Con base en los lineamientos del concepto autonomía tecnológica,la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S. A. (Enace S. A.),constituida en 1980 a partir del consorcio entre la Comisión Nacional de EnergíaAtómica y Siemens Kraftwerk Union, intentó conformar un Arquitecto Industrialencargado de la instalación de Centrales Nucleares, además de promover elentrenamiento de personal argentino, incrementar la participación de laindustria local y adquirir el know how de la ingeniería y eldiseño de los reactores. Sin embargo, a pesar de instrumentarse políticas decorte neoliberal, la empresa perdió su sentido original y fue disuelta en 1996.Este trabajo apunta a realizar una aproximación general a través del análisis delas fuentes disponibles, pues la producción historiográfica sobre el temaresulta prácticamente inexistente.

En líneas generales, el crecimiento económico global ocurrido durante la posguerra seencuentra estrechamente ligado al incremento de la demanda energética, en tanto quesuele identificarse una relación estable entre las fluctuaciones del pbi yel consumo energético per cápita. No obstante, no todas las formas de producirenergía tienen el mismo impacto económico y, es en este sentido, que la generaciónnucleoeléctrica, nacida en la década de 1950, se ha transformado en un símbolo de"progreso" y "desarrollo" (Rubio-Varas y Torre,2017). Dado que el sector nuclear requiere de una estructura sólida deformación de recursos humanos, así como de facilidades abocadas a la elaboración yel tratamiento de elementos combustibles, la multiplicación de usinas estimuló eldesarrollo paralelo de la industria nuclear y convencional (Frewer y Altvater, 1977). Por este motivo, si bien los EstadosNacionales han desempeñado un rol protagónico con la creación de Comisiones deEnergía Atómica, la participación de las empresas nacionales y el desarrollo de losámbitos de producción de Ciencia y Tecnología (CyT) han constituido aspectoscruciales para asegurar el desarrollo exitoso del sector. Allí donde los lazos entrelas partes involucradas del "triángulo de hierro" (iron triangle)–el gobierno, la ciencia y los grupos de interés– resultaron fluidos, así laexpansión de la energía nuclear pudo alcanzar una maduración plena (Balogh, 1991; Rubio-Varas y Torre, 2014). Sin embargo, no se verificó la mismatendencia en los países de la periferia, donde la desconexión entre los tresvértices ha sido señalada como una de las causas del subdesarrollo y del atrasotecnológico. En este contexto, los programas nucleares, adoptados tempranamente enBrasil, México, España, India y Argentina, adquirieron un nuevo sentido en funciónde la necesidad de profundizar el proceso de industrialización por sustitución deimportaciones. Por entonces, muchos políticos e intelectuales percibieron al sectorcomo un tipo particular de "industria industrializante", es decir, un ámbito idóneopara potenciar la transferencia de tecnología, formar recursos humanos altamentecapacitados y dinamizar a la industria en general (Bernis, 1971; Harriague, Quilici, ySbaffoni, 2008).

Los procesos de innovación en Argentina –entendidos como la incorporación deconocimiento para modificar la estructura productiva en relación a las necesidadespropias de cada sociedad– han resultado dispersos, aislados y desconectados delresto del entramado económico (Azpiazu y Nochteff,1994; Botana y Sabato, 1975; Hurtado, 2010; Oteiza, 1992; Thomas, Santos, yFressoli, 2013). En este panorama, el Programa Nuclear Argentino (enadelante pna) ha constituido una excepción notable a la regla, dado queadoptó el dominio de una tecnología compleja cuyas aplicaciones civiles fueronhistóricamente monopolizadas por países desarrollados. A contraluz del contextonacional y latinoamericano, el pna logró articular políticas públicas degran continuidad que aseguraron altos presupuestos para el sector y, enconsecuencia, permitieron el desarrollo local de ciencia y tecnología sumamentecompleja con inserción en el mercado internacional. En este sentido, el accionarestatal articulado mediante la Comisión Nacional de Energía Atómica (en adelantecnea) resultó preponderante, dado que la institución fue políticamenterespaldada por gobiernos de distinto signo y disfrutó de una importante cuota deautonomía.

Ahora bien, los años formativos de la cnea se enmarcaron en un contexto másgeneral de maduración en la producción manufacturera local relativa a la segundaetapa de la industria sustitutiva (1955-1976), que privilegiaba el fortalecimientode las industrias metalmecánica y electrónica y otorgaba un importante papel a lainversión extranjera. En esos años también cobró relevancia la discusión sobre laciencia y la tecnología como componentes estratégicos para fomentar el desarrolloeconómico y terminar con los lazos de dependencia hacia los países centrales (Dagnino, Thomas, y Davyt, 1996). Esta corrientede pensamiento agrupaba intelectuales latinoamericanos de raíz cepalina y/odependentista que encontraban en el Estado un actor indispensable para materializar(o alentar) el desarrollo económico.1 Al calor de aquellos debates, dentro de la cnea seconsolidaba una "filosofía" o "mística institucional" compartida por la mayoría desus miembros en torno al concepto de "autonomía tecnológica" (Fernández, 2014). Según su autor intelectual, Jorge Sabato, lanoción remitía a fortalecer la adquisición de conocimientos y competencias locales através de la resolución de los problemas prácticos propios de cada región. De estaforma, se buscaba incrementar la capacidad de decisión respecto de aquello queconvenía desarrollar y producir localmente, qué tecnologías importar y bajo quécondiciones asociarse. Es decir, no se trataba exclusivamente de promovertecnologías desarrolladas localmente -interpretación alternativa del concepto quetambién tuvo difusión dentro de cnea- sino de definir paquetes tecnológicossustentables –importados o no- que se adecuaran a las condiciones económicas ysociales preexistentes (Sabato, 1983).

