetría y competencia, como una amenaza a los mercados e inversiones locales, conforme presentado en las mencionadas notas y documentos de posición difundidos (Berringer, 2015; Kan, 2015). Este cuestionamiento al alca fue inclusive robustecido en función de los impactos de la crisis cambiaria de 1999 en Brasil y del agravamiento de la crisis económica, política y social de 2000-2001 en Argentina, así como en virtud de diversos movimientos populares, organizaciones sindicales y partidos de izquierda que confluyeron en la oposición al proyecto estadunidense en el marco de una campaña continental. Fue en este contexto, también, que surgieron las propuestas de recomposición y de "relanzamiento" del Mercosur, que antecedieron a su renovación a partir de 2003.

Las elecciones en Brasil y Argentina en 2002 y 2003, respectivamente, garantizaron la victoria de presidentes comprometidos con agendas reformistas del neoliberalismo (o sea, agendas alternativas a las agendas neoliberales ortodoxas de los gobiernos anteriores), basadas en políticas de desarrollo socioeconómico que buscaban alterar la hegemonía del capital financiero internacional y de las burguesías nativas asociadas en los bloques en el poder en ambos países. En el caso brasileño, el ascenso de Lula da Silva al poder significó la victoria del frente neodesarrollista dirigido por la gran burguesía interna con apoyo de diversos sectores de las clases populares como la clase media baja, el campesinado y los trabajadores (Boito Jr., 2005). También en el caso del gobierno de Néstor Kirchner en Argentina, la gran burguesía interna logró mejorar su posición al interior del bloque en el poder y sus reivindicaciones referentes a bajas tasas de interés, depreciación del tipo de cambio, proteccionismo, financiamiento e inversión en infraestructura pasaron, en el marco de un modelo de acumulación con matriz diversificada e inclusión social, a ser priorizadas por el Estado (Boito Jr. y Rojas, 2008; Piva, 2015).

En la escena política internacional desde comienzos del siglo xxi un nuevo contexto contribuyó para este cambio político tanto en los países en cuestión, como en otros de Sudamérica, donde nuevos gobiernos comprometidos con la reforma o ruptura del neoliberalismo fueron electos. Acumulando décadas de elevado crecimiento económico y de aumentos significativos en la participación en la producción mundial de manufacturas, el ascenso de China en el comercio y la geopolítica internacional, que representó el inicio de la disputa con Estados Unidos, contribuyó para el aumento de la exportación de commodities en la región, y los sectores de energía y alimentos de Brasil y Argentina fueron algunos de los principales beneficiarios de los flujos comerciales y de inversiones con el gigante asiático.

En el contexto antes mencionado, las relaciones con el entorno sudamericano pasaron a ser una prioridad de las políticas exteriores de Brasil y Argentina reorientadas por la búsqueda de mayores márgenes de maniobra de acción en la arena internacional, al servicio de los respectivos programas nacionales neodesarrollistas (véanse Amorim, 2004; Bielsa, 2004; García, 2010; Taiana, 2006). El rechazo al proyecto alca y al neoliberalismo ortodoxo promovido por Estados Unidos; el fomento de la integración sudamericana, de la protección selectiva de los mercados internos y de inversiones productivas, y la búsqueda de nuevos mercados para la exportación e internacionalización de grandes empresas, fueron acciones de los gobiernos de ambos países y de sus políticas exteriores que buscaron dar cuenta de los intereses de las burguesías interiores.8 A pesar de que las mencionadas acciones no hayan acarreado una ruptura en relación con la estructural y orgánica dependencia o subordinación externa, las mismas revelaron una postura conflictiva en relación con el imperialismo estadunidense (Berringer, 2015; Granato, 2020).

Los rumbos de la integración mercosureña, hasta ese momento centrados unidimensionalmente en lo económico-comercial, y guiados por el modelo de regionalismo abierto y la subordinación pasiva ante el imperialismo, experimentaron gradualmente un cambio que, en gran medida, obedeció a un nuevo pacto en torno de objetivos y programas conjuntos. Una nueva perspectiva integracionista, cristalizada en el Consenso de Buenos Aires y en el Plan de Trabajo 2004-2006, ambos de 2003, propuso un Mercosur ampliado y multidimensional, tanto en términos de Estados miembros como temáticos, en el sentido de expandir la voluntad y esfuerzo de acciones conjuntas con otros países de la región, así como de incorporar a la agenda del bloque asuntos de orden política, social y productiva, más allá de la dimensión comercial (Granato, 2015).