Asimismo, alcanzar la "autonomía tecnológica" requería del apoyo de infraestructurapropia capaz de responder a las problemáticas del sector y por este motivo resultabaimperativo que los procesos de innovación desarrollados en la cnea sederramaran a la industria local a través del "aprender haciendo" (learningby doing), es decir, la resolución de problemas prácticoscaracterísticos de la región (Sabato,1973).

Tal y como lo plantea Evans (1995), allí dóndese verifica la escasa vitalidad del capital privado, el Estado es capaz de asumir elrol de "partero" y fomentar la aparición de nuevos grupos empresariales o induciendoa los existentes a aventurarse en rubros más riesgosos. En la cnea, dichaestrategia transformó a las empresas nacionales en un actor privilegiado de lapolítica oficial y se materializó en mecanismos de derrame de tecnologíasgestionados a través del Departamento de Metalurgia (1955), el Servicio deAsistencia Técnica a la Industria (1962) y la construcción de las CentralesNucleares Atucha I (1974) y Embalse (1984) bajo la figura de "apertura del paquetetecnológico".2 Así, losconocimientos desarrollados por la institución o adquiridos en el exterior fueronofertados a la industria con el objetivo de fortalecer la provisión de bienes yservicios para el pna (Enriquez,2013).

Ahora bien, la filosofía institucional de cnea alcanzó su cenit en uncontexto muy particular, signado por la instauración de una dictadura militar(1976-1983) que implementó políticas monetaristas de apertura económica –el "Enfoquemonetario de la Balanza de Pagos"-3y contribuyó a desmantelar la industria sustitutiva. Al contrario de loslineamientos económicos más generales, durante esos años, el gobierno formuló elprimer Plan Nuclear Argentino que concebía la construcción de cuatro centrales–sumadas a las dos ya existentes- hasta el año 2000, la instalación de facilidadespara obtener el dominio total del ciclo de combustible4 y el derrame tecnológico a la industria nacional a finde transformarla en la principal proveedora de servicios y suministros para lasusinas. Adicionalmente, y con el objetivo de facilitar el proceso de aprendizaje delas empresas, la legislación contemplaba conformación de un Arquitecto Industrial(ai)5 a partir de laasociación entre cnea y la empresa extranjera seleccionada para aportar latecnología. Para 1980 se creó la Empresa Nuclear Argentina de Centrales EléctricasS. A. (en adelante Enace S. A.) como consorcio entre la cnea ySiemens Kraftwerk Union (kwu). A través de esta experiencia que reunía alcomprador y al vendedor en una firma joint venture, se esperaba quela cnea operara la transferencia de tecnología y el knowhow necesarios para reemplazar completamente al diseñador en un lapsode quince años.

Este artículo propone ofrecer un primer acercamiento a un tema casi inexplorado, asaber, la cuestión del fomento a la industria local operada en torno a la firmaEnace, así como a los avatares sufridos por la empresa tras laformulación de políticas públicas de distinto signo y en el marco de un notoriodesplazamiento de la economía hacia un modelo de valorización financiera. Por ello,se intentará ofrecer una mirada del problema desde la perspectiva de la historiaeconómica y, más puntualmente, de la vinculación entre el Estado y las empresas. EnAmérica Latina, dicho corpus se originó en las décadas de 1960 y 1970 y ha tendido acentrarse en el rol desempeñado por el mundo empresario en el proceso deindustrialización sustitutiva. A partir de aquellas investigaciones, resulta cadavez más evidente que los patrones de desarrollo vigentes durante el sigloxx no pueden comprenderse por fuera de las relaciones entre el gobiernoy las empresas (Evans, 1995; Schneider, 1999). Sin embargo, la bibliografíasobre el de análisis de casos de empresas públicas argentinas sigue resultandorelativamente acotada (Belini y Rougier, 2008;Castellani y Iramain, 2017; Regalsky, Rougier, y Salerno, 2015).

Asimismo, cabe destacar que la perspectiva de la historia económica ha estadonotoriamente ausente en el análisis del sector nuclear, incluso, en los paísesdesarrollados (Rubio-Varas y Torre, 2017). Entérminos generales, la bibliografía producida al respecto proviene del ámbito de losestudios sociales de la ciencia y la tecnología, las relaciones internacionales olas historias institucionales producidas por los actores que han tenido unaparticipación directa en el surgimiento de los distintos programas nucleares. Deesta forma, no resulta sorprendente que, a pesar del carácter excepcional yestratégico que adquirió el pna desde sus orígenes, solo en los últimosaños ha sido incorporado al debate historiográfico local (Hurtado, 2009; Lugones,2015; Marzorati, 2012; Rodríguez, 2014). Mientras que la política dederrame tecnológico operada a través del Departamento de Metalurgia y el Servicio deAsistencia Técnica a la Industria (sati) ha sido objeto de estudio detecnólogos, historiadores de la ciencia y algunos miembros del personal decnea, los trabajos que mencionan ciertos aspectos de la trayectoria dela firma Enace S. A. aún resultan escasos (Bertoni, 2012; Enriquez, 2013;Hurtado, 2009; Quilici, 2008, 2010;Rodríguez, 2019).

En la primera parte del trabajo se analizan las consideraciones presentes al momentode concebir el diseño del ai, así como las discusiones que giraron sobre suestructuración. Posteriormente, se reseñan los hitos más importantes de la historiade Enace con especial énfasis en las dificultades de índole presupuestariay burocrática que atravesó desde su concepción en 1979 hasta la disolución en 1996.Finalmente, esbozaremos algunas reflexiones y preguntas de investigación a fin depropiciar el debate en el futuro.