El nuevo modelo de integración propuesto por el eje argentino-brasileño, pese a no agradar a Estados Unidos, buscó, en los términos de Merino (2017), asegurar espacios de acumulación y de poder en el capitalismo dependiente, en línea con la reivindicación de las burguesías internas de ambos países por protección frente a la competencia externa y por inversión extranjera productiva. Al final, a pesar de tratarse de sociedades estructural y orgánicamente dependientes, los gobiernos de Brasil y Argentina actuaron en el sentido de que, en la coyuntura específica, el nuevo regionalismo mercosureño pudiese contribuir para la ampliación de los márgenes de acción de sus Estados miembros en los planos interno y externo, así como para minimizar los impactos del capitalismo rentista y la deuda externa.

Los resultados del nuevo modelo se tradujeron, a lo largo de la década en cuestión, no apenas en un aumento significativo del comercio intra-Mercosur, sino también en la puesta en marcha de diversas iniciativas de integración productiva,9 en la creación del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur y del cargo de Alto Representante del Mercosur, y en la creación de esferas institucionales tales como el Parlamento del Mercosur, el Instituto Social del Mercosur, el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, y la Unidad de Apoyo a la Participación Popular. La ampliación del Mercosur se vio también reflejada en la articulación estratégica con otros países sudamericanos, principalmente con Venezuela, así como en la realización de las Cumbres Sociales que garantizaron espacios de participación de los movimientos populares y de organizaciones sindicales en el proceso mercosureño.

Después de la crisis económico-financiera de 2008 y del fin del ciclo de las commodities, la demanda y los precios de las materias primas exportadas por Brasil y Argentina fueron afectados, alterándose el contexto de favorecimiento de sus burguesías internas, beneficiadas por una balanza comercial superavitaria, y por estímulos gubernamentales a la exportación y a la inversión, entre otras medidas. En este sentido, el brasileño es un caso ejemplar debido a que, si bien Brasil es el país más industrializado de la región, no es menos cierto que su industrialización depende en gran medida de las condiciones de los países mercosureños de financiar importaciones intrarregionales, así como del fomento a la inversión productiva. A su vez, la deuda pública en Argentina reabrió una nueva crisis en 2011, y nuevas barreras al comercio con Brasil fueron impuestas en virtud de las dificultades cambiarias del país vecino. En un plano más amplio, Estados Unidos articuló una ofensiva contra los gobiernos progresistas de la región, contribuyendo a una sucesión de crisis políticas, golpes de Estado y nuevas elecciones, que inició con el golpe en Paraguay de 2012.

En el caso brasileño, a partir de 2013, durante el primer gobierno de Dilma Rousseff, la correlación de fuerzas favorable a la alianza neodesarrollista comenzó a cambiar en medio de una nueva coyuntura de desaceleración económica y de profundización de las contradicciones. La contradicción principal estaba representada por la alianza neodesarrollista y el campo neoliberal ortodoxo. El segundo conjunto de contradicciones fue gestado al interior del frente neodesarrollista. En el ámbito de la burguesía, el principal conflicto remitía a las tensiones entre el sector bancario y el sector productivo en torno de las tasas de interés. A su vez, la fracción agropecuaria divergía con la fracción industrial en relación con la política comercial externa, y, por su parte, el capital estatal y el capital privado entablaban disputas en torno del mercado consumidor y de la parte de producción que le cabía a cada sector (Boito Jr., 2018; Boito Jr. y Berringer, 2013). Ya las contradicciones referentes al ámbito de las clases populares provenían de las demandas en relación con las cuales el gobierno no dio cuenta, tales como disminución de la jornada de trabajo, regulación de la tercerización, cuestiones de seguridad social, desaceleración del mercado laboral y bajo crecimiento económico, entre otras (Saad-Filho, 2020).