La detonación india de 1974 inauguró una de las etapas más restrictivas en materia detransferencia de tecnología nuclear a nivel internacional. El hecho no solo reavivólos temores sobre un posible holocausto nuclear, sino que, además, podíainterpretarse como el surgimiento de futuros competidores del suministro en laperiferia. En consecuencia, en 1975 el "Club de Londres" –o Grupo de AbastecedoresNucleares- impulsó el diseño de políticas comunes de restricción de transferencia detecnología. Este cambio de postura –impulsado por Estados Unidos y la URSS- sejustificaba con el argumento de que ciertas etapas del ciclo de combustible podríanconstituir la antesala del arsenal atómico: la reelaboración o el reprocesamiento decombustible irradiado; el enriquecimiento de uranio, y la producción de agua pesada.La medida, de carácter retroactiva, obligaba a los países miembros a solicitarautorización previa del Organismo Internacional de Energía Atómica (oiea)para exportar o reexportar elementos contenidos en la "lista detonadora". A su vez,prohibía la cooperación con aquellos países que no aceptaran las salvaguardas en susinstalaciones (Castro, 1991). Más allá deldiscurso antibelicista -elaborado por aquellos países que, no casualmente,detentaban el monopolio del arma atómica-, la política empleada se orientaba adefender la hegemonía estadunidense sobre el uranio enriquecido a través deldesmantelamiento del desarrollo tecnológico de combustibles alternativos.6 En este sentido, la construccióndiscursiva de la proliferación jugó un papel central, en tanto fue esgrimida por laspotencias como excusa para frenar el avance de los programas nucleares en laperiferia (Hurtado, 2014).

Entre 1977 y 1980, las presiones externas en contra del desarrollo autónomo argentinoconstituyeron un poderoso condicionante de las políticas implementadas en el niveldoméstico. Dichos eventos confluyeron con un gobierno dictatorial que –al contrariode los lineamientos económicos y políticos más generales- respaldó activamente eldesarrollo del programa nuclear autónomo diseñado por Cnea. Como resultado,en la medida en que la tensión recrudecía, la Cancillería argentina reafirmaba lapolítica de rechazo a la firma del Tratado de No Proliferación7 y la vocación por el dominio local de todas lasetapas del ciclo de combustible.

Con base en esos lineamientos, en enero de 1979 el Poder Ejecutivo Nacional aprobómediante el Decreto 302/79 el primer Plan Nuclear Argentino. El documento se basabaen las conclusiones generales de la Comisión Interministerial, que, a grandesrasgos, oficializaban los objetivos que la Cnea pergeñaba desde la décadaanterior: la instalación de cuatro centrales nucleares de 600 Mwe. de potencia, laratificación de la elección de la línea de uranio natural y agua pesada,8 un amplio programa de exploración yexplotación de los recursos uraníferos en el país y la fabricación de elementoscombustibles y agua pesada a nivel industrial. Es decir que el objetivo finalconsistía en ampliar el parque nucleoeléctrico y lograr la autonomía completa entodas las etapas del ciclo de combustible, desde la explotación del uranio hasta eltratamiento de los materiales radioactivos (Rodríguez, 2014).

Paradójicamente, el lanzamiento del Plan coincidía con una serie de políticasimplementadas desde el Ministerio de Economía que apuntaban al achicamiento delEstado a través de la "privatización periférica" y la destrucción del entramadoindustrial como mecanismo para desactivar la conflictividad política (Belini y Rougier, 2008; Canitrot, 1980; Schvarzer,1987). Sin embargo, la misma "tecnocracia" que implementó medidas decorte neoliberal encontró en la obra pública una poderosa herramienta para concretarla alianza con dos actores clave: por un lado, los grupos económicos que resultabansumamente beneficiados de los contratos con el Estado y las políticas de promociónindustrial; por otra parte, una importante facción de las Fuerzas Armadas queconsideraban el fomento de la infraestructura energética como un elementoprioritario en materia de desarrollo y defensa nacional (Castellani, 2009).9 En lo sucesivo, el respaldo incondicional otorgado por elgobierno dictatorial en materia de relaciones internacionales y planificación sejustificaba por el potencial eléctrico, económico y geopolítico del sector, aúncuando el resto de la economía fuera sometida al ajuste y al avance de la"privatización periférica" (Rodríguez,2019).

Además de los lineamientos estrictamente energéticos, el Plan Nuclear de 1979identificaba dos objetivos vitales desde el punto de vista estratégico: laparticipación de la industria nacional y la consolidación del aparatocientífico-tecnológico. En cuanto al primer objetivo, el decreto establecía lanecesidad de plantear un régimen de promoción de la industria para incrementar suparticipación en forma progresiva en el pna. Para este fin, se establecíaun cronograma escalonado de instalación de las cuatro Centrales que pretendía evitartanto la saturación productiva como la dispersión de las capacidades adquiridas(véase cuadro 1). El objetivo final consistía en incrementar la cantidad deservicios y suministros adquiridos en el país, los cuales, en virtud de la políticade apertura del paquete tecnológico, habían representado alrededor de un 38% en laCentral Atucha I y 60% en la Central Embalse de Rio Tercero (Solingen, 1993). Al respecto, cabe aclarar que, dado el tamañoy las características del sector nuclear local, se estimaba que la industriaargentina no podría bajo ningún punto de vista exceder el 80% de participación enlas obras. La limitación se debía fundamentalmente a que no existía un mercadointerno lo suficientemente amplio para justificar la producción de determinadoscomponentes de alta complejidad relativos a la isla nuclear.10

El segundo objetivo estratégico se orientaba a fortalecer las capacidades científicasy tecnológicas en materia nuclear, así como también maximizar el aprovechamiento delos recursos naturales del país. Por este motivo, una parte importante del programareglamentaba la promoción de la investigación y el desarrollo, la capacitación delpersonal, la prospección de recursos uraníferos y el fortalecimiento del intercambiocientífico y tecnológico con el resto de los países de Latinoamérica.

Si bien el Plan Nuclear no especificaba a través de qué mecanismos se lograríatransferir la tecnología desde el proveedor al ámbito nacional, desde 1977 circulabaen Cnea la idea de crear una empresa mixta con participación nacional paradesempeñar el rol de ai. En este aspecto, se disputaban varios proyectos.Para algunos miembros de la institución, como el Ingeniero Jorge Cosentino, lasolución sería otorgar mayor flexibilidad operativa a la Dirección de CentralesNucleares –en la cual se desempeñaba como gerente–, a través de la conformación dela Empresa Nuclear Argentina S. E. (enase). Dicha firma se agruparía en unconsorcio con compañías de ingeniería privadas –denominado Argentinatom– con elobjetivo de constituir un ai nacional que combinara los conocimientosacumulados en Cnea con el régimen operativo de las empresas. Esta entidad,de carácter estatal, sería la responsable de absorber la tecnología transferidadesde el proveedor del diseño al país. En forma alternativa, se barajaba laposibilidad de crear una empresa mixta de tipo joint venture entreel ganador de la licitación de Atucha II y Cnea. La firma, denominadaEmpresa Nuclear Argentina de Centrales Nucleares S. A. (Enace), poseeríauna participación accionaria del 75% a favor de Cnea y el porcentajerestante sería adquirido por el oferente. El esquema favorecería el entrenamientodel personal, la colocación de una mayor cantidad de pedidos de ofertas en laindustria local y la adquisición directa del know how de laingeniería y el diseño (Bertoni, 2012; Cosentino, 1983). En 1979, la discusión, quetuvo lugar al interior de la Dirección de Centrales Nucleares, fue zanjada a favorde la segunda opción.

Ahora bien, en el corto plazo resultaba necesario definir un socio comercial para laconstrucción de Atucha II –la primera de las Centrales programadas- y la Planta deAgua Pesada. Así, las actividades que se sucedieron en la segunda mitad de 1979giraron en torno a complejas negociaciones con los proveedores internacionales en elmarco del endurecimiento de la política nuclear estadunidense. El proceso delicitación –que básicamente enfrentaba el modelo candu de aecl(Canadá) y un prototipo diseñado por Siemenes kwu (República FederalAlemana)- otorgó a la cuestión política un peso fundamental, incluso por encima deconsideraciones económicas y tecnológicas. A pesar de que los argumentos a favor delcandu resultaban más convincentes respecto del criterio de "autonomíatecnológica", la poca disposición del gobierno canadiense para sortear eltnp frustró cualquier posibilidad de optar por esa línea. Finalmente,el 2 de octubre de 1979 el Poder Ejecutivo dio a conocer la elección de kwucomo socio comercial para proveer la tecnología.11

En este contexto nació la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S. A.(Enace S. A.), constituida el 3 de Noviembre de 1980 con unacomposición accionaria de 1 600 millones de pesos repartidos entre Cnea(75%) y Siemens kwu (25%).12 Su propósito consistía en efectuar todos los servicios deingeniería necesarios para llevar a cabo los Proyectos de construcción de Centralesutilizando la tecnología y las licencias del reactor prototipo mzfr alemán,así como el know how en el diseño y construcción de reactorespresurizados de agua liviana (phwr). La empresa debía lograr la capacidadde asumir plenamente las funciones de contratista principal, el manejo deinfraestructura, la planificación, el diseño y la dirección del Proyecto. Es decirque, a través de esta experiencia, la Cnea absorbería los conocimientosnecesarios para reemplazar completamente al diseñador en un lapso de quince años enforma tal que la participación de kwu en Enace se reduciría al 20%en 1985, al 10% en 1988, y para 1992 la Cnea adquiriría el 100% de lasacciones (Backhaus, 1985).

La transferencia de tecnología operaría, fundamentalmente, por medio deltraining on the job, es decir, el intercambio de comisionestécnicas compuestas por personal argentino y alemán.13 Sin embargo, ciertas cuestiones relativas a laorganización y las incumbencias de la entidad no habían sido claramenteespecificadas. De esta forma, los primeros meses de trabajo en el Proyecto Atucha IIcomenzaron a poner en evidencia la superposición de tareas entre la Cnea yel ai. Dado que un importante número de miembros del personal jerárquicoocupó puestos en el organismo estatal y la empresa mixta en forma simultánea, sedaban situaciones en las que el representante del comprador del Proyecto(Cnea) y el constructor (Enace) eran literalmente la mismapersona.14 Como consecuencia,se yuxtaponían los equipos de trabajo y las responsabilidades quedaron pococlaras.

La situación se resolvió a principios de 1981 a través de la división total defunciones entre la Dirección de Centrales Nucleares -entidad responsable de lacompra- y Enace -contratista principal-. La restricción para ocupar cargosen simultáneo implicó dos dificultades: primero, porque el ai experimentóuna significativa disminución del personal técnico argentino, el cual constituiríala base para la recepción de la tecnología alemana; en segunda instancia porquedicha tendencia implicaba la contratación de una mayor cantidad de horas de trabajoen el extranjero. Por último, se decidió que la administración financiera y loscontratos quedaran en manos de Cnea, lo que hizo que Enace quedarasin ningún tipo de autonomía y en un plano de subsidiaridad (Bertoni, 2012; Cosentino,1983; Enace, 1983).