La crisis política que tuvo lugar en el segundo mandato de Rousseff, y que derivó en el golpe de Estado de 2016, tuvo en la reconfiguración del bloque en el poder su núcleo central (Bastos, 2017; Boito Jr., 2018, 2020). Una vez más, evidenciándose su carácter pendular,10 la burguesía interna, esta vez bajo la hegemonía del gran capital financiero nacional e internacional, pasó a apoyar el proceso de impeachment de Rousseff y a defender las propuestas del gobierno interino de Michel Temer y la plataforma de Jair Bolsonaro, basadas en las premisas del neoliberalismo ortodoxo (austeridad, liberalización comercial y desregulación financiera) para las políticas económica, social y exterior, y del regionalismo abierto en lo relativo al Mercosur (Berringer, 2017, 2023; Granato y Bratz Uberti, 2022).

Pero las reconfiguraciones del bloque en el poder no se restringieron apenas a Brasil. Meses antes del golpe contra el gobierno de Rousseff, el empresario Mauricio Macri había sido electo en Argentina con las promesas de un programa neoliberal y del fin del ciclo kirchnerista. De acuerdo con Forster (2016), una "nueva derecha", adaptada a las demandas de la época de la financiarización, ascendió al poder gubernamental, reflejando, así como en Brasil, una nueva alianza de la burguesía interna con el gran capital financiero internacional y la burguesía asociada al mismo en pro de una agenda de reformas relativas, entre otras cuestiones, a la flexibilización laboral y previsional, a la reducción drástica del gasto y máquina públicos, al enfrentamiento de la corrupción y a la apertura externa (Cassini, Zanotti, y Schorr, 2021).

En este contexto de restauración conservadora en el continente y de renovación del neoliberalismo de corte ortodoxo (Merino, 2020), las políticas exteriores de ambos países retomaron la subordinación pasiva al imperialismo estadunidense a imagen y semejanza de la adoptada durante la década de 1990.11 Ya en referencia al Mercosur en particular, la vuelta a la estrategia de regionalismo abierto se tornó un imperativo de los nuevos gobiernos para la inserción del bloque en los flujos comerciales y de inversiones internacionales, principalmente ante las exigencias de la estrategia global de segmentación productiva adoptada por las empresas multinacionales representada por las llamadas "cadenas globales de valor" (Cavalcanti y Granato, 2020).

Si bien entre 2011 y 2016 hubo avances en materia social y de asociaciones estratégicas que corroboran la intención de los gobiernos de Brasil y Argentina de dar continuidad a los esfuerzos de fortalecimiento de un Mercosur multidimensional (Granato, 2021a), a partir de 2016, la vuelta al modelo de regionalismo abierto, en defensa de una perspectiva eminentemente comercial de la integración y subordinada al imperialismo, se configuró como expresión de las ya mencionadas agendas políticos nacionales de reformas neoliberales más profundas, comprometidas con la promoción y protección del capital extranjero, privatizaciones para atraer más capitales, desregulación o flexibilización laboral y previsional, desregulación financiera y apertura comercial, y bajos impuestos y salarios para reducir costos y mantener niveles altos de austeridad.

Entre las evidencias más destacadas del mencionado retorno al regionalismo abierto es posible citar la decisión de 2017 sobre la suspensión de Venezuela; la propuesta de revisión de la estructura institucional del bloque para hacerla "más simple y eficiente"; la discusión sobre la flexibilización del arancel externo común y la suspensión de la decisión del cmc núm. 32/2000, que reafirma el compromiso del bloque de negociar en forma conjunta acuerdos comerciales con terceros países, y la finalización de las negociaciones del acuerdo con la Unión Europea con vistas a la oficialización del mismo.

El primer aspecto que demuestra el cambio de paradigma en el Mercosur se refiere a la interrupción de la ampliación del bloque para el resto de Sudamérica, así como de la política de cooperación en torno de la búsqueda de un mayor margen de maniobra estatal frente al imperialismo estadunidense. En este sentido, es dable destacar la ya mencionada decisión sobre la suspensión de Venezuela en el Mercosur en el marco de la estrategia de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro.