La indefinición respecto de la estructuración de Enace en cuestiones clavepuso de manifiesto algunas de las limitaciones operativas de la Cnea alencarar actividades productivas. La rigidez burocrática y la dilación de los tiempospara la conformación del ai constituyeron síntomas en este sentido. Porotra parte, al optar por la figura de joint venture, tambiénintervinieron los intereses de kwu que, bajo una lógica empresarial,apuntaba a desvincularse de futuras responsabilidades para optimizar las ganancias.Esta situación, sumada al deterioro que la economía nacional experimentó tras larestricción externa posterior a la crisis de 1981,15 constituyen elementos clave para explicar los primerosretrasos del Plan Nuclear.

A fin de promover el desarrollo de la industria local, se incorporó a Enaceuna dirección de promoción industrial que funcionaría como sucesora del GrupoIndustria Nacional16 creado paraAtucha I. Su objetivo era realizar la calificación e integración de las empresas,así como gestionar los contratos firmados con Siemens. Por consiguiente, elai se transformaba en un nodo clave para facilitar el proceso detransferencia de tecnología, el cual operaría fundamentalmente a través de: 1) laadquisición de licencias de fabricación y la transferencia de tecnología operadadesde el exterior; 2) la compra e instalación de equipamiento, y 3) la capacitaciónen el exterior del personal para su desempeño en el área nuclear.

Respecto al primer punto, se trataba, principalmente, de aquellos conocimientos ylicencias provistas por kwu y otras compañías extranjeras para lafabricación de componentes pesados. En esos años, Enace gestionó laadquisición de tecnología para fabricar dos generadores de vapor, un presurizador,tres enfriadores del moderador y la esfera de contención17 (ParticipaciónNacional en el Plan Nuclear, 1981). El know how–obtenido a través de la transferencia de documentos, así como del envío deespecialistas a Alemania Federal– fue cedido gratuitamente a firmas locales.Adicionalmente, la normativa de garantía de calidad aplicable al proyecto de lacentral nuclear de Atucha II requería de la presencia de ingenieros en soldadurapara certificar la fabricación de los componentes nacionales. A pesar de que en elpaís podían encontrarse profesionales con amplia experiencia en la materia, noexistían centros universitarios que ofrecieran una formación sistemática.18 Para resolver dicha dificultad, en1981 Enace organizó, junto con el Instituto Alemán de Soldadura, el dictadode un curso en Duisburg (Alemania Federal) destinado a la formación deespecialistas. La política fue complementada con el Primer Curso de Ciencia yTecnología de la Soldadura realizado en Cnea al año siguiente (Asociación Argentina de Soldadura, 2012).

Si bien carecemos de documentos oficiales con información cuantitativa que nospermitan arribar a conclusiones más generales, dicho modus operandipuede verificarse por medio de fuentes indirectas que permitieron identificaralgunas de las principales empresas beneficiarias de los mecanismos de transferenciade tecnología. En general, los datos expuestos en el cuadro 2 –aunque de carácteracotado y provisorio-, permiten inferir que la transferencia de licencias y laformación de personal en el exterior constituyeron las herramientas más difundidaspara la adquisición de know how. El caso más emblemático es el deIndustrias Pescarmona (en adelante impsa) y ha suscitado mayor atención porparte de los investigadores. La firma fue originalmente fundada por EnriquePescarmona en 1907, en la Provincia de Mendoza, como taller de metalurgia livianadedicada al mercado interno. A mediados de 1970, sus vínculos contractuales con elEstado y la apuesta a la incorporación de tecnología dieron como resultado unimportante despegue que se tradujo en la diversificación de los bienes y serviciosofrecidos y la apertura de nuevos mercados. Por entonces, impsa participabaen una gran variedad de proyectos de obra pública del sector energético, como elcomplejo Futaleufú, Agua del Toro y la Central Embalse. En 1978 –momento en quecomenzó a plantearse el Plan Nuclear y el proyecto de ampliación del parquenucleoeléctrico- comenzó a incursionar en los aspectos más complejos del sectornucleoenergético con la elaboración de piezas, turbogrupos y trabajos para elrecipiente de presión (Gutiérrez, 2013).

Es así que la cesión gratuita de la tecnología y la licencia para fabricar losgeneradores de vapor y presurizadores de Atucha II, que Enace adquirió delconsorcio kwu-man, Voestalpine y del grupo Empresas de IngenieríaEspañolas, se tradujeron en la formación de profesionales en el exterior y en lacompra de determinados bienes de capital que en un futuro permitirían aimpsa posicionarse en el mercado internacional (Quilici, 2008; Rivelis,1985). De forma similar, Techint S.A. recibió tecnología provista porkwu para el Proyecto Atucha II, por medio del ConsorcioHochtief-Techint-Bignoli (htb). La empresa se había desempeñado en elPrograma Nuclear con anterioridad como subcontratista de Cometarsa S. A. para lastareas de montaje de Atucha I. Posteriormente, durante la construcción de Embalse,había provisto servicios más complejos ligados a la ingeniería civil de la islanuclear (Energía Nuclear, 1982).

En estos primeros años del Plan Nuclear se auguró un ámbito de negocios al largoplazo para las empresas comprometidas con las actividades nucleoeléctricas y, enconsecuencia, muchas firmas comenzaron a emprender procesos profundos dereconversión con miras a la participación en las centrales proyectadas. Así pues, elsector no solo se transformaba en una oportunidad para el derrame de conocimientosdel sector a la industria local, también el cumplimiento de estándaresinternacionales de calidad permitía a las firmas mejorar la oferta de servicios ysuministros producidos. En consecuencia, muchas de las empresas beneficiarias y lasdisciplinas promocionadas –fundamentalmente, la soldadura- lograron una paulatinainserción en otros grandes proyectos vinculados a la obra pública (Bertoni, 2012), p. 9.

Sin embargo, en la medida en que el proyecto padecía retrasos en la asignación delpresupuesto, se visibilizaron dificultades en el orden burocrático. Algunos miembrosdel directorio de Enace responsabilizaron a la Cnea por el"retaceo" de personal técnico experimentado necesario para llevar a cabo las tareasde la central Atucha II. Según Cosentino, posterior al reordenamientoadministrativo, el ai recibió solo el 50% del personal requerido, hecho queobligó al Comité Ejecutivo a solicitar recursos humanos adicionales en AlemaniaFederal (Cosentino, 1983; Enace, 1983). En consecuencia elproceso de transferencia de tecnología se vio seriamente perjudicado.Adicionalmente, la estructura otorgada a Enace –fuertemente centralizada enla Cnea vía la Dirección de Centrales Nucleares- no estaba dotada de laflexibilidad administrativa necesaria para hacer frente a la gestión de losproyectos. Al poseer la mayoría accionaria del Estado a través de la Cnea,hubo demoras y dificultades derivadas de la Ley de Contabilidad y el extenso ciclode auditorías que se traducían en el aumento de los costos y el deterioro de lacapacidad financiera de las pequeñas y medianas empresas que participaban en elproyecto Atucha II (Enace,1981-1982, 1983; Volman, 1986, p. 13). Como resultado de esto, el 23 de junio de1983 –a solo tres años de iniciado del proyecto- la obra Atucha II ratificabaformalmente un retraso de 24 meses respecto al cronograma original.

Sin duda, las décadas de 1980 y 1990 constituyeron una etapa de declive para laexpansión de la nucleoelectricidad en todo el mundo. Intervenidos por dificultadesde diversa índole –tecnológicas, económicas, políticas y sociales- los programasnucleares de Occidente atravesaron un período de repliegue significativo que setradujo en una mayor visibilidad de los movimientos de resistencia a la actividadnuclear19 (Castro, 1991; Piaz, 2015). Sin embargo, en América Latina el principal escollo a lacontinuidad de los programas nucleares provino de la crisis de la deuda y el ahogofinanciero provocado por los principales organismos internacionales. En efecto, losgobiernos de corte autoritario instaurados en la década anterior se habían sumado aun vertiginoso proceso de endeudamiento externo, orientado a financiar empresasestatales y grandes obras públicas. Cuando la Reserva Federal de los Estados Unidosimpulsó el aumento de las tasas de interés, no solo se produjo una violentarestricción crediticia, sino que obligó a los estados del Cono Sur a suspender lospagos o renegociar sus deudas.20

En este marco se desarrolla el problema de la restricción externa, que constituyó unode los aspectos más problemáticos de la restauración democrática llevada a cabo porel gobierno del Dr. Raúl Alfonsín (1984-1989). Durante aquellos años, laimplementación de políticas económicas dependió en forma directa de la posibilidadde renegociar la deuda externa con los respectivos acreedores y el fmi, asícomo de la capacidad de contrarrestar el empoderamiento de los principales gruposeconómicos surgidos durante la última dictadura. El fracaso en ambos frentescontribuyó a profundizar la crisis de la autonomía estatal, de la cual el sectorenergético no salió indemne. A la vez que la obra pública dejaba de ocupar el papelque desempeñó en el gobierno anterior, la tendencia fue hacia el abandono de lasgrandes obras eléctricas, el recorte presupuestario de las instituciones y elendeudamiento de las empresas estatales (Azpiazu ySchorr, 2010, p. 114). En el plano nuclear, el ajuste económico seconjugó con el retorno de las presiones internacionales –especialmente tras elanuncio de que Argentina había logrado enriquecer uranio-21 a la vez que la vinculación histórica entre laCnea y las Fuerzas Armadas arrojaban una sombra de duda frente alproceso de enjuiciamiento de los responsables de la violación de Derechos Humanos.Así fue como la preponderancia del sector nuclear se desintegraba frente a ladesmilitarización, el recorte presupuestario y el avance de los movimientos deresistencia (Rodríguez, 2015a).

Al mismo tiempo que se acotaba la proyección de la demanda eléctrica a futuro y seapostaba a la explotación de los recursos gasíferos, la Cnea perdió sulugar privilegiado en la asignación de presupuesto e ingresaba en la pujaintersectorial con las demás reparticiones estatales. Sintomáticamente, el PlanEnergético Nacional de 1985 reemplazó la proyección de las tres centrales nuclearesrestantes por dos módulos de mediana capacidad (350 Mw.),22 de los cuales el gobierno nunca llegó a definirmayores especificaciones (Subsecretaría dePlanificación Energética, 1986). Así, el propósito inicial de la firmaEnace -concebida como el nexo para el know howadquirido en el exterior y las empresas locales- se tornó difuso. La decisión dereemplazar las usinas previstas por módulo de pequeña potencia, y la paralizaciónprogresiva de los trabajos en Atucha II –fundamentalmente, a partir de 1988-,arrojaban un velo de incertidumbre frente a las actividades futuras de la empresa yla viabilidad del sector como ámbito de negocios en el largo plazo. Dada lacontracción de la actividad, Enace ofreció sus servicios como aipara la industria convencional, sobre todo en algunas reparticiones estatales comosegba, Astilleros Domecg García y Agua y Energía Eléctricas (Enace S. A., 1987, p. 28). Sinembargo, dicha diversificación resultó acotada, en tanto que la empresa –claramenteorientada a satisfacer demandas estatales- carecía de un departamento de ventas(SIGEN, 1994).