En relación con el segundo aspecto relativo a la propuesta de revisión de la estructura institucional del bloque, resulta aquí evidente la recuperación del enfoque gerencialista del neoliberalismo ortodoxo que orientó al Mercosur desde un inicio. La propuesta de retornar a un Mercosur minimalista en términos institucionales, coherente con una arquitectura institucional mínima para el cumplimiento de los objetivos económico-comerciales, emerge con nitidez en las decisiones del cmc núm. 6, 30/2017 y 19/2019, mediante las cuales se suprimieron el cargo de Alto Representante del Mercosur y la Unidad de Apoyo a la Participación Social y dejando el camino abierto para futuras alteraciones.

Por último, los otros dos aspectos mencionados se vinculan con la inserción del Mercosur en la economía internacional. En lo referente al arancel externo común (si bien este ha venido históricamente siendo objeto de diversas excepciones que impiden al bloque avanzar hacia acuerdos de integración profunda, más equitativos y equilibrados), a partir de 2011, la significativa disminución del comercio intra-Mercosur (debido, principalmente, a las crisis económicas de Argentina y de Brasil, así como a la gran expansión de los intereses chinos en la región) preparó el terreno para la defensa de una "inserción competitiva en el comercio y la economía internacionales" por parte de aquellos que buscan un tipo de asociación más próxima de una zona o área de libre comercio,12 que de una verdadera integración más robusta y compleja desde el punto de vista del fortalecimiento de los mercados internos y regional, y del fomento de la competitividad industrial local. Ese es el Mercosur más "moderno" por el que ha abogado, en los términos de Granato (2021b), la convergencia ideológica de los gobiernos de Macri, Temer y Bolsonaro y de sus bloques en el poder: un Mercosur que deje de lado la construcción de un programa de solidaridad, reciprocidad y autonomía estratégica en el largo plazo y que favorezca, en contrapartida, más libertades individuales de negociación y un regionalismo más abierto, independientemente del equilibrio de concesiones recíprocas, mediante el desmantelamiento de la unión aduanera y la implementación de políticas comerciales externas que acompañen la liberalización de las economías nacionales.13

Los debates se estructuraron en torno de la modificación, como ya se ha mencionado, de la flexibilización de las negociaciones externas, tanto en lo relativo a la selección de las contrapartes (para permitir acuerdos bilaterales con terceros países o grupos de países) como en lo relacionado al alcance y profundidad de los compromisos, y de la rebaja del arancel externo común. Sobre este último asunto en particular, si bien los Estados miembros coincidían en que el nivel de los aranceles resultaba, en promedio elevado, la forma de llevar adelante la revisión de estos difería para cada uno de los países (Pena, Gayá, y Svarzman, 2022). Tampoco los ritmos, cobertura y porcentajes de la reducción arancelaria a establecer era objeto de consenso. Con el fracaso del gobierno de Macri, el ascenso de Alberto Fernández y el reposicionamiento de la burguesía interior, Argentina pasó a defender que la revisión del arancel externo común se realizase a través del estudio de las cadenas productivas, con el objetivo de reducir los gravámenes correspondientes a materias primas e insumos difundidos y bienes sin producción regional (Pena, Gayá, y Svarzman, 2022).14 Paralelamente, Brasil fue disminuyendo su propuesta original de reducción del arancel de 50% para el 20% en dos etapas, para todo el universo arancelario no sensible, aplicada con mayor hincapié en el sector industrial (con aranceles históricamente más altos) y más suave en el sector agrario (Rios et al., 2020). En virtud de los desafíos acarreados por la pandemia de Covid-19, de las resistencias demostradas por Argentina, así como de la condicionalidad formulada por el gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou de que cualquier avance en la rebaja del arancel externo común estuviera ligado a una flexibilización de las negociaciones con terceros países, una norma Mercosur que aprobara la reducción de aranceles nunca se materializó, haciendo con que el gobierno de Bolsonaro implementase unilateralmente la rebaja a 20% en dos etapas, y de manera temporal y excepcional.15