Desde el punto de vista nuclear, durante esos años el único proyecto de envergadura–a excepción de los trabajos para Atucha II- fue el diseño del reactor Argos 380,impulsado por la gestión de Abel González en Enace. Dado que el PlanEnergético preveía la instalación futura de dos módulos de 350 Mw., se diagramarondos prototipos nacionales capaces de responder a esa demanda con alto grado deflexibilidad en el equipamiento combustible. El diseño de Cnea fue nombradoTPA 300 y Enace hizo lo propio con el ARGOS 380. Sin embargo, en el cortoplazo ninguno de los dos proyectos recibió respaldo oficial, a la vez que elgobierno nunca llegó a definir políticas más concretas para la expansión del parquenucleoeléctrico. Así pues, a partir de 1986 comenzó a considerarse la posibilidad deprivatizar Enace como iniciativa encuadrada en una política más general dereducción del déficit fiscal impulsada por el Plan Austral.23 La venta a manos privadas era entendida como una"solución" frente a la necesidad de aumentar la rentabilidad, agilizar la estructuraburocrática y aliviar las cuentas estatales.

Dicha propuesta suscitó el debate en el seno de Cnea, a pesar de que eldirectorio matizaba la idea de un simple traspaso de empresas a manos privadas.Según Emma Pérez Ferreira, entonces presidenta de la institución, se trataba depromover un carácter empresarial al manejo de las actividades productivas, pero sinsepararla tajantemente de la órbita de Cnea. Frente a esta posibilidad,Abel González planteaba como alternativa la distribución del paquete accionarioentre sujetos con "vocación" por el desarrollo nuclear: entidades públicas, privadasy accionistas individuales provenientes del personal científico. A pesar de quedichas ideas fueron volcadas en un documento emitido por el Consejo Consultivo, enese entonces el gobierno no adoptó ninguna decisión oficial (Comisión Nacional de Energía Atómica, 1988).

La imposibilidad de hacer frente a los compromisos de pago adquiridos por los paísesLatinoamericanos durante la década de 1980, condujeron al diagnóstico de la "décadaperdida", motivo por el que gran parte de la comunidad económica internacional deacreedores se reunió en Washington por iniciativa del gobierno de los Estados Unidos(Brieger, 2002). Con este hecho seprocedió a la reestructuración de las deudas bajo los postulados del neoliberalismoimplementados por el Banco Mundial, el Tesoro de Estados Unidos, el BancoInteramericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. En paralelo, ellanzamiento del Plan Brady logró reconfigurar las relaciones entre la periferia ylos acreedores a través de la emisión de bonos del tesoro de los Estados Unidos queno pagaban intereses, sino que se capitalizaban a lo largo del tiempo. En muchoscasos, la canalización de una gran masa de activos líquidos se vería asegurado porla adopción del Plan Baker, es decir, la privatización de las empresas públicas(Azpiazu y Schorr, 2010, p. 140; Basualdo, 2013, p. 349).

En Argentina, la instauración del orden neoliberal alcanzó su forma más acabadadurante las presidencias de Carlos Menem (1989-1994 y 1994-1999). Entre 1989 y 1991se procedió a la apertura acelerada al comercio internacional y la suspensión de losregímenes de promoción industrial, a la redefinición del papel del Estado conespecial énfasis en la descentralización y el achicamiento de sus funciones y a lainstauración de la paridad cambiaria.24 En el ámbito de los servicios públicos, la influencia del"modelo británico"25 configuró uncontexto sumamente adverso que se expresó en el proyecto de privatización deempresas públicas lanzado a mediados de la década. A medida que se cimentaron lospilares del orden neoliberal, las presiones externas para la adopción del Plan Bakery el abandono de las pretensiones de "autonomía tecnológica" nuclear se agudizaronnotoriamente. En el plano local dicha opinión fue compartida por gran parte delMinisterio de Economía tras el ingreso de Domingo Cavallo26 y el think tank de la FundaciónMediterránea en 1990. Estos grupos veían con desaprobación las inversiones públicas"de riesgo" desembolsadas para la construcción de las grandes obras del plannuclear, las cuales solo podían ser política y económicamente redituables en ellargo plazo. De esta forma, el proyecto de las privatizaciones resultó funcionalpara la conformación de la "comunidad de negocios" que reconciliaba los interesesdel capital extranjero y los grupos económicos locales. En el caso del sectoreléctrico, las reformas aplicadas a partir de 1990 contribuyeron a incrementar elproceso de acumulación de renta extraordinaria por parte de los "ganadores" de laretirada estatal y a acentuar la dependencia energética respecto a las fuentestérmicas convencionales (Schorr, 2004).