Por último, el acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, con negociaciones concluidas en 2019 y sujeto a revisión, firma y ratificación, abona la idea defendida acerca de la reorientación del Mercosur en esta nueva época y del papel del acuerdo birregional para la consolidación de los modelos aperturistas en los Estados miembros como condición para una mejor integración a las cadenas globales de valor. Conforme documento oficial difundido por la Unión Europea (2019), en materia de comercio de manufacturas, mientras que la Unión Europea deberá eliminar 100% de los aranceles en el plazo de diez años, el Mercosur deberá eliminar 91%. En materia de comercio agrícola, mientras que el bloque europeo deberá liberalizar 82% del volumen comercial y 77% de los aranceles, el bloque mercosureño deberá liberalizar 96% del volumen comercial y 94% de los aranceles. Sin perjuicio del desequilibrio de tales porcentajes, que cobran especial relevancia en el contexto de bloques con grandes asimetrías productivas y financieras, debemos resaltar que el acuerdo prevé, inclusive, el acceso de las empresas europeas en el sector de servicios (telecomunicaciones, servicio postal, servicios financieros, entre otros) y en el de contrataciones públicas (compras, obras), la realización de inversiones productivas, y la defensa de propiedad intelectual (véase Ghiotto y Echaide, 2019).

De lo anterior se desprende el carácter amplio e industrial y tecnológicamente asimétrico del "principio de acuerdo" con el bloque europeo, que aún aguarda, como ya mencionado, el proceso de revisión, firma y la ratificación de los parlamentos nacionales para su puesta en vigencia. Mucho más que un tratado birregional de libre comercio, al incluir materias como inversiones, servicios, contrataciones públicas y propiedad intelectual, el acuerdo con la Unión Europea contribuye a consolidar estratégicamente el neoliberalismo en el Cono Sur, al promoverse privatizaciones de servicios públicos y de recursos naturales, financiarización de los activos y fondos de pensión, y apertura en las contrataciones públicas, entre otras medidas. De esta forma, viene siendo profundizado el Mercosur como regionalismo abierto, en detrimento del regionalismo multidimensional del periodo progresista, y de las reivindicaciones de las clases populares que cuestionan y reivindican una visión menos indulgente acerca del acuerdo en cuestión.

El análisis de la relación entre los Estados y los intereses de las clases dominantes y fracciones de clase en Brasil y Argentina al respecto del Mercosur y sus modelos, en una perspectiva histórica y a partir de las bases teórico-conceptuales del politólogo griego Nicos Poulantzas, ha contribuido para discutir que el bloque mercosureño, así como otros fenómenos sociales en el capitalismo, es contingente y es atravesado por conflictos y contradicciones que lo tornan inestable. Entendemos que el análisis ha contribuido, también, para formular posibles correlaciones entre el modelo de regionalismo adoptado en el Mercosur, las fracciones hegemónicas en los bloques en el poder de Brasil y Argentina, y las vinculaciones de estos Estados con el imperialismo estadunidense.

A pesar de la presencia de capital extranjero en los bloques en el poder en Brasil y Argentina, y de los elementos internos que pueden contribuir para una convergencia de posiciones con las burguesías internas, tal como se desprende de la discusión promovida en este artículo, tales burguesías son las más interesadas en un Mercosur que se proponga protegerlas ante el capital extranjero más competitivo. De esta forma, las burguesías interiores de ambos países se han mostrado interesadas en defender el bloque regional en cuestión (en detrimento, por ejemplo, de proyectos como el alca), con la expectativa de que el mismo pueda contribuir a crear márgenes de maniobra para sus Estados miembros en relación con el imperialismo estadunidense. No obstante, como también deviene de nuestra discusión, estas burguesías internas son dependientes del capital extranjero, lo que las lleva a rechazar medidas que impliquen por parte del bloque mercosureño posibles posiciones de ruptura o de contestación en relación con el imperialismo. En aras de avanzar con una integración multidimensional en el Cono Sur, la confluencia no solamente de las burguesías sino, también, de las clases populares resulta fundamental.