En agosto de 1994, para sorpresa de gran parte de la comunidadcientífico-tecnológica, el Poder Ejecutivo promulgó el decreto 1540/94 con losprincipales lineamientos para la llevar a cabo la privatización de las centrales. Aligual que en otras ramas del sector eléctrico, la decisión fue tomadaunilateralmente por el Poder Ejecutivo, distanciándose de las propuestas de laCnea y la Secretaría de Energía. En principio, la normativa elaboradapor Cavallo y la Fundación Mediterránea reorganizaba las funciones de Cneaen distintas unidades –generación, regulación e investigación- a fin de facilitar eltraspaso a la esfera privada. El resultado serían tres instituciones: 1) unasociedad anónima (Nucleoeléctrica Argentina S. A.) con totalidad de acciones en elEstado Nacional que operaría las Centrales Atucha I y Embalse, y se encargaría de laconstrucción, puesta en marcha y operación de la central Atucha II hasta laprivatización; 2) un ente regulador (enren) que funcionaría de formaautárquica y se encargaría de fiscalizar y regular la actividad, y 3) laCnea original, solo retendría las funciones de formación de recursoshumanos, investigación y desarrollo de tecnologías (Rodríguez, 2015b).

Inicialmente, en este esquema el destino de Enace sería el de continuar suoperación como arquitecto e ingeniero de las centrales nucleares en construcción,hasta su privatización, en tanto que nasa se volvía propietaria de 75% dela empresa. Como resultado, el ai fue reestructurado, pasando de tener 700empleados a 300 (Central Nuclear Atucha II.Continuado el avance para 1993, 1993). Finalmente, la suspensióndefinitiva del proyecto Atucha II tuvo como consecuencia la liquidación de lainstitución, luego del vencimiento del estatuto societario en 1996 (Enace, 1996). Del plantel"superviviente" de 120 personas que quedaban en la obra, solo se conservó un grupode entre 40 y 50 profesionales bajo la dependencia de nasa, a fin de llevara cabo tareas de mantenimiento. El resto, fue sometido a la política de retirovoluntario (Atucha II se queda sin fondos,1996). Así se desintegraban los grupos de trabajo especializados que laCnea formó a través de la adquisición de know how en el exterior,reduciendo significativamente el acervo de conocimientos acumulado durante lasúltimas décadas en materia nucleoeléctrica. Al finalizar la vigencia estatuaria deEnace el 17 de diciembre de 1996, se designó una comisión fiscalizadoraque procedió a liquidar la empresa, desmontando así el último pilar que sustentabala filosofía de "autonomía tecnológica".

A todas luces, el contexto internacional restrictivo que se configuró a mediados dela década de 1970 condujo a reforzar el concepto de "autonomía tecnológica" y lavocación por el dominio de todas las etapas del ciclo de combustible. Comoresultado, el plan nuclear que surgía en 1979 proyectó la producción local de todoslos insumos necesarios –desde la extracción de uranio hasta su reprocesamiento- através de la adquisición de los conocimientos en el exterior. En este sentido, esclaro que el plan de instalación de las centrales nucleares no se planteó únicamentecomo un programa de obra pública con el objetivo de generar energía. Además decontribuir al sistema eléctrico, las usinas fueron delimitadas como herramientasesenciales para el desarrollo científico y tecnológico del sector nuclear y elderrame de dichos conocimientos hacia la industria local. Es así que EnaceS. A. fue concebida como una herramienta clave para operar el proceso detransferencia de conocimientos a través de la formación de recursos humanos en elexterior y la adquisición de equipos y licencias.

La trayectoria de la empresa analizada resulta significativa ya que –más allá de suslímites en términos organizacionales y económicos- se trató de una respuesta local ala problemática específica de la dependencia tecnológica, además logró importantesresultados en materia de adquisición de conocimientos. Mientras que gran parte delknow how capitalizado por firmas como impsa o Techintsirvieron como base para otras industrias convencionales o pudieron posicionarse enel mercado internacional, los recursos humanos de Enace, "supervivientes"de la década de 1990, constituyeron la base para el relanzamiento nuclear operado enel 2006 (Rodríguez, 2019). Sin embargo,también es preciso destacar algunas limitaciones de la experiencia. En este sentido,es claro que las estrategias de fomento de la industria local emanadas deCnea fueron concebidas entre 1950 y 1960 en el marco de un modelo deacumulación de corte desarrollista. De esta forma, los rasgos centrales de lafilosofía de "autonomía tecnológica" adquirieron sentido solo en un contexto deprofundización de la industria sustitutiva, la cual perdió posiciones frente alavance del proceso de desindustrialización durante la última dictadura y aceleradoen las décadas posteriores. Mientras que en la Cnea se buscaba subsidiar ypriorizar la compra de suministros producidos localmente, la destrucción de ciertasramas de la industria planteó a posteriori contradicciones que sematerializaron en un "cuello de botella" para las necesidades de las obrasproyectadas. Esta tendencia se manifestó con más fuerza luego del retorno de lademocracia.

Como corolario –y a pesar de que el concepto continuó jugando un rol clave en ladefinición de políticas públicas–, los lineamientos de la "autonomía tecnológica"deben ser revisados a la luz de las modificaciones ocurridas en el capitalismoargentino en torno a la transición hacia el modelo de valorización financiera. Dadoque constituyó un eje central de la "mística institucional" o identidad de laCnea, resulta sintomático que muy pocos de sus integrantesproblematizaran la cuestión. De esta forma, se abre la interrogante de si laspolíticas de transferencia de tecnología promocionadas por ENACE no habríancontribuido a profundizar la tendencia a la "patria contratista" en el sectornuclear, la cual comenzaba a ser denunciada desde fines de 1980 (Bertoni, 2012; Cosentino, 1983; Hurtado, 2014;Lugones, 2015; Quilici, 2008). Sin embargo, aún es poco lo que se ha indagadosobre de la naturaleza de dicha interacción, quedando pendiente para investigacionesfuturas el análisis de la naturaleza del vínculo entre el programa nuclear, lascentrales y las empresas privadas.

Fondo Documental de la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S.A. ArchivoIntermedio de la Nación Argentina.

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